Por el Sector de Evaluación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del MERCOSUR

Desde aquel tiempo las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación señalaron su preocupación por dichas evaluaciones pues: a) omiten la diversidad cultural y las capacidades de los estudiantes, discriminando a los más pobres y menos integrados a la “modernidad”; b) sancionan y estigmatizan a la educación pública, que es la que recibe en su mayoría a estudiantes con mayor atraso educativo, familias con bajos niveles escolares y socioeconómicos, y baja inversión por parte del Estado; c) se aplican de modo homogéneo, negando las necesidades educativas de los estudiantes; y d) promueven la competencia por alcanzar los premios de excelencia académica, en vez de instancias de intercambio y colaboración intra e interescuelas. En términos generales, se cuestiona a estos instrumentos por ser: restrictivos, al medir sólo algunos contenidos; punitivos, al establecer premios y castigos; y estigmatizadores o segregadores, al distinguir escuelas “buenas” y “malas”, establecer un ranking arbitrario, sellos y/o índices de calidad. Al mismo tiempo, reproducen métodos que privilegian resultados como "eficiencia", "productividad", "mérito" y "rendimiento de los alumnos", en detrimento de la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y plenos de derechos. El sentido político de construir ranking de estudiantes, escuelas y países desconoce el carácter de bien público y el derecho social a la educación, que nada tiene que ver con competir sino más bien con incluir a todos en el derecho a aprender.

La evaluación estandarizada (pruebas nacionales, evaluaciones en línea, etc.) es una forma de descontextualización educativa que beneficia a ciertos grupos privilegiados y es contradictoria en el marco de sistemas educativos públicos que buscan generar oportunidades, integración e inclusión social. En educación, el contexto es esencial, es allí donde adquieren significación la enseñanza y los aprendizajes. La preocupación de la diversidad implica necesariamente la preocupación por el contexto. Por otro lado, el esfuerzo fundamental de la homogeneidad (estándares, evaluación estandarizada) es la preocupación por descontextualizar. Una política pública basada en la evaluación descontextualizada, como la que ocurre en algunos sistemas educativos, puede llegar a ser parte del contexto del privilegio. Esta evaluación descontextualizada nada aporta a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que los docentes y estudiantes nada tienen que ver con el proceso; son meros datos que sirven para una comparación de dudosa eficacia en términos de derecho social.

Todo parece restringirse a llenar formularios con metas azarosas, mientras los procesos escolares tienden a encerrarse en la validación que otorga un buen resultado en la Prueba Nacional, PISA u otras, las que pasan a ser señales de la política amparando esta sobrevaloración, haciendo que estas evaluaciones estandarizadas sean aceptadas como un mal necesario.

Las Pruebas Nacionales, en general, señalan tener como propósito principal contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes subsectores del currículum nacional, y relacionándolos con el contexto escolar y social en el que ellos aprenden.

En Chile, el objetivo inicial fue informar a los padres acerca de la calidad en un mercado educacional donde las escuelas compiten por estudiantes, apareciendo adosados luego dos objetivos más, tendientes a: identificar los establecimientos con peores resultados para realizar una focalización de los recursos del Estado y monitorear la inversión, y medir -como instrumento principal- la calidad y mejoramiento de las escuelas. La entrega anual de resultados escolares provoca un debate acerca de la educación pública que es mucho mayor que lo que específicamente mide la prueba de evaluación.

En Uruguay, La Asamblea Técnica Docente Nacional alerta sobre incoherencias entre el Programa Escolar, el cual está enmarcado en la didáctica crítica que propone autonomía institucional y docente para todo el proceso de enseñanza, y el accionar del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que desarrolla una evaluación externa a los procesos que se dan en la interna de los centros.

En Brasil, en la práctica, la evaluación diagnóstica e incentivadora del rendimiento profesional (contrapunto con las propuestas gerenciales de prioridad por mérito) no ha sido adoptada por los sistemas de enseñanza, que insisten en aplicar métodos antidemocráticos y estrictamente meritorios, en una búsqueda desesperada por resultados en el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB). Y esas medidas estorban más de lo que ayudan en el rendimiento escolar.

