Por la Secretaría de Derechos Humanos SADOP Nación

El ‘Operativo Claridad’ y la desaparición cultural de los contenidos durante la dictadura militar[1]

Engranaje fundamental en el entramado de censuras, prohibiciones y acallamiento forzoso de cualquier expresión que representara una supuesta amenaza a la dictadura, la denominada ‘Operación Claridad’ se conformó como correlato al plan sistemático de desaparición de personas puesto que supuso la desaparición simbólica de aquellos bienes culturales bajo cuya sospecha podía encontrarse el fantasma del marxismo, como generalmente se englobaba a toda posibilidad –real o ficticia- de oposición. La ‘Operación Claridad’ incluía asimismo un procedimiento que propiciaba contenidos a impartirse en los establecimientos educativos a la vez que adoctrinaba a los trabajadores de la educación para conducirse como ‘buenos educadores’. Contracara de ello fue la participación de agentes del servicio de inteligencia que, en los mismos establecimientos educativo, funcionaban como espías, generando una red de delación que podía desembocar en la elaboración de las nefastas listas negras.

Operación Claridad fue un plan implementado por la dictadura cívico militar de 1976, en el marco del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, en el cual debía reunirse información para combatir los “focos subversivos” a través de la vigilancia, la identificación y el espionaje sobre personas del ámbito educativo y cultural. Esta operación devino en la oficialización de la censura, la prohibición de contenidos, la quema de libros, la confección de listas negras, en las que se incluyeron 231 nombres del ambiente cultural, artístico, educativo, estudiantil y periodístico, la mayoría detenidos y posteriormente desaparecidos. El detalle sobre la desaparición y el exilio de personas que figuraban en estos archivos secretos, que bajo ningún motivo debían ser conocidos, fueron hallados en 1996 y aún durante la gestión de Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa, continuaban hallándose, en noviembre de 2013, documentos relacionados con este operativo .
En el año 1977, la dictadura cívico-militar publicó el documento “Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo)” y lo distribuyó en los colegios del país al inicio del ciclo lectivo del ’78, siendo de lectura obligatoria para los docentes. A su vez, desde el Ministerio de Educación y Cultura, se gestó la “Operación Claridad”. Se trataba de un plan a través del cual se pretendía identificar a los opositores al régimen en el ámbito cultural y de lograr la propugnada articulación entre libertad individual y colectiva a través del orden. Los jerarcas de la última dictadura se sentían amenazados por ideas y proyectos extranjerizantes, por lo que buscaron restaurar los valores occidentales y cristianos y erradicar toda concepción ideológica que no fuera afín a esos contenidos.
Para cumplir con este objetivo, se organizó un aparato de espionaje dentro de las escuelas –infiltrando y espiando estudiantes, colocando en los cargos directivos agentes de las fuerzas de seguridad, logrando coaccionar a docentes y alumnos por igual- para detectar y delatar a quienes fueran opositores a los lineamientos educativos planteados por la dictadura y, a partir de esos datos, incorporarlos en las llamadas “listas negras”.
Los sucesivos ministros– Ricardo Bruera, Juan José Catalán, Juan Rafael Llerena Amadeo, Carlos Burundarena y Cayetano Liciardo- entendían que el ámbito de la cultura y la educación eran los más adecuados para que la supuesta “subversión” pudiera realizar su trabajo de captación ideológica. Por esa razón, trataron de ejercer un control estricto de esos dos espacios a partir de la producción de materiales que revelaran el accionar del enemigo y orientaran a los integrantes de la comunidad educativa para encarar la lucha contra él.
