Por Prof. Sandra Ferrero
Asesora en Educación inclusiva
SADOP

Afirma la Vicepresidenta Gabriela Michetti en la Cumbre Global de Discapacidad en Londres 2018 que la Oficina de estadísticas y censo, ultima detalles para la publicidad del libro de resultados del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, dado que a su criterio, no existían estadísticas, y la  política que se observaba era muy desarticulada y con  respuestas diversificadas, por eso se pensó en el plan Nacional de Discapacidad 2017-2020 con 5 ejes igualdad-trabajo-educación y cultura-accesibilidad y salud.

Sin embargo en el libro Medición de la Discapacidad en Latinoamérica, la autora Liliana Pantano describe que existen Censos nacionales desde 1869, y que en 1999 se dispuso mediante la Ley 25211 incorporar la temática de la discapacidad en los Censos 2000 y 2010 que arrojaron, como estadística, que hay 5.114.190 personas con discapacidad en Argentina.

Mientras que  desde la Comisión Nacional de discapacidad (Conadis) con Silvia Bersanelli como presidente, se crearon bajo la ley de cheques 26 programas para derribar barreras que impiden la inclusión, como componente de la política Pública.

Estos programas estaban relacionados a la educación, al empleo, al deporte y al  fortalecimiento de los observatorios tanto provinciales como municipales, que de acuerdo al decreto 806 del año 2011 se  crea el Observatorio Nacional de Discapacidad, en el ámbito de la Conadis para hacer el seguimiento de la aplicación de esa Convención.

La Vicepresidente, desde su lugar como funcionaria no solo parece desconocer lo construido en materia de discapacidad y derechos humanos con anterioridad, sino que desvaloriza, desestima y niega los avances  reafirmándolos en estos dichos: “no se ha hecho un trabajo de centralización de la política de discapacidad y además no se convocó  a toda la sociedad para que haya una política de discapacidad”.

No nos olvidemos, que  aún no se restituyeron 15 mil pensiones no contributivas y 30 mil están paralizadas y esperando obtener el alta, desde hace más de 2 años.

Se sigue Incumpliendo  la Ley 24.901 y se percibe la falta de recursos por parte del Estado  para acompañar la inclusión educativa en todos sus niveles, no se cumple con el cupo laboral, y urge agilizar la entrega del CUD entre otras cosas.

Argentina retrocedió sin dudas, en materia de derechos según lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La discapacidad es una construcción social, por eso es  fundamental el paradigma que éste Gobierno adopte y el impacto de éstas políticas públicas en materia de discapacidad.

El Presidente agrega “acá tenemos un tema y lo hemos querido ignorar, esconder”. En una sociedad se convive con el otro, se visibiliza al otro estando con el otro, dándole su lugar y respetando sus derechos. Agrega además, “La dignidad de tener cada uno su vida propia”.

La dignidad se logra teniendo oportunidad para estudiar y trabajar con un salario digno y  en Argentina no están dadas las condiciones para que esos derechos se cumplan, ni en educación y en lo laboral.

Agrega también que la discapacidad es un tema “delicado y sensible” y relaciona la discapacidad con la pobreza, donde el estado debe estar presente y donde todos debemos tener las mismas oportunidades e iguales condiciones.

Esto tampoco está garantizado en la Argentina, dado que  no se normaliza la recuperación de las pensiones no contributivas para aquellas personas que solo dependen de este derecho para vivir, que no se cumple el cupo laboral y que las escuelas aún siguen excluyendo.

Lo que verdaderamente está en juego es el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y la mirada que se tiene sobre la diversidad.

Como dice Gabriel Brener en su libro Inclusión y calidad como políticas educativas de Estado, “ningún cambio de miradas, de paradigmas, se transita sin conflictos, sin contradicciones, sin discusión, nada se logra sin decisión política, sin construcción colectiva.

La efectividad de derechos supone la garantía del Estado de llevar adelante políticas públicas necesarias para que puedan ser vividos”.

Esta improvisación constante y eliminación permanente de proyectos  que venían funcionando con resultados positivos, no hace más que generar incertidumbre en las personas en situación de vulnerabilidad a la hora de pensar en la inclusión en todos sus aspectos.

El desafío en Argentina es poner como prioridad la discapacidad en términos de Políticas Públicas y definir el paradigma conceptual de donde se llevará adelante un Plan Nacional.