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3 de diciembre.

“Si lo que hay ante una imagen es EXPOSICIÓN, la mirada es claramente una POSICIÓN, un punto de partida, una dimensión inaugural, posee un valor de principio: revela la posición de quien mira, desde donde mira, que altura se atribuye al mirar, en qué lugar deja o ubica a quien es mirado. No se trata tanto de mencionar su dispositivo biológico ni el aparataje cultural que lo gobierna, sino los modos de posicionarte al mirar y al mirarse… quien podrá o no podrá aprender, quien podrá o no podrá incluirse, quién podrá o no podrá tener futuro, depende  mucho más de un juego de mirada”.

Carlos Skilar

La importancia del lenguaje y  de su estructura lingüística sin dudas transforma la visión sobre la realidad social.

Me gustaría hacer referencia en este día a Javier Romañach y Agustina Palacios quienes comienzan a instalar el término “DIVERSIDAD FUNCIONAL”, término que describe a toda la especie humana, ya que ningún sujeto despliega del mismo modo las funciones físicas y psíquicas.

 Este término comenzó a utilizarse en el Foro de vida independiente en el año 2005 con el objetivo de reemplazar el término discapacidad,  terminología con connotación negativa haciendo referencia a la contraposición del termino capacidad (capacidad/ incapacidad o discapacidad).

Cada 3 de Diciembre hacemos referencia a los derechos de las personas con diversidad funcional, plasmados en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley 26.378,  históricamente vulnerados, sin espacios de reconocimientos, sin  compromiso social, sin un estado garante.

Y esta vez fue la Pandemia quien puso de manifiesto y visibilizó esta desigualdad estancada, vidas deterioradas, desgastadas, INVISIBILIZADAS, una vez mas no fueron prioridad las personas con diversidad funcional.

Nada estaba ni está  pensado para esta población, quienes quedaron y quedan  postergados por su condición.

Otro claro ejemplo que se impone como BARRERA ACTITUDINAL.

Antes, durante y después de la pandemia, qué lugar ocupa el más vulnerable?

Eso de andar por la vida pidiendo que se cumplan tus derechos reflejados en leyes y tratados internacionales y nacionales, posiciona al individuo en situación de desventaja, de quebranto, de indignación.

Por eso como cada año nuestro compromiso es, fue y será pensar, decidir y actuar en función del otro pero con el otro.

Ninguna decisión y acción puede ser concebida sin la participación de los propios actores, voceros de sus necesidades  exigibles, para lograr su estado de bienestar.   

No poder decidir ni elegir porque las garantías no están dadas es despojar a las personas con diversidad funcional de su dignidad humana.

Por el cumplimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional ahora y siempre. Es nuestro compromiso como ciudadanos pensar y actuar  con perspectiva de DISEÑO UNIVERSAL.

Por Prof. Sandra Ferrero
Docente de apoyo a la inclusión
SADOP Delegación Río Cuarto

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“Un lenguaje que no ofenda sino que ofrenda, que no separe, que reúna, que no desprecie sino que aprecie”

Carlos Skilar

Por Prof. Nora Cuello –SADOP Seccional Córdoba
Prof. Sandra Ferrero- SADOP Delegación Río Cuarto

Es habitual escuchar frases como: “La gente tiene lo que se merece”, clara afirmación que la desigualdad es falta de aptitud y esfuerzo.

“Este  estudiante se esfuerza cada día más, está haciendo mérito para alcanzar los objetivos”.

¿Será que es el estudiante quien tenga que FORZAR su trayectoria derribando barreras impuestas por el contexto o será que algo tiene que transformarse ofreciéndose de esta manera accesible y universal para que cada sujeto recorra su  camino?

Sí, con esfuerzo, compromiso y entrega, pero no presionado y obstruido por quienes se posicionan en el lugar de los “OTROS”, “AQUELLOS”,  “ELLOS”, como si no fueran parte de la misma sociedad.

La palabra mérito proviene del latín meritum, que convierte a una persona en digna de un premio o de un castigo, es el reconocimiento a un logro o justifica un fracaso.

Pues bien, si esto es así ¿dónde queda la dignidad de las personas con discapacidad a quienes el medio se les presenta con obstáculos, transformándose en espacios que  legitiman las desigualdades?