El “Operativo Claridad”, publicado en un suplemento del Diario Clarín el 24 de marzo de 1996, escrito por los periodistas Sergio Ciancaglini, Oscar Raúl Cardoso y María Seoane, en el marco de la conmemoración de los 20 años del golpe militar de 1976. El mismo fue divulgado por este medio a raíz del hallazgo de documentación que hace referencia a la política represiva y depuración ideológica, llevada adelante por el golpe; su organización e implementación.
Los periodistas autores de la nota definen al “Operativo Claridad” como “[…] un gigantesco operativo encubierto de identificación, espionaje e información a los grupos operativos militares sobre personas del ámbito educativo y cultural. Las víctimas fueron los llamados ‘oponentes’, estudiantes, docentes y artistas que no comulgaban con el llamado Proceso de Reorganización Nacional, iniciado con un golpe de estado hace 20 años” . Es decir, las violaciones a los Derechos Humanos realizadas por los militares y civiles en el marco del genocidio que comenzó el 24 de marzo de 1976, aplicadas dentro de los ámbitos educativo y cultural.
Siguiendo con el artículo periodístico puede comprobarse que, “tras el golpe se creó en el Ministerio de Cultura y Educación (MCE) un organismo de inteligencia encubierto bajo el nombre de Recursos Humanos” ; este dato surge de un memorándum enviado por el Ministro de Educación nombrado por el golpe de Estado, Ricardo Pedro Bruera a Jorge Videla, en el cual se estima que la “radicalización del accionar opositor de docentes, alumnos y no docentes en el quehacer educativo y de los elementos actuantes en el ámbito cultural y científico técnico adquiere una importancia tradicionalmente relevante sobre la cual resulta ocioso insistir”. Entonces se creó “bajo el encubierto nombre de Recursos Humanos un área que funciona como dependencia del Departamento de Asesores del Ministro […] ”
El memorándum es claro: “accionar opositor”, sin mayores especificaciones; surge de la lectura de los documentos que desde el Gobierno se implementó una política educativa tendiente a la identificación y eliminación de cualquier opositor. Así se describe en un documento elaborado por Gustavo Perramón Pearson, Secretario de Educación de la dictadura cívico militar, denominado “Directiva sobre la infiltración subversiva en la enseñanza”, en cuyas líneas sobresale que la “agresión marxista, está infiltrada en las aulas para inculcar conceptos que ponen en tela de juicio los valores fundamentales que sustentan la civilización occidental y cristiana. Del análisis de esta acción se puede determinar, con claridad, la conformación de un circuito cerrado de autoalimentación, en el cual las ideas inoculadas en el ciclo primario, son profundizadas en el secundario y complementadas en el terciario, revirtiéndose el rol pasivo de los alumnos, en rol activo como docentes” .
Continuando esta línea de pensamiento, el coronel Agustín Valladares expresaba que la “realidad del espectro sectorial nos muestra que, si bien los activistas terroristas fueron eliminados quedan aún, especialmente en los niveles terciarios y secundarios, los activistas ideológicos” .
“La operación estuvo destinada a detener a todas aquellas personas (…) que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de tales acciones [el golpe militar] o sobre las que existan evidencias de que hubieran cometido delitos o acciones de gran notoriedad contra los intereses de la nación y que deban ser investigados. Como segundo objetivo se establecía la ‘detención de oponentes potenciales en la medida en que éstos se manifiesten’. Así, ‘las personas de significativo grado de peligrosidad debían alojarse en unidades penitenciarias y el resto en dependencias militares, y agrupadas según el trato que la autoridad militar de zona estime se le debe dar al detenido’” .

Dossier

Censura en los textos de educación

¿Por qué se prohibieron textos en el marco del “Operativo Claridad”?

Lista de libros censurados por la dictadura militar
Noemí Beatriz Tornadú y Carlos Joaquín Durán, Dulce de Leche, Cuarto Grado, Editorial Estrada. Comisión evaluadora del Consejo Nacional de Educación. Resultó objetado, por posturas laicistas del texto, prescindente de representaciones religiosas, las mariposas no podían migrar porque no vivían más de 24 horas, enumera la autora.

