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Mejorar la convivencia

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Por Gabriel Brener
Lic. en Ciencias de la Educación (UBA)
Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa en Ministerio de Educación

Cuando se hacen públicos acontecimientos en los que la escuela aparece ligada a algún hecho conflictivo, salen a florecer discursos especialmente punitivos que sostienen que se “han perdido todos los valores”. Lo habitual es que no se diga cuáles son estos valores, porque sólo cotizan en alza aquellos que son sostenidos por quien los enuncia, generalmente asociados a una nostalgia moralizante del “todo tiempo pasado fue mejor” vestida de neutralidad y “buenas costumbres”. Se anuncia a viva voz, y algunos medios son un actor fundamental en esta propagación, que se ha perdido toda autoridad y que hay que restaurarla, “a como dé lugar”. Ese “a como dé lugar” lleva implícita la necesidad de que las instituciones se sustraigan a sí mismas del cumplimiento de las reglas. Supone que hay que restaurar un orden a través de lo que se denomina “estado de excepción”. Y lo cierto es que el bronce o la madera pueden restaurarse, pero no es algo que pueda hacerse a través de la imposición. Ésta es una relación que se construye, en forma cotidiana, con contradicciones y dificultades. No se produce ni en forma lineal ni tampoco asegurándonos el resultado de antemano, sino con la convicción de que está emparentada con la confianza, que implica tomar un riesgo por un otro desconocido.

La autoridad se hace garante de la posibilidad de que ese otro crezca, aumente, aprenda, y pueda ser mejor que sí mismo y que su enseñante. Esto se hace a través de la enseñanza y el cuidado de las nuevas generaciones convencidas de la potencia de lo que irrumpe como nuevo y aceptando el reto de lo incierto que trae consigo.

Para garantizar condiciones para la construcción, y en especial el fortalecimiento de una escuela y una autoridad democráticas, es necesario promover desde los Estados Nacional y Provinciales las condiciones y herramientas para docentes y directivos en cada una de las escuelas argentinas. La Guía Federal de Orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas de la vida escolar es una herramienta estratégica para el abordaje institucional y colectivo en las aulas de todo el país. Fue elaborada a partir de una construcción participativa que buscó el consenso, es decir, construyó criterios de intervención desde lo que tenemos en “común” sin resignar la singularidad de las situaciones de cada jurisdicción.

En esa construcción, numerosos actores han sumado su experiencia, su saber, su posición, para enriquecer esta herramienta. Es así como organismos del Estado (SENAF, RENAR, INADI, entre otros), Universidades, especialistas en diversas problemáticas, directivos, docentes y estudiantes fueron parte del debate y pusieron letra en la redacción de la Guía Federal de Orientaciones.

La Guía es una política pública que sienta posición desde el Estado acerca de diferentes problemáticas sociales que los trabajadores resuelven desde su lugar, pero además es una herramienta que respalda su intervención educativa frente a situaciones complejas, algunas cotidianas y otras excepcionales. La Resolución 217/14 del Consejo Federal de Educación avala con la aprobación unánime de los Ministerios de Educación Nacional y los correspondientes a cada provincia, el contenido de la Guía y, en consecuencia, sus orientaciones.

En varios pasajes, se destaca la importancia del “cuidado comunitario”, porque entendemos que todos quienes participan de la vida escolar deben sentirse cuidados: niños, adolescentes, adultos, educadores, familias. Una forma de ejercer este cuidado desde el Estado es poner palabras sobre estas situaciones, reconocerlas, asegurar formación, espacios de reflexión y construcción de respuestas colectivas al interior de los colegios. El Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” da claras señales de ello y ofrece espacios de formación acerca de los contenidos de la Guía Federal de Orientaciones.[1]

La Guía pone en circulación conceptos, ideas y estrategias de intervención institucional que interpelan algunos prejuicios e incluso a cierto sentido común sobre las relaciones entre la escuela y la violencia. A la hora de construir las noticias sobre este tipo de hechos, una porción dominante de los medios masivos de comunicación son una pieza fundamental en la elaboración del sentido común en las sociedades contemporáneas, respondiendo en modo preponderante a las reglas de mercado. A partir de ellas, se ponen en circulación una proliferación de imágenes y representaciones que no sólo describen sino que también construyen la realidad de niños y adolescentes, de los alumnos de nuestras aulas. La lógica del mercado aplicada a la creación de productos mediáticos supone la búsqueda del impacto y la primicia en detrimento del discernimiento, la contextualización y la complejidad. Así, buena parte de los discursos mediáticos tienden a confirmar y extender los prejuicios que recaen sobre ciertos segmentos etarios, y más aún cuando éstos pertenecen a algunos sectores sociales en particular. 