Sin oportunidades para acceder a la educación, al trabajo, a los espacios políticos donde reclamar sus derechos vulnerados, o escuchando su voz autorizada para construir de manera colectiva derechos en clave de equidad.

Claramente el individualismo, la meritocracia o “sociedad de las credenciales”, es un mito del neoliberalismo. Una sociedad donde quienes no llegan al objetivo esperado desde ciertos parámetros es porque no se lo han ganado, porque no se esfuerzan.

No es lo mismo salir al mundo, del trabajo o a espacios propedéuticos, habiendo tenido la oportunidad de acceder a educación, a un entorno familiar y a un  contexto favorable para desarrollarse como ser integral y de plenos derechos, que hacerlo bajo condiciones de precariedad, no sólo desde lo económico.

No es lo mismo. No naturalicemos que “el contexto es parejo para todos”, pues a simple vista ésta afirmación carece completamente de sentido humanizante. Sin dudas que los contextos, las condiciones y las oportunidades son pilares necesarios y deberían ser exigibles para gozar de las mismas oportunidades.

El mérito no deja de ser una manera de valorar a los sujetos, en una escala arbitraria, definida por quienes necesitan determinada “tipología de persona, fuerza de trabajo o individuo”.

Siendo la Educación, la Política y la Economía, grandes procesos sociales, que disputan poder y sentido, y siendo, según se conjuguen, los que determinan este constructo social del “mérito”, y se cae en un absurdo y cruel rotulismo, de mejores, peores, mediocres o promedios. Pongamos atención, hagamos un alto, estamos hablando de personas, tu hijo/a, el mío, tu amiga/o.

El peso del lenguaje, de las palabras, son sin duda  campos de disputa de sentido y lucha, pero también de representaciones arraigadas en quienes se consideran meritorios, de logros vacíos de cultura colectiva o merecedores de castigos, por no alcanzar los estándares, de esa exquisita capacidad para valorar y definir al ser humano, que buscan imponer aquellos que propician, profundizan y afianzan, con hechos y palabras, la exclusión y la marginalidad.

Durante décadas el sistema educativo argentino, puso en un lugar relegado implícita y a veces explícitamente a dos Modalidades: la Educación Especial y la Educación Técnica. Ya que se consideraba que ambas eran para determinados “tipos” de estudiantes, que por su condición, “debían” ser parte de ese mundo y no aspirar a los espacios, que para ellos/as estaban vedados.

Durante ésas décadas, la docencia tuvo un rol fundamental, en aspectos de contención, diálogo socio-comunitario, formación de redes de apoyo, pues reconocían en sus estudiantes, valiosas personas, aún cuando la sociedad del mérito las marginaba y generaba cada vez mayores mecanismos de exclusión.

Pues bien, todo ese esfuerzo de sostenimiento de los docentes, en mantener a sus estudiantes dentro del sistema educativo, y darles un entorno que los impulsara a salir al mundo con mejores herramientas, tuvo sus frutos. Dos Leyes Nacionales dan mayor equidad, consolidan mecanismos de inclusión, no sólo educativa, sino social. Estas son las Ley de Educación Nacional 26206 y Ley de Educación Técnico Profesional 26058. No tienen aún dos décadas de sancionadas y la historicidad  de la Educación en Argentina, no siempre contó con miradas desde la normativa que pongan a la inclusión como “principio rector” y a la Educación Técnica como “profesionalizante”, comprendiendo la formación ética, ciudadana, humanístico general, científica, técnica y tecnológica.

Una Educación que humaniza, que derriba barreras, que borra marcas y rótulos, merecimientos y castigos, pero que profundamente tiene claros sus objetivos, en busca de un mundo con mayor equidad, humanizante y solidario.

