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El Poder Ejecutivo Nacional habilitó el tratamiento en sesiones extraordinarias del proyecto de Ley que impulsa modificar el piso de quienes pagan el Impuesto a las Ganancias: sólo pagarán los que perciban salarios superiores a 150 mil pesos mensuales.

Ello supone una mejora en el salario para las y los trabajadores. En particular, para el sector de los docentes, muchos de los cuales sufren el descuento.

Decreto 106/2021

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Informe realizado por el equipo de investigación SocPol, perteneciente al Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina contemporánea, de la Universidad Nacional de Quilmes.

¿VOLVER A LAS AULAS YA?

77 por ciento de padres y madres prefieren docentes vacunados.

En la llamada «opinión pública» se ha instalado, como si fuera un «sentir ciudadano», la exigencia de volver cuanto antes a las clases presenciales. En muchos casos, resulta obvia la utilización política del tema. Pero el efecto final es cierta aceptación generalizada de que el conjunto de la población está reclamando por un urgente retorno a las aulas. Incluso han caído en esta percepción muchos que son críticos de los medios concentrados (y sus aliados políticos).

Sorprende que han sido pocas las consultas acerca de qué opina realmente la ciudadanía y, dentro de ella, en particular, las madres y padres de los niños, niñas y adolescentes que deberán «poner el cuerpo» a las clases presenciales (además, obviamente de los/as docentes y auxiliares). «Poner el cuerpo», unos en forma directa y otros de manera indirecta (pues se convertirán en contactos estrechos de sujetos que, con la presencialidad, pasarán a vincularse con mucha más gente que durante el aislamiento social). Solo hubo algunas pesquisas que abordaron el tema, pero que, en general, formularon preguntas de difícil negación pues presuponen situaciones ideales (del tipo, «¿está de acuerdo con la vuelta a la escuela si se cumplieran todos los protocolos?»), cuando muy pocos creen realmente que esto se pueda efectivizar en la mayoría de las escuelas.

Desde el equipo SocPol de la Universidad Nacional de Quilmes diseñamos una encuesta donde relevamos qué opina la gente sobre la vuelta a clases presenciales (distinguiendo especialmente a las madres y a los padres de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario), con 2.258 casos residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 996 de los cuales son madres o padres.

Los resultados arrojan una imagen muy distinta de la que predomina en los medios y los discursos políticos. Preguntados acerca de si «sería mejor esperar a que todos los docentes estén vacunados contra el Covid para comenzar las clases presenciales», el 73% respondió «sí, habría que esperar que todos los docentes estén vacunados (o, al menos, la mayoría de ellos)», y sólo un 27% optó por «no, las clases tienen que empezar lo antes posible, aunque los docentes no estén aún vacunados», tal como se observa en el gráfico 1. En la provincia el porcentaje a favor de esperar es levemente más alto (74%), pero en CABA no es mucho más bajo (69%). Lo que resulta más sorprendente es que el 77% de las madres y los padres de estudiantes piensan que habría que esperar a que los docentes estén vacunados.

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📍 La inflación de las y los trabajadores fue del 4% en enero. Si bien representa una ligera desaceleración respecto al 4,3% registrado en diciembre, el valor es el segundo más alto de los últimos doce meses. A nivel interanual, la inflación alcanzó el 38%, acelerándose en 2,3 p.p respecto a la medición anterior.

📍 El capítulo q más subió en enero es Comunicaciones (11,5%), debido al ajuste del 15% en telefonía celular. En segundo lugar, Transporte trepó 5,8%, en un mes en que los pasajes aéreos de cabotaje subieron 32% y en donde además se registraron alzas en naftas. En tercer lugar, Otros bienes y servicios se alzó 5,7%, debido en gran medida a subas del 8,2% en cigarrillos.

📍 Alimentos y bebidas volvió a incrementarse en torno al 4% (3,9% exactamente). Nuevamente, los frescos volvieron a ser el principal problema, con las frutas subiendo 11% y las carnes 7% promedio. Dentro de las frutas, sobresalieron las alzas de la pera (13%), banana (7%), naranja (10%), limón (16%), frutilla (20%) y ciruela (20%). En las carnes, destacaron el pollo entero (11%) y la falda (17%).

📍 Las razones detrás de la aceleración inflacionaria de los últimos meses son varias. Por un lado, las reaperturas de actividades que estuvieron cerradas durante el peor momento de la pandemia (por ejemplo, aquellas ligadas al turismo) han ido de la mano con marcados reajustes de precios.

📍 En segundo orden, el tipo de cambio ha acelerado el ritmo de depreciación en los últimos meses. Si bien ello ha permitido mantener un tipo de cambio competitivo (que está beneficiando a la industria), a la vez está generando mayores presiones inflacionarias.

📍 En tercer orden, los precios internacionales de los commodities, si bien son una buena noticia ya que permiten que el BCRA engrose sus reservas y por tanto aleje expectativas de devaluación, están introduciendo una presión adicional sobre los precios, en particular de los alimentos.

