El Presidente Mauricio Macri anunció, el lunes pasado, la reforma del Sistema de Defensa Nacional. Los cambios que el Gobierno planteó implican un avance represivo con mayor injerencia de los militares en la seguridad interior. Ante este decreto, y con la certeza de no querer repetir “nunca más” la historia trágica del país, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) manifestamos nuestro rotundo rechazo.
El decreto 683/2018, modifica y elimina otros aprobados en 2006 que definían un alcance limitado y el control civil de las FFAA, y además estipulaban la organización, funcionamiento y atribuciones de esa fuerza. Entre los fundamentos de la presente reforma se encuentra flexibilizar la incumbencia de las Fuerzas Armadas sosteniendo que “las agresiones de origen externo no son solo de carácter militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”.
Bajo esta premisa ambigua se ampliará el rol y el poder militar, ya que su interpretación resulta lo suficientemente amplia como para ser utilizada en una diversidad de ocasiones. Implica, entonces, una aceptación abierta de las llamadas "nuevas amenazas" entre las que se incluye, de manera genérica, al "terrorismo" y el narcotráfico. Con idéntico criterio, donde no es necesario que la agresión externa tenga origen en un Estado extranjero, se podrían incluir diversas acciones represivas, incluso las relacionadas con cualquier forma de protesta.
El decreto, asimismo, asigna al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea la "tutela" de "objetivos estratégicos". Aquí la formulación también resulta lo suficientemente amplia como para que pueda ser aplicada, por ejemplo, a acciones de trabajadores que decidan, por caso, realizar una toma de establecimientos o un corte de calle.
Desde SADOP afirmamos que militarizar las funciones policiales es contraproducente en términos de seguridad ciudadana. Pretender que las FFAA se dediquen a tareas de seguridad interior no sólo atenta contra lo establecido por el consenso democrático construido alrededor de las leyes de defensa y seguridad, sino que desvirtúa su misión principal que es proteger la soberanía nacional de amenazas externas.