La información estigmatizante sobre algunos sujetos sociales, la propagación irresponsable de estereotipos de docentes abatidos o impotentes, de alumnos violentos o indiferentes, así como las de una  escuela “a la deriva”, constituyen parte de esta mercancía mediática. La reflexión y el análisis crítico sobre los medios de comunicación son una herramienta clave para promover prácticas educativas menos excluyentes y más plurales, siendo al mismo tiempo un valioso ejercicio de ciudadanía responsable y democrática.   

Indudablemente conforman nuestro hábitat. Son parte de nuestro paisaje cotidiano, en la vía pública y en lo más íntimo de la vida privada, lo cual ha facilitado la naturalización de su presencia y de los contenidos que transmiten. En esos valores está presente una figura del otro, de lo que hay que cuidarse, o lo que puede ser peligroso, el temor al desconocido.

La “violencia escolar”, tal como es presentada habitualmente por buena parte de los medios, suele ser una mercancía mediática que en vez de informar y/o esclarecer seriamente contribuye a la espectacularización, a estigmatizar a los sujetos y las instituciones involucradas. Las situaciones de violencias de, en y hacia los colegios son un problema serio que debe ser sancionado  escolarmente y de ese modo fortalecer la convivencia democrática. Hace rato que la escuela dejó de ser ese lugar aislado del mundo para formar nuevas generaciones inmunes a lo que acontece a su alrededor. Sin embargo, su vida cotidiana es mucho menos violenta de lo que muestran los medios, y sigue siendo un lugar mucho más seguro que tantos otros en nuestra sociedad, lo cual no elude serios problemas a resolver.

Es clave incluir el debate sobre el papel de los medios con estas problemáticas; la propia guía ofrece pistas y orienta a las aulas, especialmente a quienes las conducen, para preservar el criterio de cuidado e integridad de nuestros estudiantes, que tantas veces son objeto de revictimización en estos casos[2] así como para proteger a los trabajadores de la educación en situaciones que suelen ser muy difíciles, irrumpen inesperadamente y con urgencias que no son las que debe atender la escuela, en las que muchas veces prima la necesidad de buscar culpables rápidamente, hacer de un dato una generalización, o la simple búsqueda del impacto y espectacularización mediática, razón por la cual resulta indispensable priorizar a la escuela y su comunidad para abordar y resolver el conflicto en su contexto institucional sin dejar de ofrecer la información pertinente y en forma cuidadosa que legítimamente requieren los medios. Porque, y vale esta necesaria aclaración, los medios de comunicación no son responsables de estas situaciones de conflictos y/o violencias en las aulas, pero la cobertura que realizan sobre éstas nos revelan que tampoco son ajenos.

A través de la Guía, el Estado da respuesta a estos problemas poniendo palabra y orientaciones para la acción y prevención de los conflictos en el colegio; una palabra reflexiva, construida sobre una lógica opuesta al estruendo espectacular. Porque la solución a las problemáticas de una institución fundamental como la escuela no puede provenir de los discursos producidos a partir del cálculo mercantil sino del Estado como representante del interés común.


[1]Se ha lanzado una serie de cursos de formación para preceptores, docentes, directivos, equipos de apoyo y orientación escolar a partir de septiembre de 2014, que integra a miles de cursantes, y que se ampliarán y reeditarán en 2015.

 

[2]En la guía se sostiene que “a veces, la forma de presentar la información vulnera los derechos de las personas involucradas y no ayuda a la comprensión del fenómeno, esto es, no se plantea aquí

no vincularse con los medios de comunicación, sino hacerlo con expreso cuidado de

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En otras oportunidades, propicia el prejuzgamiento

de un fenómeno, refuerza la circulación de rumores y adjudica responsabilidades sin

la investigación adecuada. Son muchas las situaciones en que se produce la revictimización de

niñas, niños y adolescentes frente a la reiteración permanente del problema y sus consecuencias

por parte de los medios”.