Por la Prof. Marisa Díaz
Subsecretaria de Planeamiento Educativo, Ministerio de Educación de la Nación
Nuevas regulaciones, financiamiento sostenido y creciente, y acuerdos federales estratégicos sobre temas centrales de la agenda educativa nacional hacen de la Ley de Educación Nacional un instrumento político capaz de generar condiciones y prácticas institucionales que renuevan al sistema en su conjunto.
Desde la perspectiva del planeamiento es posible afirmar que transitamos un tiempo en el que la planificación educativa es planificación política: los objetivos establecidos por niveles y modalidades, las acciones, los tiempos, las metas y las responsabilidades concertadas responden a las transformaciones que el país realiza desde el año 2003, en pos de un modelo de desarrollo económico con Inclusión y Justicia Social. Un modelo que prioriza el fortalecimiento y mejora de la educación como una acción fundamental. Que asume a la educación como un bien público, esto es, un derecho personal y social que asiste a todos los habitantes de nuestro país y, en particular, a aquellos que se han visto históricamente excluidos. Que pretende reducir las brechas educativas que distancian a los argentinos.
Así, la tarea de planificar recupera un lugar destacado como herramienta de cambio adquiriendo protagonismo a la hora de decidir cómo transitar las transformaciones deseadas. Prueba de ello es la síntesis de desafíos políticos pedagógicos que el Plan Nacional de Educación Obligatoria 2012-2016 hace propios, en el afán de consolidar objetivos y metas comunes para toda la educación obligatoria argentina.
Desde la perspectiva de la construcción federal que el planeamiento dinamiza, tal vez el avance más significativo a poner en valor esté dado en la explicitación y concertación en el seno del Consejo Federal de Educación de responsabilidades colectivas y concurrentes a la hora de definir y ejecutar las políticas educativas. De igual modo, reflejar como un todo los caminos institucionales que nos conducen a una educación más justa y de calidad es un paso decisivo no solo para el cumplimento de la Ley de Educación Nacional sino además y, fundamentalmente, para garantizar la igualdad de oportunidades educativas en un sistema que ha logrado recuperar visibilidad y unidad de sentido en su accionar.
Tenemos entre manos logros y tareas pendientes que nos desafían en el ejercicio de una racionalidad política capaz de leer desde distintas perspectivas lo hecho y lo que queda por hacer.
Sin lugar a dudas, esta acción nos lleva a posicionarnos en la escuela y lo que acontece en ella; a sostener los modos en que la política pública la ha fortalecido; y a promover el acompañamiento de prácticas institucionales que le permitan a la escuela desplegar una renovada capacidad de cambio para mirarse y enfrentar sus propios desafíos como parte de un sistema cada vez más inclusivo.
En esa escuela en mejores condiciones para desarrollar su tarea pedagógica el Estado Nacional y los gobiernos educativos despliegan acciones variadas en su naturaleza pero comunes en su intencionalidad político-pedagógica: fortalecer y mejorar la tarea de enseñar y aprender.
Por esta razón, el planeamiento quinquenal que transitamos centra sus esfuerzos en tramar el sistema, los sujetos y las instituciones educativas a los efectos de dinamizar y sostener en el mediano plazo una construcción colectiva efectiva. Esta acción queda reflejada en los objetivos estratégicos que el Plan explicita y promueve:
- Fortalecer y afianzar la inclusión educativa ampliando y mejorando las condiciones de acceso, permanencia y egreso desde los 45 días de edad hasta el cumplimiento de la educación obligatoria.
- Consolidar la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de niños, niñas adolescentes y jóvenes.
- Sostener y reforzar las políticas socioeducativas orientadas al acompañamiento de la escolaridad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Mejorar y profundizar la formación y las condiciones de trabajo de los docentes argentinos.
- Hacer efectivas las políticas concertadas en la construcción de una renovada institucionalidad a nivel de los sistemas, las instituciones y las aulas.
Por último, la recuperación del planeamiento como herramienta de gobierno nos interpela a sostener un alerta sobre cómo devienen en el tiempo los procesos de mediación política que el mismo planeamiento pone en juego, y el modo en que estas mediaciones puedan ser evaluadas de manera sistemática y constructiva.
Haber superado la fragmentación del sistema y la desarticulación estatal son logros del presente. Establecer horizontes claros y transformadores, también. Lo pendiente puede sintetizarse como una etapa de profundización marcada por la responsabilidad colectiva y la confianza política institucional reconstituida en estos años.
