Desde el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) que integra la Secretaria General de SADOP a nivel nacional, Marina Jaureguiberry, se difundió el documento “Unidad Nacional para el Desarrollo, la Producción y el Trabajo”, que consta de 15 puntos fundamentales y que convocó a los candidatos presidenciales a pronunciarse respecto a derechos laborales, desarrollo productivo y protección del trabajo.
“Son ejes troncales de la construcción del país, de la Nación y de la sociedad a partir del 11 de diciembre de este año», comentó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT durante la presentación. “Desarrollo, producción y trabajo son los ejes del nuevo contrato social para alcanzar la Patria justa, libre y soberana que soñamos ”, señala el comunicado.
Aquí los 15 puntos:
1. La plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
2. La defensa de los Derechos Colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo y aseguran, a través de los convenios colectivos, paritarias libres para la discusión del salario y mejor distribución del ingreso.
3. La progresividad de los derechos laborales y sociales para una sociedad más justa con ampliación de derechos.
4. La convocatoria regular al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito que fija el valor mínimo del salario de los trabajadores
5. Garantías para la implementación y funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y la búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país.
6. Determinar a los fueros de la Justicia del Trabajo como único órgano jurisdiccional para entender en los temas laborales.
7. La implementación de un proceso de crecimiento del trabajo registrado y digno con remuneración justa y suficiente, garantizando el derecho de acceso a la salud, la educación y el esparcimiento para toda persona trabajadora y su familia. 8. El pleno funcionamiento y el adecuado financiamiento de los sistemas de seguridad social contributivos que, a través del aporte y contribución obligatoria de las trabajadoras y los trabajadores, garantizan atención médica a sus aportantes, seguridad laboral, jubilaciones y pensiones.
8- Pleno funcionamiento y adecuado financiamiento de los sistemas de seguridad social contributivos, a partir del aporte obligatorio de todos sus actores.
9. La promoción de empleabilidad mediante el aprendizaje continuo y la mejora de las habilidades laborales a través de la educación, la capacitación y la formación técnico- profesional permanente de las y los trabajadores, con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad de nuestro sistema de producción.
10. La implementación del Convenio número 190 y las Recomendaciones 206 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en nuestro país, asegurando la contratación equitativa de género y diversidades y garantizando igual remuneración por igual tarea.
11. La participación gremial en las políticas de vivienda para asegurar que las necesidades de los trabajadores y sus familias sean tomadas en cuenta en la planificación y ejecución de programas de vivienda equitativos y accesibles para las y los trabajadores.
12. La protección de toda persona trabajadora y su familia durante su período activo por medio del sistema previsional y de seguridad social, garantizando jubilaciones ajustables automáticamente con los promedios de salario establecidos por las convenciones colectivas de actividades referenciales.
13. La disminución de la jornada laboral para garantizar el bienestar de las y los trabajadores, acordándolo por medio de los convenios colectivos y por actividades según las diferentes realidades.
14. La Educación Pública, Obligatoria y Gratuita, garantizada por la constitución nacional y sostenida por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, que en Argentina se consolida, fundamentalmente, a través de la Ley 26.206 de Educación Nacional, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.
15. La inversión en la obra pública para el impulso de políticas energéticas, viales, educativas y de salud y como generadora de trabajo genuino directo e indirecto. La participación del Estado en empresas de Servicios Públicos como transporte, energía, agua, y salud.