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 “Lo que haces por mí, sin mí, es contra mí”

Pamela Molina

                           

 “Esta pandemia nos afecta directa e indirectamente a todos. Sin embargo, para las personas en situaciones de vulnerabilidad el alcance del impacto, más allá del acceso limitado, o a veces nulo, a la atención médica, bienes y servicios, es mucho más profundo; y podría, muy probablemente, aumentar las brechas en su acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales básicos, considerando que estos grupos de personas son víctimas de discriminación múltiple e interseccional, y que estas discriminaciones se exacerban en situaciones de crisis como la actual. Nos referimos a aquellos que son pobres y marginalizados, muchos de los cuales también pertenecen a otros grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados y personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes y mujeres. Las múltiples e interseccionales discriminaciones que se han naturalizado en nuestros países limitan su acceso y goce de derechos básicos, y en condiciones de emergencia, esta limitación y exclusión se agrava. Como resultado, su capacidad de sobrevivir a la pandemia es mucho menos probable. Se debe poner el énfasis en estas poblaciones que tienen que tener un apoyo especial porque su condición genera aún más retos para enfrentar la situación, especialmente aquellos que sufren de la inequidad, la de género y de acceso”. Luis Almagro, Secretario General de la OEA                                 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la situación de las personas con discapacidad causado por esta pandemia, y consideran que sigue siendo a nivel MUNDIAL  uno de los colectivos invisibilizados por múltiples barreras que aún se siguen  naturalizando. Esta pandemia no hizo más que dejar al descubierto y profundizar aún más la posición y la estigmatización de este sector.

Considerando los valores humanos como transformadores de sociedades bajo un modelo de igualdad inclusiva, las políticas de Estado deben estar pensadas de manera UNIVERSAL  al momento de tomar medidas y las personas con discapacidad, los principales actores.

Necesitamos un Estado capacitado, formado e informado con enfoque de derechos humanos, donde ningún sector de nuestra comunidad, quede en situación de vulnerabilidad.

Pensar cada medida con un enfoque de derechos humanos, de no ser así las consecuencias son estas entre otras:

Inaccesibilidad en la información a modo de prevención como son medidas obvias como la higiene, la movilidad y el contacto físico.

Falta de información del personal de salud para dirigirse a las personas con discapacidad, sordas, ciegas o sordo ciegas.

Desconocimiento sobre los apoyos que algunas personas necesitan para su mejor calidad de vida, personas físicas o materiales.

Personas con discapacidad, víctimas de abuso y violencia durante la situación de encierro.

Toda la información sobre la salud antes, durante y después de una pandemia, si nos enfocamos a esta realidad que hoy nos toca atravesar, debe ser difundida y transmitida en formatos accesible, al mismo tiempo y por todas las vías de comunicación.

Esto implica que toda la comunicación  debe ser traducida a medios visuales (lengua de señas, subtítulos), y toda la información visual que se transmite, debe ser traducida a formatos auditivos, tales como la audio-descripción, audio-texto, comunicación aumentada y otros formatos alternativos de comunicación. Debe haber versiones en lenguaje sencillo, pictogramas, infografías, para personas con discapacidad intelectual.

Utilizar los barbijos transparentes para que las personas sordas que no se comunican con lengua de señas puedan hacer lectura labial.

La traducción en lengua de señas debe ser realizada por profesionales  que estén junto a las autoridades que están informando o que ocupen espacio similar y paralelo en la pantalla de televisores. Recuadros pequeños no son efectivos. Es importante considerar que la comunidad sorda es hetereogénea, y por ello, subtítulos y lengua de señas para informar en situaciones de emergencia deben usarse conjuntamente.

Poner a disposición de los servicios públicos y de las personas con discapacidad, tecnologías de la información y la comunicación (TICS)  que favorezcan la comunicación y la autonomía de la persona en situaciones de emergencia, tales como videochats para el uso de intérpretes en los servicios médicos, aplicaciones celulares para detectar contagios, para indicar ubicación, para llamar a emergencias, programas para describir entornos a personas ciegas, para leer etiquetas, entre otros

Los intérpretes de lengua de señas y asistentes personales, guías de personas ciegas, entre otros, que trabajan en situaciones de emergencia y salud deben recibir las mismas protecciones de salud, higiene y seguridad que el resto del personal de atención médica que trabajan con COVID-19

Considerar que existen  personas con discapacidad múltiple, que dependen del apoyo personal para poder acceder a la información,  personas sordo-ciegas y las personas sordas con otras situaciones discapacitantes.

En el primer caso, se necesita intérpretes táctiles, lo que requiere redoblar las medidas de higiene y cuidado para esa asistencia.

Las personas ciegas y de baja visión deben contar también con redes de apoyo para compras y otros trámites que requieren movilidad fuera de casa, a fin de prevenir riesgos de contagio.

