El negocio de la salud
El modelo neoliberal impulsa una reducción del Estado y su capacidad de intervención que favorece la destrucción sistemática de derechos junto con la profundización de las inequidades y la injusticia social.
En el campo sanitario, distintos organismos internacionales vienen impulsando reformas en los sistemas de salud de los países con el objetivo de garantizar la atención sanitaria a través de la contratación de seguros de salud como respuesta a los problemas de cobertura, financiamiento y calidad de los sistemas actuales.
Estas reformas promovidas por organismos como el Banco Mundial y la OMS están asociadas a un discurso más amplio sobre los procesos de modernización del Estado que buscan un supuesto incremento de la eficacia y eficiencia, la transparencia, la contención del gasto público y el combate a la corrupción estatal. Todo esto sería alcanzado a través de la apertura total a agentes de mercado que regularían los procesos a través de la generación de competencia entre ellos.
Las empresas de seguro de salud suelen ser entes privados que compran prestaciones a los servicios de salud (hospitales, clínicas, laboratorios) para ofrecerlos a sus clientes, otrora conocidos como pacientes, funcionando como ese “agente de mercado” que regularía la calidad y transparencia del sistema de salud. El ejemplo más emblemático de este tipo de sistema es el aplicado en Estados Unidos, que preconiza la posibilidad del acceso a servicios de salud según la posibilidad y capacidad de pago del usuario generando grandes inequidades y distorsiones en la salud de la población.
En Latinoamérica, Colombia fue el país que implementó de manera más radical este tipo de reforma en su sistema sanitario.
El gasto en salud en Colombia aumentó sustancialmente, un dato que parece muy positivo teniendo en cuenta la baja inversión que ese país hacía en el área sanitaria.
No obstante, como en Estados Unidos, el gasto no presenta una correlación con las mejoras en la salud de la población. Al contrario, se vio disminuida la cobertura de varias vacunas, empeoró el combate a enfermedades como la tuberculosis y se produjo el cierre de varias camas hospitalarias.
¿Pero, cómo es posible elevar el gasto sanitario sin la obtención de resultados equivalentes y sin mejorar sustancialmente el acceso a la salud de la población? El objetivo principal de estas reformas no está relacionado con la mejora de la salud, sino con la generación de un lucrativo negocio basado en los principios del libre mercado. Bajo esta lógica, los servicios de salud son convertidos en productos que se pueden comprar y vender indiscriminadamente, pasando a ser una mercancía más en un sistema donde la acumulación de ganancias es el principal objetivo.
En este sistema, cada persona seria libre para ir al mercado y elegir el seguro que más le convenga según prestaciones a cubrir, cartilla de servicios disponibles y precio. Para cubrir la atención sanitaria de las personas que no pueden pagar por un seguro, el Estado deja de financiar la oferta de servicios públicos, considerados ineficientes per se, pasando a financiar directamente a las personas (financiamiento de la demanda), a través de una especie de “voucher” para que la persona pueda contratar su seguro. Otras veces el Estado tiene una especie de aseguradora pública que compra servicios de salud, fundamentalmente del sector privado. De esta manera todos tendrían su “carnet de medicina pre-paga”, segmentado por la capacidad de pago de cada familia o individuo y sin ningún mecanismo solidario intermediando la sustentabilidad económica del sistema.
Esta lógica genera un traspaso fenomenal de recursos públicos, que se usaban para el financiamiento de los hospitales y centros de salud públicos, al sector privado que pasa a tener un amplio acceso a los fondos estatales (una especie de AFJP de la salud). En este sentido se va dando un progresivo proceso de privatización de la salud y de creación de negocios con elevadas tasas de rentabilidad al menor riesgo posible.
La disminución del financiamiento sanitario nacional, el cierre de programas de salud, la subejecución presupuestaria, la pérdida de jerarquía del Ministerio de Salud de la Nación –transformado en Secretaría de Estado– y la actual autorización otorgada por el Estado para que la empresas de medicina prepaga ofrezcan planes con cobertura inferior al plan médico obligatorio, son indicios de que este tipo de reforma neoliberal en salud está siendo puesta en marcha en la Argentina. Es necesario debatir, principalmente en el actual contexto electoral, si se quiere seguir llevando adelante este proceso de reforma en el país o si es necesario recuperar a la salud como un bien público y colectivo, un derecho inalienable de la población.
