“Durante mucho tiempo se concibió la libertad como una condición universal de la humanidad. La libertad individual no puede y no debe darse por supuesta ya que aparece junto con un tipo particular de sociedad”.

Zygmunt Bauman

Cuando nos preguntamos qué sociedad queremos, ¿Cuál sería nuestra respuesta ante tantas deudas naturalizadas y referidas a los derechos que se perpetúan en el tiempo con las personas con discapacidad?

 Si nos enfocamos en este colectivo invisibilizado y excluido, existe un endeudamiento histórico que parece no acabar nunca haciendo referencia a sus derechos adquiridos, a la salud, a la educación inclusiva, a la vivienda, al trabajo, a la accesibilidad, a la participación en espacios políticos y sindicales, a la elección de la construcción familiar, el derecho a ser padres; derechos y más derechos… Todos plasmados en legislaciones internacionales y nacionales y lo más grave, acostumbrados a ciertas actitudes deshumanizantes que violan esas competencias.

Sería interesante preguntarse entonces ¿cuáles serían  los motivos de esas deudas? o ¿cuáles serían los fundamentos para que las personas con discapacidad no accedan a sus derechos como las leyes lo indican? 

Si considerar a la libertad como el derecho a la vida; no poder elegir, es un hecho injusto y discriminatorio. Tomar nuestras propias decisiones o elecciones refleja la libertad del ser humano. Entonces estamos en un grave problema a la hora de definir el significado de la palabra LIBERTAD.

Cuando nos referimos a los docentes, es natural afirmar que son considerados como “personas capaces de”. Lo que lleva a deducir que las personas con discapacidad que realizan la formación docente, a la hora de ser evaluados o valorados según las condiciones o la mirada de quien decida su continuidad laboral, son percibidas como menos capaces, atravesados por el modelo médico o con un cuerpo no esperado, alejados de la realidad con una perspectiva de modelo social y de derechos humanos.

Clara muestra del capacitismo interpelando nuestra sociedad al no ver docentes con discapacidad en las aulas.

Es un gran desafío político seguir construyendo nuestra sociedad con perspectiva de inclusión, desnaturalizando la idea de que las personas con discapacidad “no son capaces de”.

Despegarnos del poder de las creencias que producen realidades inhumanas y avasalladoras de legítimos derechos.

El acceso al empleo formal para las personas con discapacidad en nuestro país todavía es derecho vulnerado. Aún falta un largo camino por recorrer para que puedan contar con un trabajo digno con el que puedan solventar sus vidas.

Según la Ley, el Estado debe garantizar un cupo del 4% en el ámbito público, pero aun así según datos de la REDI Red de los derechos de las personas con discapacidad, solo alcanza el 1%.

En nuestro país, el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. A pesar de que muchas de ellas tienen la edad y la formación escolar o universitaria necesaria para ingresar al mundo laboral, encuentran barreras en la falta de oportunidades de trabajo para ellos.

 “En general no se nos considera como sujetos que podemos trabajar. En el Estado no se cumple el cupo legal, y eso trasciende a todos los gobiernos. Ahora, con la cuarentena, vimos que hay un problema grande con las personas que tienen emprendimientos productivos, no pueden trabajar y no consiguen apoyo, y esta situación abre la posibilidad de pensar la alternativa del teletrabajo”, dijo Andrea Grassia, referente de la REDI.

 “El teletrabajo es una alternativa viable para quienes lo requieran o para ocasiones complejas como un día de tormenta, donde las personas con discapacidad motriz puedan tener dificultades”, marcó Grassia.

Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir pensiones por parte del Estado, que algunos las han señalado como insuficientes, pero representan un sostén para quienes aún no consiguen empleo, sobre todo en el contexto de crisis económica que desató la pandemia. “Acá también tenemos que reforzar la idea de que es importante visibilizarnos como personas que ocupamos puestos de trabajo, no pensar que solo vamos a poder cobrar una pensión. Tener un empleo es fundamental para dejar de pensarnos como objeto de caridad y compasión”, subrayó la joven.

Pues bien, ahora tenemos la posibilidad del trabajo virtual, será cuestión de que pasado un tiempo pertinente realicemos el seguimiento con estadísticas certeras para dar a conocer si la situación laboral de las personas con discapacidad tuvo modificaciones en cuanto a su valoración como sujetos de derechos, si son mirados con una perspectiva incluyente en una sociedad donde las deudas para las personas más vulneradas sean puestas en agenda de las políticas públicas, donde el pilar fundamental sean las oportunidades.

Las personas con discapacidad se encuentran mencionadas en la Agenda 2030, al ser identificadas como  grupos de vulnerabilidad cuyos derechos deben ser garantizados.

Que la historia declare  a nuestra Argentina como a una sociedad justa en oportunidades, dónde ningún acto de discriminación sea naturalizado, donde a la hora de estimar , estén en primer lugar los derechos humanos, resignificando el valor de la humanización, reemplazando la palabra deuda por cumplimiento de nuestros derechos.

Que nuestras leyes sean coherentes con nuestras acciones, interpelados por la grandeza de cada ciudadano inmerso en una sociedad solidaria, libre  e  incluyente.

Por: Prof. Sandra Ferrero
Docente de apoyo a la Inclusión
SADOP Delegación Río Cuarto