Todos los planes de preparación y respuesta deben ser inclusivos y accesibles para las mujeres con discapacidad, con perspectiva de género, y debe considerarse la mayor exposición de ellas a la violencia de género debido al aislamiento domiciliario. Los Estados deben estar conscientes de este riesgo y generar políticas de fiscalización y apoyo.

Bajo ningún motivo debe autorizarse la institucionalización y el abandono por causa de discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser institucionalizadas como consecuencia de los procedimientos de cuarentena, ni en ningún caso, y mucho menos sin su consentimiento libre e informado.

Las y los asistentes personales, trabajadores de apoyo o intérpretes que continúen sus servicios durante las cuarentenas deben someterse a pruebas proactivas para COVID 19 para minimizar el riesgo de propagar el virus a personas con discapacidades.

Los servicios remotos de trabajo o educación deben ser igualmente accesibles para empleados / estudiantes con discapacidades.

La falta de oportunidades, la invisibilización  ,el incumplimiento de la normativa vigente, la falta de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a los espacios públicos, al transporte, a la vida independiente, claramente son formas activas de discriminación, impidiendo el desempeño autónomo de las personas, vulnerando  a los individuos con derechos a tener derechos.

Derechos que han sido expropiados a lo largo de la historia deshumanizando a un sector que no hace más que ir por la vida pidiendo permiso en busca de sus derechos arrebatados.

El colectivo de personas en situación de discapacidad es un colectivo que resiste, que soporta,  que ha  resistido a lo largo de la historia, esperando SIEMPRE, que la sociedad  sea SENSIBILIZADA.

Claro ejemplo de una construcción social que como sociedad naturalizó y se permitió  desconsiderar al otro , poniéndolo en situación de desventaja ,bajo prejuicios y estigmas.

Una sociedad construida sin perspectivas de discapacidad que no garantiza la plena participación es una sociedad que quedó a mitad de camino, inconclusa, truncada.

El estado tiene el compromiso de concientizar y fortalecer a toda una comunidad, mientras da las garantías para que ningún derecho sea quebrantado.

Este cambio necesario y esperado depende de cada uno de nosotros, de la mirada hacia el otro, de mi actitud hacia el otro, cada uno desde su lugar, desde su espacio.

Con mirada humanizante donde todos puedan ser y estar, elegir y decidir, ese el camino a seguir para la transformación de una sociedad con valores ,esa es nuestra deuda pendiente.

Fuente : Guía Práctica de Respuestas Inclusivas con enfoque de Derecho ante el Covid 19

Organización de los Estados Americanos Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad Departamento de Inclusión Social Abril 2020.

www.oas.org/es/sadye/publicaciones/guia-SPA.

Prof. Sandra Ferrero

Docente de Apoyo a la Inclusión

SADOP Delegación Río Cuarto

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Cada  9 de Agosto se celebra el “Día del Docente de Apoyo a la Inclusión” lo que antes se denominaba Docente Especial.

Con el paso del tiempo, cada maestro,  desde su perspectiva, se ha transformado en un verdadero creador de espacios inclusivos basados en la valoración de la diversidad. Sería oportuno reflexionar y pensar entonces, si  todos los Docentes deberían llamarse de Apoyo a  la Inclusión.

Históricamente  se relacionó a esta modalidad con la educación a estudiantes con discapacidad sin vivenciar que cada  escuela se torna especial cada vez que abre sus puertas, sin condiciones, alojando a un colectivo diverso, donde se crean espacios democráticos y de  complicidad con sus estudiantes interpelados por la inclusión.

Sería prudente preguntarnos entonces  ¿Porque relacionamos al docente de apoyo a la Inclusión a los estudiantes con discapacidad?

La resolución 1825 recientemente publicada hace apenas algunos meses hace referencia en el anexo 1.

 «Lineamientos Generales de los diferentes modos de transitar la Escolaridad Obligatoria»

Inciso 14:

“El docente de apoyo a la inclusión será un maestro de grado de enseñanza especial -código 13.455- dependiente de una escuela de modalidad especial de gestión estatal o privada”.

Algunos autores describen a las DAI, como aquellas que acompañan a la trayectoria escolar de los estudiantes, cabe la pregunta entonces ¿Algún docente no lo hace?

Deberíamos celebrar  este día, como el “Día Universal del Docentes de Apoyo a la Inclusión”, sin diferenciar, convocando a cada uno de nuestros maestros, como impulsores de generar y transmitir con espíritu inclusivo.

