Por Daniel E. Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP
La decisión acerca de cuantos recursos económicos y de que modo se insertan en la educación refleja la opción que asume una sociedad sobre su presente y su futuro.
Disminuir, estancar o desviar los fondos que recibe la educación para su financiamiento, implica, de este modo, optar por condicionar o negar al pueblo el acceso, la permanencia y el egreso en el sistema educativo formal en sus distintos niveles.
Pero, al mismo tiempo, significa de modo simbólico, presentar un mensaje sobre la nula importancia que tiene para una gestión, brindar las posibilidades para la formación de los niños y los jóvenes.
¿Es un suicidio colectivo? No solo. Es también una forma concreta de dominación cultural. Un camino sin sendero ni horizonte.
La instalación del tema recursos en educación fue un lastre de la década noventista en Argentina y también en la región. Para muestra basta un botón: dos décadas después de transferir las escuelas primarias a las provincias, la política neoliberal decidió las transferencias de servicios educativos secundarios y terciarios a las jurisdicciones. Un desaguisado cuyas consecuencias son visibles aún en el presente. Sin recursos ni previsiones ni estructura, las provincias argentinas recibieron unidades educativas que debieron administrar como pudieron.
El principal ataque que recibió la educación en Argentina en materia de financiamiento fue la pérdida del poder adquisitivo del salario de los maestros y profesores a partir de las dictaduras cívico – militares y que solo se vio interrumpido por el proceso de apropiación de las paritarias docentes llevado a cabo en los últimos diez años en nuestro país.
Nada es casual. Para el consenso de Washington y para los organismos multilaterales de crédito a los cuales se ató la Argentina en esa larga noche oscura, la educación, la ciencia y la tecnología no eran cuestiones centrales a atender ya que, por un lado nuestro país afianzaría un modelo agroexportador (espejado en la Argentina del centenario) y, por otro, la incorporación de tecnología era importada y, por ende, “los científicos tenían que ir a lavar los platos”, expresó descarnadamente un nefasto Ministro de Economía de aquel entonces.
Pagar salarios dignos a los trabajadores de la educación, retener investigadores y dotarlos de presupuestos para su tarea científica, crear nuevas universidades, distribuir libros en las escuelas, entre otras acciones, constituyen, para quienes piensan que la educación no es prioritaria, un “gasto”, ya que, según su idea de país, “pocos pero buenos”.
Es cierto: son tan complicadas “las palabras necias como los silencios cómplices”. Y algunos lobos vestidos de corderos sostienen que la educación es prioritaria pero la relacionan a una mirada mercantilista y resultadista donde el individualismo competitivo prima sobre el destino colectivo.
La sanción de la ley de financiamiento educativo (ley 26.075 sancionada en diciembre de 2005) abrió un nuevo capítulo en la historia de la relación entre los recursos que se invierten en educación y la idea de Nación. En efecto, por primera vez en la legislación argentina se vinculó la inversión educativa al Producto Bruto Interno.
De allí surgió la fórmula que pautó el crecimiento del 2% al 6% del PBI para la educación en cinco años, meta que, como es de conocimiento, fue ampliamente cumplida y superada.
Fue una jugada osada: la educación recibiría un aumento progresivo de su presupuesto en la medida que creciera el PBI. La Argentina encaminó su modelo de país hacia una política de sustitución de importaciones, producción regional con valor agregado y desarrollo científico – tecnológico. En ese contexto de políticas productivas e industrialistas creció el presupuesto educativo.
Al mismo tiempo, la ley de financiamiento educativo dispuso que los recursos federales remitidos a las provincias fueran de afectación directa con lo cual la cuenta receptora debió asignarse con exclusividad a proyectos educativos.
En otro acápite, la ley creó un fondo compensador para los salarios docentes: era la primera vez en décadas que los sueldos de los maestros y profesores atravesados por el peor esquema de segmentación y fragmentación recibían una fórmula concreta para tener una base común.
