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SADOP repudia el intento de monopolizar la Justicia

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresa su total y absoluto repudio al proyecto de ley aprobado el 30 de septiembre de este año  por la mayoría de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que de forma arbitraria e inconsulta habilitó a su Tribunal Superior de Justicia a intervenir como tribunal de alzada de las sentencias dictadas por las Cámaras Nacionales de Apelación de los fueros Laboral, Civil, Comercial, Correccional y Criminal ubicándose como órgano de tercera instancia de las causas que tramitan en la Ciudad.

Se trata de un intento -inconstitucional- de traspasar a CABA juicios que son competencia de la Justicia Nacional, perjudicando los derechos de las y los trabajadores, en línea con el discurso neoliberal de Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño.

Dicha iniciativa es inconstitucional, ya que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se arrogó la atribución de modificar la Ley 48 – de jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales – los Códigos Procesales de la Nación y la ley 18.345, de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. En este caso puntual, el de los Tribunales del Trabajo se obligaría a las y los trabajadores a recurrir a una “triple instancia” (demás de la eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) para hacer valer sus derechos.

Una clara política laboral pro-empresaria que vulnera el derecho a obtener una sentencia judicial en plazos razonables y en el marco constitucional vigente.

SADOP reclama al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de promulgar esta ley por resultar claramente inconstitucional y perjudicial para la docencia privada.

Por último, el Sindicato anuncia que acompañará a todas las entidades que rechazan el proyecto de ley aprobado en la Legislatura de la CABA y solicitará la intervención del Congreso de la Nación para que, mediante sus representantes, tome urgente intervención en el tema, a fin de preservar los derecho sociales constitucionalmente reconocidos, y los valores de Solidaridad, Cooperación y Justicia Social.

Consejo Directivo Nacional
SADOP