Así como la Educación Especial se construyó en un determinado momento, con saberes que provenían de diferentes disciplinas como la neurología, patología del aprendizaje, la psicopatología, la rehabilitación y el diagnóstico, de la misma manera surge el DOCENTE ESPECIAL.

De esta manera, los incito a pensar si ¿Será solo el maestro que ha transitado la escuela de modalidad especial, el que pueda nombrarse Docente de Apoyo a la Inclusión?  ó ¿Será todo aquel maestro con perspectivas inclusivas, pensando en un diseño universal ,para que cada  estudiante  pueda estar presente en ese espacio tan único como lo es la escuela ,su escuela, a la espera de ser interpelado por nuevos desafíos, transformadores de ciudadanos libres?

 Cada ESCUELA será ESPECIAL, en un marco de EDUCACION INCLUSIVA construida por docentes que apoyen este modelo.

Por : Prof. Sandra Ferrero
Docente de Apoyo a la Inclusión
SADOP Delegación Río Cuarto

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Para construir una sociedad Inclusiva debemos considerar los derechos humanos como pilar para desarrollar actitudes éticas y políticas que CONSIDEREN  a todos por igual.

Como consecuencia del COVID19 desde  Naciones Unidas observan con preocupación la vulneración  de los derechos de las personas con discapacidad.

“Ni desde la Agenda 2030 ni desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se han cumplido con los derechos en cuanto a la accesibilidad y a lo laboral”. Así lo expresó  María Soledad Cisterna Reyes, desde el Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad 2017 y Presidenta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 2013-2016.

Los recursos económicos de un  Estado deben redistribuirse con prioridad hacia las personas con discapacidad.

Queda claro en todos los Instrumento legales a los que Argentina adhirió que cada Estado debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos, y lo que urge en este momento , derecho a la salud  ,a la justicia y al  ingreso económico.

En cuanto al sistema de salud, se evidencia falta de accesibilidad ante los protocolos de actuación al tratarse de personas con discapacidad.

Se observa  total desconocimiento a la hora de atender, recibir y actuar, no solo de manera presencial sino también virtual, en caso de personas sordas, ciegas o con parálisis cerebral  por nombrar alguna de las discapacidades, quienes necesitan  de los  ajustes razonables, que no son considerados como restringibles a la autonomía de las mismas, como lo indica la Convención de derecho de las personas con discapacidad, como lo pueden ser los acompañantes, intérpretes de lengua de señas o algún elemento como celulares .

Desde Naciones Unidas consideran que por discapacidad no se puede negar la atención a la  salud a las personas con discapacidad desde la ética y desde la normativa, en caso contrario sería tomado como un acto de violación de derechos humanos.

Las personas que viven solas teniendo alguna discapacidad no pueden discontinuar e interrumpir su rehabilitación o cuidados personales. Debe tenerse en cuenta esta situación de excepcionalidad para la estabilidad emocional y física de las personas en esta situación ,no violando la cuarentena sino considerar la excepción bajo protocolo para su estabilidad y calidad de vida.

Por lo tanto se observan personas en situación de vulneración permanente.

Desde la RREDI , Red Regional por la educación Inclusiva también observan con preocupación en muchos países de América Latina el incumplimiento del ODS4 (objetivo de desarrollo sostenible que habla de la educación Inclusiva, equitativa y de calidad), de la Agenda 2030 que fue adoptada por los Estados que forman parte de las Naciones Unidas en el año 2015.

Esta agenda tiene 17 objetivos y 169 metas que se propusieron los Estados.

El objetivo principal de la Agenda 2030 es no dejar a nadie en situación de exclusión.

Las personas con discapacidad estarían dentro del grupo de las personas en situación de vulnerabilidad cuyos derechos son prioritarios y deben ser garantizados.

Los Estados se comprometieron a cumplir con estos objetivos a través de políticas públicas y condición indispensable contar con la disponibilidad de la información estadística para el diseño, implementación y evaluación de estos objetivos, en concordancia del artículo 31 de La Convención  que habla de la recopilación de datos y estadísticas.