“Doctor Catalán: esto debe preocuparlo”, arengaba un título de la Revista Gente, publicado en abril de 1978, intencionalmente dirigido a llamar la atención del entonces ministro de Educación sobre el libro de historia “Las edades moderna y contemporánea”. La obra escrita por los profesores Juan Bustinza y Gabriel Rivas, publicada por la Editorial Kapelusz cinco años antes, hasta entonces había gozado de reconocido prestigio entre los docentes, tanto del ámbito privado como del público. El país viene de una guerra armada e ideológica –argumentaba el artículo de la publicación-. Y la ganó gracias al valor y sacrificio de muchos. Pero la guerra no terminó. El enemigo aprovechará cualquier fisura para seguir con su trabajo destructor. Un área fundamental para ellos es la educación en los tres niveles. Su táctica es atrapar mentes y en especial la de los jóvenes, que son el futuro de la nación (…) no pretendemos desatar una caza de brujas, pero el lenguaje y la ideología que estos libros expresan, se parecen demasiado a la ideología que proponen los subversivos marxistas en la prédica diaria. Creemos que esto debe ser controlado y corregido. El autor de la nota –que no está firmada- cuestionó fragmentos del libro referidos a la historia de los siglos XVIII y XIX: “Se forma un proletariado urbano que, ante la desigualdad social y el descenso de los salarios, apenas puede subsistir con su trabajo”. Un par de semanas después, el 3 de mayo de 1978, el texto de estudio fue prohibido por resolución número 555, del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. “Los profesores de la asignatura Historia de la Edad Moderna y Contemporánea que se dicta en el segundo año de la enseñanza media no utilizarán, ni recomendarán a sus alumnos el libro de texto titulado ‘Las Edades Moderna y Contemporánea’”, afirma el documento.
El libro debía ser excluido de todas las bibliotecas escolares: ‘su contenido no contribuye a la consecución de los objetivos que en materia educacional se ha fijado el Proceso de Reorganización Nacional; contiene transcripciones e ilustraciones que resultan inconvenientes para los alumnos por sus connotaciones ideológicas, lo mismo que las preguntas, comparaciones y actividades que se formulan para interpretar los textos y grabados reproducidos; (…) que es preciso adoptar medidas con carácter de urgente para que no se distorsione el proceso educativo”. “Editorial Kapelusz vio prohibido el texto y barrió toda la producción de esos autores, aún de aquellos manuales que no habían merecido sanción oficial (Historia I), como forma, supuestamente, todo su fondo editorial, principalmente dirigido a estudiantes y docentes y evitar el riesgo mayor de ver afectado su negocio por medidas persecutorias oficiales”
“De los documentos, públicos y secretos, emitidos por el gobierno militar, se desprende la importancia crucial que las autoridades daban a los libros como difusores de ideologías, ya sea de la propia doctrina o de la de los ‘oponentes’, como eufemísticamente denominaban a quienes pensaban diferente de ellos. En este marco, la literatura infantil era un espacio que el ojo del censor vigilaba con firmeza. Se sentían en la obligación moral de preservar a la niñez de aquellos textos que –a su entender- ponían en cuestión valores sagrados como la familia, la religión o la patria. ‘Se trata de cuentos destinados al público infantil, con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica del accionar subversivo (…). De su análisis surge una posición que agravia a la moral, a la iglesia, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone’, sostiene el decreto Nº 3155 del Poder Ejecutivo Nacional, que el 13 de octubre de 1977 prohibió la venta y circulación de ‘Un Elefante Ocupa Mucho Espacio’, de Elsa Bornemann, porque en el libro se relataba una huelga de animales. ‘Por extensión arbitraria del mismo tuve vedado el acceso a todo establecimiento de educación pública (de cualquier lugar de la Argentina y de cualquier nivel) hasta que terminó la dictadura’ recordó la escritora” .
“El ámbito educativo en general, y los libros de texto en particular, eran un territorio particularmente apto no sólo para desterrar lo que se consideraba peligroso, sino para imponer una doctrina propia. Y, en esa tarea, las autoridades contaron con el apoyo de civiles y militares adhirieron activamente a las nuevas ideas. La educación sufrió un proceso de militarización al decir de la investigadora Carolina Kaufmann. Había representantes de las Fuerzas Armadas en los distintos niveles educativos que implementaron gran cantidad de proyectos ligado a lo castrense.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos SADOP Nación y a 42 años del golpe de estado cívico militar que dio paso a la más sangrienta dictadura de la historia nacional, resulta necesario compartir con el colectivo docente reflexionar permanentemente sobre las implicancias del Terrorismo de Estado. El ámbito educativo fue especialmente atacado, perseguido y cercenado por la peligrosidad que representaba la generación de un pensamiento crítico, el acceso al conocimiento y la reproducción de discernimiento como acción pedagógica transformadora. La devastadora consecuencia del terrorismo de estado fue la desaparición forzada de personas, entre quienes se encontraban más de quinientos bebés, niñas y niños apropiados a sus madres en cautiverio.
La defensa de la democracia representa para SADOP una construcción diaria, como ciudadanos y especialmente como docentes; su fortalecimiento depende de aquello que en la cotidianeidad afrontamos en las aulas y las calles, esa responsabilidad que no dejaremos de asumir ni delegaremos, con el profundo convencimiento que nuestro pueblo, seguirá el camino trazado por las Madres, las Abuelas, los Familiares y los Hijos e Hijas.
Incansablemente lograremos estar siempre unidos para que Nunca Más haya en nuestra patria Terrorismo de Estado.