La misma ley, dispuso un mecanismo concreto para la fijación del salario mínimo docente: la PARITARIA FEDERAL DOCENTE que, con sus idas y venidas, viene funcionando en forma permanente desde 2006.
El financiamiento educativo se acrecentó por la creación del fondo especial para las escuelas técnicas que, en concreto, implica una asignación propia en el presupuesto nacional destinado a planes de mejora en las escuelas de educación técnico – profesional, a través de maquinarias, infraestructura edilicia e incorporación de tecnología a las escuelas.
Nuestro planteo parte de reconocer dos aspectos centrales: por un lado la estrecha relación entre los recursos asignados a la educación y el proyecto de nación y, por otro, la trascendencia de los logros obtenidos gracias a la instrumentación de esta política.
Sin embargo, la educación requiere de mayores recursos que profundicen la idea de transformar a la educación en la base fundamental de nuestro proyecto de liberación y desarrollo.
Será necesario que el Ministerio de Educación recupere la administración del conjunto de sus recursos y que las universidades nacionales sean financiadas a través de un cambio sustancial en la ley de educación superior. Hoy, las casas de altos estudios constituyen el mayor porcentaje de incidencia en el presupuesto nacional de Educación. Este cambio de imputación permitiría que el Ministerio federal disponga de los recursos para promover una mejora sustantiva del salario docente, profundice los programas de mejoramiento y apuntale la formación docente.
Por otra parte, la Argentina que viene, debe encarar dos reformas centrales: la ley de co-participación federal y la política tributaria. La disputa con los sectores que detentan el poder concentrado económico debe darse desde el escenario de la educación.
¿Sería posible pensar un proyecto nacional que profundice las políticas distributivas que se han logrado en estos años sin modificar con equilibrio la actual política tributaria? Sin cambios que mejoren la carga impositiva en relación al poder de aporte de cada sector, ¿estaríamos garantizando la continuidad del modelo?
No solo tenemos que obtener mayores fondos para la educación también tenemos que disputar con legitimidad y compromiso un modelo con justa distribución de la riqueza donde la educación sea considerada prioridad estratégica para nuestro pueblo.
Por ello, es un gran desafío para las organizaciones sindicales docentes discutir el salario de nuestros compañeros y compañeras desde la perspectiva del proyecto nacional. Depende del rumbo del país, el destino de la educación y los ingresos objetivos de los docentes.
El proyecto nacional ofrece un marco y un horizonte a nuestro modelo educativo: “serás lo que deberás ser y sino no serás nada”, dijo con énfasis José de San Martín y es útil su consigna para comprender este desafío.
Aún más: la discusión por los recursos económicos que se destinan a la educación articulada con la idea de Nación debe constituir un contenido de enseñanza de acuerdo a las características de cada nivel educativo. Comenzando con los universitarios y terciarios, con un énfasis en las carreras de formación docente nuestros jóvenes deben asumir en la construcción de si itinerario profesional una clara perspectiva en torno a que país queremos y que educación promovemos para ese país – en el plano político – y como consecuencia, que recursos necesitamos para la educación – en el plano del financiamiento.
En las últimas semanas se ha planteado el objetivo de llevar la inversión educativa al 8% del PBI (SADOP) e incluso la CTA de los trabajadores ha propuesto – al estilo Brasil – vincular el desarrollo petrolero (Vaca Muerta) a la inversión educativa.
Asumir el financiamiento educativo en término de desafío y vincularlo con el proyecto de Nación supone una definición histórica: retoma lo mejor del sujeto Pueblo, interpela nuestro presente y nos proyecta en la lucha por más y mejor educación para todos y todas.
5 DESAFÍOS PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE MAS EDUCACIÓN PARA TODOS
Entre finales y re-comienzos y con vistas al escenario político de 2015, aportamos una hoja de ruta para la profundización de la política educativa en términos de educación para todos y todas.
Desafío 1: “Desafío de pensar la educación desde la centralidad del trabajo”