El Comité encargado de monitorear la aplicación y monitorear el tratado sostuvo que la educación Inclusiva es un proceso continuo y debe estar sujeta a evaluaciones periódicas pero con datos confiables, quienes estarían siendo barreras a la hora de mostrarse.

Recalcan la importancia de contar con información estadística adecuada para poder avanzar y dar seguimiento de los objetivos a través de estadísticas Internacionales como  UNESCO  y  CEPAL.

Argentina como uno de los países latinoamericanos dentro de la AGENDA 2030 y estos son los resultados:

Argentina

           “El Estado argentino reporta en su plataforma de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible^[1] que no produce el indicador global 4.5.1 (índice de paridad) desagregado por ninguna variable. Sin embargo, desde el año 2015, incorporó los siguientes indicadores nacionales dentro de la meta 4.5: (i) 4.5.1. Porcentaje de alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad integrados en la Educación Común – Nivel Primario; y (ii) 4.5.2. Porcentaje de alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad integrados en la Educación Común – Nivel secundario. En cuanto al indicador global 4.a.1, solo se produce lo relativo al porcentaje de unidades de servicio que disponen de electricidad y conectividad a internet, así como las que disponen de internet y computadoras con propósitos pedagógicos, pero no la proporción de escuelas con infraestructura y materiales adaptados a estudiantes con discapacidad.

En el anexo estadístico de su informe nacional voluntario presentado en 2017, el Estado expone los indicadores mencionados e indica que su seguimiento corresponde al Ministerio de Educación de la Nación^[2]. Asimismo en el anexo estadístico del informe país, elaborado para ser presentado en el Foro Político de Alto Nivel en 2018, Argentina presenta los datos sobre dichos indicadores nacionales (4.5.1 y 4.5.2) para el año 2014^[3].”

^[1] CEPAL, Presentación del Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 2018, p. 17.

^[1] Disponible en: http://www.odsargentina.gob.ar/

Digo entonces, siempre  son las personas con discapacidad las que antes cualquier situación, ahora el COVID 19 quedan excluidos.

Por lo tanto como dice Zardel Jacobo en unas de sus ponencias, «la vida humana sin condiciones no es considerada vida humana”

Será que como sociedad debemos replantearnos, quienes deben estar  dentro de cada espacio para lograr verdaderamente una sociedad Inclusiva.

Sin dudas la discapacidad no debe ser condición para no formar parte de ellos.

Desde los espacios educativos, políticos, y  de salud  claramente se observa la desigualdad en cuanto a lo informativo y participativo para las personas con discapacidad.

Los derechos de las personas con discapacidad están plasmados en todos los tratados internacionales y nacionales , por lo tanto son EXIGIBLES a la hora de visibilizarse el incumplimiento de los mismos.

Por lo tanto no hay excusas para transformar esta nueva sociedad donde todos seamos parte, de no ser así quedará en evidencia que la exclusión de algunos será una de las barreras más difíciles de derrotar: LA BARRERA ACTITUDINAL.

La invitación a pensar en cómo considero al otro y como actúo en consecuencia a la hora de participar todos en un mismo espacio.

Las leyes están reflejadas al igual que las propuestas.

Entonces de qué o de quiénes depende la plena INCLUSIÓN

Por Prof. Sandra Ferrero

Docente de Apoyo a la Inclusión

SADOP Delegación Río Cuarto

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La República Argentina adoptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la aprobación de la Ley 26.378, el 21 de mayo de 2008. La Convención, como tratado internacional, asume jerarquía superior a la leyes de acuerdo art.75, inc 22 de la Constitución Nacional. De este modo se han puesto en vigor los principios y las obligaciones generales establecidos en la Convención y, en virtud de ello, entiende que el concepto de personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

En el Artículo 27 Trabajo y empleo dice:

“ 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

 b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

 f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

 i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.”

Argentina  adhirió y se comprometió a cumplir con esta ley, mientras tanto día tras día vemos desafortunadamente el incumplimiento de estos derechos.

Las personas con discapacidad se enfrentan a diversas barreras que obstaculizan la igualdad de oportunidades y limitan su derecho al trabajo.

Sin dudas que la discapacidad se relaciona con la pobreza, la falta de autonomía y por ende la imposibilidad de dignificarse como persona.

La OIT confirma que las personas con discapacidad, en especial las mujeres con discapacidad, sufren mayores tasas de desempleo y están en mayor riesgo de desprotección social.