Financiamiento educativo
¿Cómo se distribuyen los recursos en educación en Argentina? ¿Qué implicancias generó la descentralización de la educación en las provincias en materia de financiamiento? ¿Cuál es la tensión entre la Nación y las provincias? Comenzar con interrogantes nos lleva a la necesidad de comprender los principales elementos que configuran los mecanismos y flujos de los recursos en el marco del federalismo fiscal en el país. El financiamiento de la educación en Argentina se sustenta sobre un esquema de federalismo fiscal-educativo, en el cual, se cristalizó la tensión entre la centralización de los recursos por parte de la Nación y, la federalización de los servicios educativos (gastos) en las provincias.
La principal fuente de financiamiento educativo proviene de los ingresos públicos que surgen de la recaudación del Estado nacional y, en menor magnitud, las provincias. El mecanismo fiscal de distribución de los recursos se rige por la Coparticipación que implica dos instancias de repartición entre ambos niveles de gobierno. La distribución primaria, define qué parte de esos recursos serán para el Estado nacional y qué parte estará destinada al conjunto de las provincias, para las cuales, se establece una distribución secundaria, que estipula la participación relativa de cada provincia en la distribución de recursos totales.
Los fondos correspondientes a la distribución secundaria se giran por la Nación de forma automática. Una vez transferidos a las provincias quedan en manos de cada provincia, quienes lo ejecutan según sus prioridades presupuestarias, con excepción de la afectación específica que establece destinarlo exclusivamente a educación, como proporción de estos fondos coparticipados. Otra fuente de ingresos de los sistemas educativos provinciales son los programas educativos de origen del Estado nacional. Las transferencias no automáticas se destinan al financiamiento de políticas educativas específicas en cada provincia y su distribución es discrecional.
Comprendidas las reglas del federalismo fiscal-educativo pasemos a explorar las implicancias y la tensión que este mecanismo imprime al trípode del financiamiento educativo: i) en materia de distribución de recursos (nación-provincias), ii) la evolución del presupuesto de la Nación y iii) el destino de los fondos educativos en las provincias.
La equidad distributiva de los recursos entre la Nación y las provincias implica mayor correspondencia fiscal entre los recursos y gastos. En diez años, entre 2008 y 2018, la distribución primaria se mejoró en pos de las provincias: la nación pasó de 58 a 47 por ciento mientras que las provincias fueron de 42 a 53 por ciento. La teoría afirmaría que se imprimió mayor equidad en el federalismo fiscal del país desde el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el 2015, que estableció desde 2016, la devolución de recursos coparticipables a las provincias.
La segunda fuente de recursos surge del presupuesto de la Nación en materia educativa entre los años 2015-2019. El presupuesto educativo destinado por la Nación (excepto Universidades) hacia las provincias se vio reconfigurado en magnitud de recursos y en políticas educativas. En el 2015, se destinaron 18.461 millones de pesos a fondos salariales y 60.265 millones de pesos a políticas educativas (Infraestructura, Progresar, Conectar Igualdad, Infod, INET, Políticas Socioeducativas, entre otras).
Para el año 2019 se prevé un incremento del 6 por ciento en los fondos salariales, con una reducción del 60 por ciento en términos reales para las políticas educativas.
El tercer eje del trípode del financiamiento educativo implica ver hacia dónde se destinaron los incrementos de los recursos automáticos en las arcas provinciales.
Aunque los presupuestos educativos provinciales destinan más del 90-95 por ciento a los salarios docentes, en un contexto de holgura fiscal por el incremento de los recursos coparticipables, los salarios docentes entre 2015- 2018 registraron reducciones reales en todas las provincias. O sea, aunque disponen de un escenario fiscal con holgura inédito, la educación no resultaría ser la beneficiaria de estos recursos.
La tensión del federalismo fiscal-educativo expone la perversa lógica subyacente del financiamiento educativo, mediante la cual, la mayor o menor centralización de los recursos y su direccionalidad de política educativa parece estar lejos de constituirse como el óptimo en la educación del país.