En Argentina, los Operativos Nacionales de Evaluación se iniciaron en la década del 90 y se realizan cada dos años a estudiantes de la educación obligatoria; en algunos períodos fueron evaluaciones muestrales y en otros se trató de evaluaciones censales. En teoría los resultados deberían orientar decisiones de mejora de enseñanza, pero la lentitud de los procesos nacionales de análisis y validación de resultados y la demora en la elaboración de recomendaciones para la mejora reducen hasta anular el impacto de las intenciones de mejora en las prácticas reales de escuelas, docentes y estudiantes, quienes receptan la ajenidad de esas recomendaciones.

Un denominador común de nuestros países es que la publicidad de los resultados no considera los objetivos restrictivos de la mediciones y por lo mismo el debate termina siendo conducido por los medios de comunicación, descontextualizado respecto de los alcances de la medición. “Los niños y jóvenes no saben leer”, “Los adultos no entienden una receta”, “Mala calidad de la Educación en el país”. “Profesores no se hacen responsable de los resultados”, “Últimos lugares en PISA”, son titulares que se repiten frente a cada resultado.

En este período se han continuado aplicando pruebas estandarizadas, similares a las realizadas en períodos anteriores. Así se proponen evaluaciones en línea y la participación en pruebas PISA que proponen únicamente la visualización cuantitativa de los resultados educativos.

En forma creciente, los resultados estandarizados de las pruebas son vistos por los medios de comunicación, por las autoridades y el público, como medidas del éxito o efectividad de las reformas; este objetivo explícito se superpone con el riesgo de ser, en la práctica, una pieza fundamental del modelo de competencia escolar, a través del ranking que surge tras la publicación de los resultados. Con el transcurrir de los años, algunos sistemas se van dotando cada vez de más pruebas estandarizadas, diversificando indiscriminadamente su utilización. Esta característica polimórfica radica en el hecho de que las pruebas nacionales son la única medición censal que poseen los Ministerios de Educación, sustentadas en paradigmas de la verdad incontrarrestable de los números y estadísticas.

Considerando que es un test individual, es sorprendente el uso diversificado que se le da. De una parte, en algunos casos, se busca que oriente la demanda, es decir, la selección de establecimientos, para una mejor orientación a los padres, en otros, como antecedente para el Ministerio y las escuelas, pero los resultados llegan a los medios de comunicación. Clasifican a las escuelas, y a las buenas, sean públicas o privadas, se les promete mayor autonomía en la utilización de recursos. De otra, usan la clasificación para la asignación de incentivos docentes, focalización de recursos según resultados y buscan orientación de la oferta de establecimientos educacionales. Finalmente consideran los resultados, como indicador de evaluación de programas ministeriales y aspiran a asociarlos con evaluación docente y salarios. Como vemos se asigna a esta cultura de auditoría orientaciones milagrosas y su resultado pasa a ser el elemento principal de definición de política pública. Predeterminando roles docentes vinculados a la instrucción para las pruebas y reduciendo el currículum a lo que se mide, pues el docente es reconocido según el resultado de los estudiantes y los contenidos de la prueba pasan a ser los más valiosos.

En este sentido, sus utilizaciones y conexiones con otros dispositivos de administración y evaluación del sistema educativo determinan una forma de ver la educación que no dialoga con la realidad pedagógica de los diferentes contextos ni con nuestras historias. Las mismas evaluaciones estandarizadas operan diagnosticando una realidad, diseñando los medios para enfrentar los problemas detectados, y luego evaluando la efectividad de sus acciones.