La falta de inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad, como derecho proviene de las barreras sociales.

Estos obstáculos tienen su raíz en los prejuicios relacionados con la incapacidad de este colectivo de desempeñar eficientemente las funciones que le sean designadas.

Incluir a las personas con discapacidad es fundamental para erradicar la pobreza y la exclusión.

El derecho universal al trabajo se encuentra receptado dentro de instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestra constitución Nacional.art.14 bis.

En ninguna de estas disposiciones se menciona a la discapacidad como criterio de discriminación.

Agrega además la OIT la inclusión de la discapacidad significa promover y garantizar la participación de las personas con discapacidad en la educación, formación y el empleo en todos los aspectos de la sociedad, así como brindar los apoyos necesarios y ajustes razonables a dichas personas para permitir su plena participación.

Por otro lado existen, ciertos prejuicios socialmente instalados e infundados sobre la inserción de la PCD en el ámbito laboral como creer que tienen un bajo rendimiento laboral, mayores niveles de ausentismos, presumir que sería muy costoso realizar adaptaciones en el lugar de trabajo para que sea accesible.

Nuestro país  tomo el compromiso internacional de adoptar medidas tendientes a erradicar la discriminación por motivos de discapacidad en cuestiones laborales, algunas de estas medidas es el cupo laboral, el art.8 de la ley n° 22.431, modificado por la ley 25.689 que establece la obligatoriedad de un cupo laboral al menos del 4% para las personas en situación de discapacidad que se aplica a cualquier tipo de obligatoriedad dentro del estado nacional.

Es oportuno aclarar que existe un  Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad:- El comité es un cuerpo de 18 expertos que monitorea la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Son elegidos de una lista de personas nominadas por los estados en la Conferencia de los estados partes con un período de cuatro años.

Todos los estados deben presentar informes periódicos al Comité sobre cómo están aplicando los derechos establecidos en la Convención.

Ante este incumplimiento el Comité ” insta al estado a que formule una política pública que promueva la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, a través del diseño de campañas de toma de conciencia dirigidas al sector privado y al público en general con miras a eliminar las barreras culturales y prejuicios contra las personas con discapacidad, la implementación de ajustes razonables para garantizar la inserción laboral de las personas con discapacidad….”

Si bien conocemos los derechos de las personas con discapacidad, como lo es el trabajo, es deuda pendiente en este colectivo, entre otros, la docencia. Existen aún los prejuicios con respecto a sus posibilidades reales para llevar a cabo su tarea sin darles antes, la posibilidad.

“El Comité  también  propone a los Estados partes a  invertir en la contratación y la formación continua de maestros con discapacidad y proporcionar apoyos, eliminar  obstáculos legislativos o normativos que exijan a los candidatos cumplir determinados requisitos médicos y realizar los ajustes razonables para que puedan participar como maestros. Su presencia servirá para promover la igualdad de derechos de las personas con discapacidad en su acceso a la profesión docente, aportará  conocimientos y  habilidades únicas a los entornos de aprendizaje, contribuirá a eliminar las barreras y servirá de modelo de conducta importante”.

Situación que no debería ser inconveniente, si se cuenta con la accesibilidad necesaria y esperable en el lugar de trabajo.

Promover la igualdad de oportunidades es nuestra obligación.

El artículo 2° de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  contempla los “ajustes razonable” como derecho a ser utilizados para las personas en situación de discapacidad.

Está claro que deben crearse condiciones apropiadas para que todas las personas en situación de discapacidad tengan las mismas oportunidades de desarrollo de su  potencial.

La diversidad como política de estado, respetando los derechos humanos, que garanticen la inclusión de todos los sectores, es nuestro  compromiso como  sociedad.

Tenemos el compromiso de asegurar un desarrollo inclusivo para todos, las leyes internacionales y nacionales son claras, es nuestro deber hacerlas cumplir pensando en una sociedad inclusiva con espacios donde todos  los grupos marginados y excluidos puedan participar efectivamente en los procesos de desarrollo.

Para implementar políticas públicas es valioso comprender que debemos eliminar las barreras a la participación en todos los ambitos  que sin dudas se interponen en la construcción de un espacio para todos.

Por Sandra Ferrero

Docente de apoyo a la inclusión, SADOP Delegación Río Cuarto