La norma establece que se debe garantizar un servicio mínimo en distintos servicios y, además, realizar un aviso previo de cinco días a la medida de fuerza. Sin embargo, si la actividad no está dentro del listado aprobado por la Legislatura, las partes pueden pedir su “evaluación” por la Comisión Técnica creada para arbitrar en este tipo de hechos.

“La Ley busca prohibir el derecho a huelga”, acusó María Lazzaro, Secretaria General de SADOP. “Esta situación es intolerable, por estos motivos llevaremos el tema a la CGT para que todo el movimiento obrero se oponga”, avisó.

La norma apunta a las actividades que puedan “tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica y gas y al agua potable”, detalla la Ley.

Además de cercenar el derecho constitucional al cese de actividades, la Legislatura de Córdoba aprobó, por 57 votos a favor, cinco en contra y ocho ausentes, el arresto de hasta tres días o una sanción de hasta cinco días de trabajo comunitario a aquellos que “sin incurrir en delitos contra la propiedad, interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos”.

De esta manera, Córdoba realiza el primer ensayo para prohibir el derecho a huelga, ocultar los problemas, sancionar y encarcelar a los trabajadores, una práctica oscura que ya ha sido utilizada en la historia Argentina. En tanto, el Gobierno nacional insiste con hablar de diálogo, pero no lo practica.

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María Lazzaro
Secretaria General
SADOP-CDN

Gerardo Alzamora
Secretario de Comunicación y Prensa
SADOP-CDN

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