Cuando nos preguntamos: ¿Qué sociedad queremos? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante  tantas deudas naturalizadas y prácticas excluyentes  que se perpetúan en el tiempo  con las personas con discapacidad?

 Si nos enfocamos en este colectivo invisibilizado y excluido, existe un endeudamiento histórico que parece no acabar nunca haciendo referencia a sus derechos adquiridos, a la salud, a la educación inclusiva, a la vivienda, al trabajo, a la accesibilidad, a la participación en espacios políticos y sindicales, a la elección de la construcción familiar, a los derechos sexuales y reproductivos; derechos y más derechos… Todos plasmados en legislaciones internacionales y nacionales y lo más grave, acostumbrados a ciertas  actitudes deshumanizantes que violan esas competencias.

Con el Censo Nacional 2022 se actualizan los datos de cada ciudadano que habita en nuestra nación, pero no todos habitamos de la misma manera.

Esta era la oportunidad de conocer la situación de las personas con discapacidad en nuestro país, oportunidad que quedará también como DEUDA.

Sería interesante preguntarse entonces ¿cuáles serían  los motivos de esas deudas? o ¿cuáles serían los fundamentos para que las personas con discapacidad no accedan a sus derechos como las leyes lo indican? 

Si considerar a la libertad como el derecho a la vida; no poder elegir, es un hecho injusto y discriminatorio. Tomar nuestras propias decisiones o elecciones refleja la libertad del ser humano. Entonces estamos en un grave problema a la hora de definir el significado de la palabra LIBERTAD.

Es un gran desafío y compromiso político seguir construyendo nuestra sociedad con perspectiva de inclusión, desnaturalizando la idea de que las personas con discapacidad “no son capaces de”.

Despegarnos del poder de las creencias que producen realidades inhumanas y avasalladoras de legítimos derechos.

El acceso al empleo formal para las personas con discapacidad en nuestro país todavía es  un derecho vulnerado. Aún falta un largo camino por recorrer para que puedan contar con un trabajo digno con el que puedan solventar sus vidas.Dato que tampoco estará contemplado en el Censo 2022 para las personas con discapacidad.

Según la Ley, el Estado debe garantizar un cupo del 4% en el ámbito público, pero aun así según datos de la REDI Red de los derechos de las personas con discapacidad, solo alcanza el 1%.

En nuestro país, el 10,2% de la población son personas con discapacidad. A pesar de que muchas de ellas tienen la edad y la formación escolar o universitaria necesaria para ingresar al mundo laboral, encuentran barreras en la falta de oportunidades de trabajo para ellos.

Estos fueron los datos arrojados en el último CENSO nacional 2010.

La recolección de datos pertinentes será  otra Deuda pendiente con  este  Censo , donde las preguntas referidas a discapacidad ,de la manera que están elaboradas, no arrojarán los datos necesarios para elaborar políticas de Estado , que por derecho, tal como o indita la Convención Internacional de las personas con discapacidad .let 26.378 art 31 lo afirma.

Es clave la participación del colectivo de personas con diversidad funcional a la hora de gestionar transformaciones donde la EQUIDAD sea el pilar para un sociedad justa en oportunidades.

Las personas con discapacidad se encuentran mencionadas en la Agenda 2030, al ser identificadas como  grupos de vulnerabilidad cuyos derechos deben ser garantizados.

Que la historia declare  a nuestra Argentina como a una sociedad justa en oportunidades, dónde ningún acto de discriminación sea naturalizado, donde a la hora de estimar, estén en primer lugar los derechos humanos, resignificando el valor de la humanización, reemplazando la palabra deuda por cumplimiento de nuestros derechos.

Que nuestras leyes sean coherentes con nuestras acciones, interpelados por la grandeza de cada ciudadano inmerso en una sociedad solidaria, libre  e  incluyente.

Por Prof. Sandra Ferrero
Docente de apoyo a la Inclusión