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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresa su categórico y absoluto repudio a las desafortunadas declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde. El peso de su figura política y, la relevancia de los cargos que le tocó ocupar en la historia institucional de nuestro país, le otorgan a sus afirmaciones una gravedad extrema, que indudablemente merece el rechazo total por parte de la clase política, el movimiento obrero y la sociedad en su conjunto.


Hoy en nuestro país el compromiso con el NUNCA MÁS es mucho más que una consigna, es la firme decisión de la gran mayoría del pueblo argentino de abrazar el sistema democrático, de vivir y convivir en paz, de respetar las diferencias y de transformar en Política de Estado la causa de Memoria, Verdad y Justicia, cerrando en forma definitiva las puertas a un pasado al que no queremos regresar.

Secretariado Ejecutivo Nacional
SADOP

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SADOP apoya el decreto presidencial.

Jorge Kalinger
Secretario General
SADOP-CDN

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) apoya la decisión presidencial de declarar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, servicios públicos esenciales a la prestación de Internet, la televisión paga y la telefonía móvil.
La organización celebra la aplicación del decreto con el objetivo de poner freno a la vorágine empresarial, que busca maximizar sus ganancias en plena Pandemia, y, de esta manera, intenta reducir la brecha digital y educacional.
El acceso a Internet es uno de los derechos digitales que tienen todas las personas con el objetivo de gozar de la libertad de expresión, pero también para poder ejercerla. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló la importancia de que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sean igualitarias y que se garantice el acceso a todas las personas.
Las TIC no sólo son una manera de acceder al conocimiento, a la información o entretenimiento, si no que en la actualidad, producto de la pandemia COVID-19, se transformó en el portal para dar clases y que los y las alumnas puedan continuar con los procesos pedagógicos. Asimismo, son un pilar central para el desarrollo económico y social de una sociedad más justa y soberana.
Francia, Holanda, Canadá y Finlandia, entre otros países, consideran el acceso a Internet como un derecho humano. Además, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 no estatiza el servicio. Este argumento, exhibido por los opositores a la medida, es desarticulado fácilmente al recordar que la telefonía básica es un servicio público y está privatizado desde 1990.
En definitiva, el DNU 690 suspende los aumentos hasta fin de año, en el marco de la Pandemia, y establece que la telefonía móvil ofrezca planes básicos universales con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar el acceso al servicio público. El decreto pone límites a la ambición empresarial. Por estos motivos, SADOP apoya la medida gubernamental.
La Pandemia generó desafíos en todos los ámbitos, pero principalmente para el mundo docente. Una política de Estado transversal en comunicaciones es vital para preparar a las futuras generaciones en los desafíos que se avecinan.
En la actualidad, el 63 por ciento de las y los docentes privados de todos el país no tiene una PC propia para trabajar, sino que la comparten con un miembro de la familia. Estos datos surgen de la encuesta “Cuidanos para cuidarte”, que realizó SADOP en abril de este año. Esta información, y la discontinuidad del plan “Conectar Igualdad”, que distribuyó cinco millones de computadoras portátiles, marca el primer escollo que debieron sortear las y los docentes privados. La conexión a Internet de las y los educadores y las y los chicos es el segundo problema que tuvieron que superar.
Las críticas al DNU no proponen alternativas para achicar y erradicar la brecha digital y educacional. Asimismo, omiten que la mayor inversión y desarrollo de los servicios de comunicación móvil se hizo cuando era considerado servicio público. Tampoco mencionan que entre el 2010 y 2015 se realizó un tendido de 35 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país. De esta manera, se descarta el mito de los lobbistas empresariales de que la intervención del Estado impide inversiones para ampliar redes.
El negocio de las comunicaciones en plena pandemia, incrementando valores de un bien esencial laboral, educacional y recreativo, plantea la necesidad de establecer pautas claras y el rol del Estado para ampliar las redes de comunicación y evitar las extralimitaciones que solo buscan su propio beneficio económico.

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