📍 De cara a los meses que vienen, será clave tanto la recuperación del salario medio real (particularmente afectado por lo ocurrido en 2018-2019) como los puestos de trabajo perdidos en la pandemia. La creación de empleos y la suba del salario permitirán robustecer la alicaída masa salarial, y con ello dinamizar el consumo, principal motor de la economía argentina.

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La última guía elaborada por la SENAF en el marco de la pandemia aborda el impacto emocional en niñas y niños.

La Guía de recursos para la contención emocional de chicos y chicas de 6 a 12 años es la última entrega de la colección que comprende diversos materiales pedagógicos para acompañar a niñas, niños y adolescentes durante la pandemia por COVID19.

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Resolución 433/2020
RESOL-2020-433-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 11/12/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-83278085- -ANSES-DPR#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nros. 24.241, 26.417, 27.426, 27.541; los Decretos Nros.110 de fecha 7 de febrero de 2018, 542 de fecha 17 de junio de 2020, 899 de fecha 24 de noviembre de 2020; la Resolución SSS N° 27 de fecha 27 de noviembre de 2020 y,

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el PODER EJECUTIVO NACIONAL ciertas facultades con arreglo a las bases de delegación establecidas en su artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que por el artículo 55 de la norma arriba citada se suspende por CIENTO OCHENTA (180) días la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, período durante el cual el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondientes al régimen general de la Ley Nº 24.241, atendiendo prioritariamente a las personas beneficiarias de más bajos ingresos.

Que, mediante el artículo 1° del Decreto Nº 542/2020, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241.

Que por el artículo 1° del Decreto N° 899/2020 se determinó que todas las prestaciones previsionales a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, los destinatarios y destinatarias de las pensiones no contributivas y graciables que refieran a la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y a la Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, tendrán un incremento equivalente a CINCO POR CIENTO (5%) sobre el haber devengado correspondiente al mensual noviembre de 2020.

Que el artículo 4° del Decreto mencionado dispuso que el haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, tendrán un incremento porcentual equivalente al establecido en el artículo 1° del mismo.

Que a través del artículo 5º se estableció que, a partir del 1° de diciembre de 2020, se actualizarán en un porcentual equivalente al establecido en el artículo 1°, el monto mínimo y máximo de la remuneración imponible previsto en el artículo 9° de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias.

Que, de igual modo, mediante el artículo 6º del citado Decreto, se determinó que, a partir del 1° de diciembre de 2020, el valor de la Prestación Básica Universal a que hace referencia el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, será la resultante de aplicar el CINCO POR CIENTO (5 %) sobre el valor de dicha prestación vigente a noviembre 2020.

Que mediante el artículo 3º del Decreto Nº 110/2018, Reglamentario de la Ley Nº 27.426, se facultó a esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL a fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), establecido en la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.

Que, así también, estableció que esta Administración Nacional determinará el valor mensual de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Que, por su parte, la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL a través de la Resolución SSS N° 27/2020 aprobó los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por las personas trabajadoras en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre 2020 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre de 2020, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.417.

Que la Dirección General Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2020-83469371-ANSES-DGEAJ#ANSES, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del Decreto Nº 2741/1991, el artículo 3° del Decreto N° 110/2018 y el Decreto Nº 429/2020.

Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de diciembre de 2020, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 899/2020, será de PESOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($19.035,29.-).

ARTÍCULO 2º.- El haber máximo vigente a partir del mes de diciembre 2020 establecido de conformidad con las previsiones del artículo 4° del Decreto N° 899/2020, será de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($128.089,54.-).

ARTÍCULO 3º.- Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, conforme lo establecido en el artículo 5° del Decreto N° 899/2020 quedan establecidas en la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON OCHO CENTAVOS ($6.411,08.-) y PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($208.357,30.-) respectivamente, a partir del período diciembre de 2020.

ARTÍCULO 4º.- Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 899/2020 aplicable a partir del mes de diciembre de 2020, en la suma de OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($8.144,14).

ARTICULO 5°. Establécese el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir del mes de diciembre de 2020 en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($15.228,23).

ARTÍCULO 6º.- Dispónese que las remuneraciones de las personas afiliadas que cesaren en la actividad a partir del 30 de noviembre de 2020 o las que, encontrándose encuadradas en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de diciembre de 2020, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización determinados por la Secretaría de Seguridad Social en concordancia con la Resolución SSS N° 27 de fecha 27 de noviembre de 2020.

ARTÍCULO 7°.- Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y oportunamente, archívese.

Maria Fernanda Raverta

e. 15/12/2020 N° 63619/20 v. 15/12/2020

Fecha de publicación 15/12/2020

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Decreto 961/2020
DECNU-2020-961-APN-PTE – Decreto N° 34/2019. Amplíase plazo.

Ciudad de Buenos Aires, 29/11/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-81121527-APN-DGD#MT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 34 del 13 de diciembre de 2019, 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 329 del 31 de marzo de 2020, 528 del 9 de junio de 2020, 875 del 7 de noviembre de 2020 y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 34/19 se declaró la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días y se estableció que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia de dicha norma, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendría derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente, de conformidad con la legislación vigente.