La evaluación de este carácter responde a un imperativo económico (Banco Mundial, FMI, OCDE, etc.) de homogeneización de procesos y resultados medidos a través de indicadores cuantitativos, que se han ido apropiando progresivamente de los calendarios anuales de las escuelas. Todo esto configura un escenario desfavorable para el sistema público, especialmente al privatizar “las culpas” por el fracaso, es decir, se responsabiliza sólo a los estudiantes, y sus profesores/as de los resultados en las pruebas estandarizadas. Se obvian, en este sentido, las desigualdades económicas, sociales y culturales, lo que explica en primer lugar los bajos rendimientos. Omiten mencionar fenómenos de segregación, evidenciadas por ejemplo, en el hecho de que muchas veces se presiona porque la mayoría de los estudiantes que habitan nuestra escuela pública proviene de familias pobres. Y lo más grave: se omite la evaluación de las condiciones de trabajo y las condiciones organizacionales e institucionales del sistema escolar. Se desconoce la complejidad del proceso de trabajo docente, las condiciones particulares en las cuales ocurren los hechos educativos, y al desconocer las tramas complejas que sobredeterminan la enseñanza y el aprendizaje se licuan las responsabilidades del conjunto de sujetos que, desde los niveles más altos de diseño de políticas educativas y sociales, generan facilidades o por el contrario, restricciones al acceso efectivo al aprendizajes de nuestros estudiantes.

La energía estandarizadora no se detiene y parece formar parte del sentido común, especialmente de aquellos no familiarizados con la realidad de las aulas. No es de extrañar, en este sentido, que algunos propongan que para mejorar la educación debe aumentarse el número de pruebas estandarizadas que se rinden en el sistema educativo, e incorporar otras para los docentes. Las tendencias tecnocráticas parecen avanzar en la línea de intensificar las evaluaciones estandarizadas, las cuales tienden a indicar sospechosamente, en cada uno de sus informes, que la educación es “mala”, especialmente la pública.

La medición estandarizada, y el uso de sus resultados está más bien encaminada hacia la identificación del mapa de recursos humanos posibles de insertar en una economía abierta al mercado competitivo global, a como dé lugar (Tratados bilaterales de Libre Comercio, pertenencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), más que a una preocupación real por el aprendizaje de cada niño entendido como derecho humano y social, la educación para la vida o el progreso de la educación pública.

No se puede extrapolar el resultado de un estudiante en una prueba estandarizada –que enfatiza la memoria, y una cierta capacidad para resolver situaciones descontextualizadas– a una valoración de la calidad de la educación, ejercicio que sólo tensiona más a los docentes y a los climas escolares. Esa extrapolación tan difundida, sólo responde a las necesidades del mercado global que busca “mapear” la distribución de recursos humanos para tomar decisiones de inversión según las necesidades empresarias de encontrar mano de obra calificada y barata en un mundo “global”.

La medición estandarizada en educación en un sistema de mercado representa un sello de calidad para seleccionar el “bien de consumo”, pero en sistemas educativos no domesticados por el mercado representa una sutil forma de asalto a lo público. Es algo así como el Caballo de Troya de la “industria educacional”. Ello porque, al no siempre ser posible privatizar un sistema en toda su extensión, la estrategia neoliberal ha de cambiar de modo radical. En este caso buscará que el sistema educativo adquiera y asimile una estructura de mercado sin que tenga que ser “comprado” o adquirido por una empresa, o simplemente privatizado. Por ejemplo, la promovida alianza publico-privada, la responsabilidad social empresarial, las donaciones, donde los privados no pagan más impuestos, sino que se les reducen y aportan según su decisión en iniciativas educativas y/o sus fundaciones.

Si alguna duda cabe vamos a la Estrategia 2020 del Banco Mundial, que plantea en educación el apoyo entre otros, a los sectores privados lucrativos, otorga protagonismo inusual a las corporaciones, señalando que el ajuste fiscal y el aporte de los privados en alianzas con lo público financiará a los pobres, pues así la clase media irá a colegios privados y se liberarán recursos fiscales para los pobres.