[1] Trabajo basado en: MORESCO, Sandra “Educación y Terrorismo de Estado. La política educativa durante la dictadura militar (1976-1983) MORESCO Sandra. I.S.D.P.J.V.G. 2006”; editada para esta ocasión por la Secretaría de DDHH SADOP Nación.

[2] PINTO, Víctor. “Documentos secretos de la dictadura: Operación Claridad y listas negras” para CQAP. Info. Noviembre 6 de 2003.

[3] CARDOSO, Raúl. y Otros. “Los archivos de la represión cultural”. En Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Año LI, Nº 18010. Domingo 24 de marzo de 1996 Segunda Sección, pág. 2

[4] Ibídem. Col. 4

[5] Ibídem.

[6] SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. PERRAMÓN PEARSON, Gustavo. “Directiva sobre la infiltración subversiva en la enseñanza”. En CARDOSO, Raúl y Otros. Op. Cit. pág. 6

[7] VALLADARES, Agustín Camilo. “Informe sobre la situación”. 1981. En CARDOSO, Raúl y Otros. Op. Cit., pág. 3

[8] CARDOSO, Raúl. y Otros. “Los archivos de la represión cultural” En Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Año LI, Nº 18010. Domingo 24 de marzo de 1996 Segunda Sección, pág.3

[9] Trabajo basado en: MORESCO, Sandra “Educación y Terrorismo de Estado. La política educativa durante la dictadura militar (1976-1983) MORESCO Sandra. I.S.D.P.J.V.G. 2006”; editada para esta ocasión por la Secretaría de DDHH SADOP Nación.

[10] INVERNIZZI, Hernán y GOCIOL, Judith. Un golpe a los libros. Represión a la cultura durante la última dictadura militar. Buenos Aires. EUDEBA. 2002. pág. 123

[11] INVERNIZZI, Hernán y GOCIOL, Judith. Op. Cit., pp. 129-130.

[12] OSSANNA, Edgardo. “Los libros de texto para la enseñanza de la historia: entre la cientificidad y las demandas político- ideológicas”. Propuesta educativa Nº 8 Abril de 1993, en “Un golpe a los libros”, pág. 131

[13] INVERNIZZI, Hernán y GOCIOL, Judith. Op. Cit., pág. 110.