Que por la Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID-19 por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que en dicho contexto se dictó el Decreto N° 260/20 por el que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, se dictó el Decreto N° 297/20 por el que se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, el que fue prorrogado sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20.

Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20 y 875/20 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, entre las que pasaron a una etapa de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, y aquellas que luego de alcanzar dicha etapa debieron retornar a la modalidad de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.

Que, en dicho marco, por el Decreto N° 528/20 la referida emergencia pública en materia ocupacional fue ampliada por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, disponiéndose asimismo que en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendría derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente en los términos allí indicados.

Que esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo.

Que, en el marco de las obligaciones asumidas por la REPÚBLICA ARGENTINA en el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES y con el objetivo de preservar la paz social, corresponde continuar adoptando medidas transitorias, proporcionadas y razonables, con el fin de garantizar el derecho de toda persona a tener la oportunidad de obtener un trabajo que le asegure condiciones de existencia dignas para ellas y para sus familias.

Que, a su vez, el artículo 14 bis de la CONSTITUCIÓN NACIONAL impone una protección específica al trabajo en sus diversas formas y en la coyuntura, deviene indispensable la preservación de los puestos de trabajo.

Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), el 23 de marzo de 2020, ha emitido un documento: “Las normas de la OIT y el Covid-19 (coronavirus)” que revela la preocupación mundial y alude a la necesidad de que los gobiernos implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los puestos de labor y en tal sentido recuerda la importancia de tener presente la Recomendación 166, que subraya “que todas las partes interesadas deberían tratar de evitar o limitar en todo lo posible la terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, sin perjuicio para el funcionamiento eficaz de la empresa, establecimiento o servicio, y esforzarse por atenuar las consecuencias adversas de toda terminación de la relación de trabajo por estos motivos, para el trabajador o los trabajadores interesados”.

Que una situación de crisis, como la que motivó el dictado de las medidas de emergencia ya citadas, autoriza a colegir que cabe atender el principio establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la causa “Aquino”, Fallos 327:3753, Considerando 3°, en orden a considerar al trabajador o trabajadora como sujetos de preferente tutela, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que, asimismo, resulta indispensable continuar garantizando por imperio normativo la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas causados por la pandemia.

Que, sin perjuicio de la prohibición de efectuar despidos sin justa causa por las causales de falta o disminución de trabajo establecida por el Decreto N° 329/20 prorrogado por los Decretos Nros. 487/20, 761/20 y 891/20, existen situaciones que demuestran la necesidad de mantener la duplicación de las indemnizaciones, como son las referidas a la extinción indirecta del vínculo por incumplimientos graves del empleador o de la empleadora o a la aceptación por parte del trabajador o de la trabajadora de la eficacia extintiva, o incluso en aquellos supuestos en los que se torna difícil acceder a la reinstalación, ya sea por la clandestinidad laboral o por el cese de actividades.

Que, tal como sucedió en el momento del dictado de la medida original y de su ampliación, esta medida ha sido concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras formales.

Que extender los alcances de este decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovisto de toda razonabilidad, dado que serviría para que se amparen en ella altos directivos con responsabilidades jerárquicas que pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado la intervención que le compete el servicio de asesoramiento jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Amplíase hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 y ampliada por el Decreto N° 528 del 9 de junio de 2020 a partir del vencimiento de la vigencia de esta última norma. En consecuencia, durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente en la materia.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran.

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del vencimiento del plazo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 528/20.

ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Eduardo Enrique de Pedro – Felipe Carlos Solá – Agustin Oscar Rossi – Martín Guzmán – Matías Sebastián Kulfas – Luis Eugenio Basterra – Mario Andrés Meoni – Gabriel Nicolás Katopodis – Marcela Miriam Losardo – Sabina Andrea Frederic – Ginés Mario González García – Daniel Fernando Arroyo – Elizabeth Gómez Alcorta – Nicolás A. Trotta – Tristán Bauer – Roberto Carlos Salvarezza – Claudio Omar Moroni – Juan Cabandie – Matías Lammens – Jorge Horacio Ferraresi

e. 30/11/2020 N° 59949/20 v. 30/11/2020

Fecha de publicación 30/11/2020

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Decreto 956/2020
DECNU-2020-956-APN-PTE

ARTÍCULO 24.- EVALUACIÓN PARA REINICIO DE CLASES PRESENCIALES Y/O ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ESCOLARES PRESENCIALES: Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y modificatorias.

En virtud de las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN mencionadas, si el riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases presenciales de manera escalonada y progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de DIEZ (10) personas, preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior.

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere la normativa de emergencia, revisará y prestará conformidad a los planes jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada.

Su efectiva reanudación será decidida por las autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la normativa vigente.

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones enunciadas precedentemente.

Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en forma autónoma, deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19”, que la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS pondrá a disposición en un campo específico denominado “ESCOLAR” habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular.

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