Estas concepciones llevan a consolidar políticas que están en el fondo de las causas de los problemas educativos, tales como, la subvención vía vouchers, la libre competencia de proveedores diversos, la centralización y estandarización del currículum, externalización de servicios de apoyo técnico, evaluación de la calidad a través de test estandarizados y producción de variada información para una mejor elección de los padres/clientes, por nombrar algunos de los dispositivos que constituyen el “accontability de mercado” (Darling-Hammond 2004).[i] Recientemente en visita a Chile, la misma Linda Darling-Hammond, connotada académica norteamericana, consultada por los test y la evaluación, sostuvo: “Los tests son sólo un símbolo de lo que la gente aprende. Generalmente, son demasiado estrechos, dejan muchas cosas fuera, y cuando los usamos para aplicar recompensas y sanciones podemos producir consecuencias disfuncionales involuntarias, como incentivos para reducir el currículo, para hacer a un lado a los estudiantes que tienen malos resultados. Y les diría lo mismo sobre la evaluación de los profesores: asegúrense de usar las pruebas de forma que sean educativas y que no lleven los currículos en una dirección errónea”

Estas concepciones comportan un mecanismo de control que pretende cambiar la compleja y rica cultura escolar propia de la educación, por una cultura de la auditoría, propia de la economía. Nada más opuesto a políticas que parten de reconocer el derecho social a la educación, y se preocupan por la calidad de la educación con inclusión efectiva de todos los estudiantes en el aprendizaje y en la escuela.

Las concepciones mercantilistas, en lugar de la colaboración, del espacio de reflexión de la práctica docente entre pares, de la búsqueda de desarrollo integral y no sólo cognitivo, de aprendizajes significativos para la vida y la ciudadanía transformadora, de relación pedagógica entre trabajo y educación,  pretenden imponer la competencia individual y discrecional, el comportamiento acorde con lo prescrito en estándares curriculares establecidos centralmente y una concepción de rendición de cuentas como dispositivo de vigilancia que enseña a cumplir y presionar a otros para el cumplimiento de las tareas.

De esta manera, la cultura de rendición de cuentas fomenta la recriminación como el traspaso de la culpa a otros en orden jerárquico (Lipman 2009).[ii] De este modo, lo central pasa a ser una cultura de la actuación o de la teatralidad, con un constante desempeño para el otro, donde los distintos actores planifican y calculan sus acciones con el fin de satisfacer las demandas externas del mercado y el Estado. Así, se pretende imponer un nuevo conjunto de valores y un nuevo comportamiento moral, más cercano a una ética empresarial que a la identidad profesional propia de los docentes, fundada en el equilibrio entre el saber pedagógico y la apropiación de las disciplinas. De este modo se induce a un docente instructor negando al profesional educador.

La rendición de cuentas y la regulación centralizada de las escuelas constituyen un régimen de control social. Este es un sistema que despoja de poder a directores, profesores, estudiantes y comunidades. A través de la rendición de cuentas el Estado traspasa la responsabilidad del “éxito” y “mejoramiento” a la escuela y los docentes, aunque les da menos autonomía, menos control sobre sus evaluaciones y menos espacio de libertad de acción.

Los procesos externos de evaluación que se están implementando en muchos países reproducen métodos que privilegian resultados como "eficiencia", "productividad", "mérito" y "rendimiento de los alumnos", en detrimento de la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y plenos de derechos.

Esta manera de pensar la evaluación se basa en una concepción de política educativa estrecha, en la medida en que reduce la educación a las acciones individuales y aisladas de un docente que debe lograr que el estudiante se convierta en un futuro empleado con algunas habilidades y competencias valiosas para el mercado. En oposición a esta concepción, nosotros afirmamos que la educación es un derecho humano y un bien público que permite que todos puedan comprender el mundo, su tiempo, su entorno y comprenderse a sí mismo y a los otros. El acceso al conocimiento es la clave para el desarrollo individual y social, y es esto lo que se debe garantizar a través de todas las instancias que constituyen la trama de responsabilidades sobre los resultados de la educación, trama que incluye a muchos más sujetos responsables además de docentes y estudiantes.

El PISA, como herramienta de contraste del aprendizaje escolar, ofrece información sobre el rendimiento de los estudiantes en determinado momento y pretende, a partir del análisis de esos resultados, proporcionar elementos que identifiquen posibles deficiencias de los sistemas educativos de los países donde se aplican los tests. Sin embargo, el PISA no tiene la capacidad de determinar todas las capacidades y dificultades de esos alumnos, ni lo que ellos pueden aprender o no. Tampoco da pautas para la mejora de la enseñanza ni brinda información sobre las condiciones integrales en las cuales estos resultados se obtienen. Aunque los responsables del PISA reconozcan que la metodología de la evaluación no puede ecualizar las diferencias culturales entre los diversos países que hacen que los estudiantes de cada país respondan de forma diferente incluso a las preguntas más sencillas, el problema persiste.

David Robinson afirma que hay graves problemas metodológicos en la formulación y aplicación del PISA. Uno de ellos es que no se tienen en cuenta aspectos culturales y lingüísticos de los países participantes. Un ejemplo de ello, dice, es que se encontraron errores de traducción a los idiomas de los países donde se aplicaron los tests, haciendo incomprensibles muchas de las preguntas. En Noruega, el título de un artículo sobre clonación humana, por ejemplo, fue traducido como "Una fotocopiadora para seres vivos". Si el PISA se propone ser una evaluación de nivel mundial, parámetro para las evaluaciones nacionales, ¿cómo es posible admitir errores de esta naturaleza?

Estudios llevados a cabo identifican también problemas relacionados con errores de muestreo. Aunque ha habido una mejora en este aspecto, el PISA no es capaz de evitar que, por ejemplo, algunos países procuren aumentar la participación de sus mejores alumnos en el test, reduciendo la participación de los alumnos considerados menos capaces.

Estos estudios señalan otras limitaciones del PISA, como el hecho de que esté centrado principalmente en la evaluación del aprendizaje en matemáticas, ciencias y lectura, dejando de lado materias como historia, geografía, lenguas extranjeras y otras. Con esto, las conclusiones que se pueden sacar de sus resultados se limitan también a las asignaturas evaluadas, y no permiten análisis más profundos sobre el sistema educativo de los países participantes.

Como todos los demás tests estandarizados, el PISA tampoco capta ni tiene en cuenta los factores sociales que influyen en los resultados educativos y el aprendizaje de los alumnos –incluyendo su propia puntuación en las pruebas del PISA. Entre estos factores están: ingresos, género, situación socioeconómica y otros. En general, los tests estandarizados tienden a no atender a estos factores. 

Tablas de clasificación, o rankings entre países, pueden tener efectos negativos en los sistemas educativos, en la medida en que presentan los resultados de manera simplificada, dejando de considerar los factores contextuales o no educativos mencionados más arriba, así como factores específicos resultantes de las políticas educativas, de las condiciones del trabajo docente, de la realidad de las escuelas y de la configuración del sistema de enseñanza de cada uno de los países.

La experiencia de buenas prácticas tan mencionadas por las agencias internacionales (Finlandia) muestran que la mejor predicción del éxito futuro de los estudiantes son las evaluaciones sumativas y formativas puestas por los mismos profesores/as. Para reducir al mínimo las consecuencias no deseadas, la evaluación sumativa debería diseñarse con el fin de proporcionar información para propósitos específicos y aplicarse sólo cuando exista la necesidad de sintetizar y evaluar los avances. En otras instancias los profesores deberíamos privilegiar el uso formativo de la evaluación.

Si observamos el positivismo lógico que imbrica a las actuales orientaciones auditoras, cobra vigencia la famosa frase crítica de Séneca: “non vitae, sed escolae discimus”. (Aprendemos no para la vida sino para la escuela) puesto que con cierta libertad en alguno de nuestros países hoy podríamos decir “no aprendemos para la vida, sino para superar las pruebas PISA, Pruebas Nacionales e Índices.”