Por Mario Almirón
Secretario Gral. Sindicato Argentino de Docentes Privados
Diario El Cronista Comercial
Los últimos diez años significaron una ampliación de derechos, un cambio sustancial y refundacional para la educación Argentina.
Todo lo obtenido, con Justicia Social, no será jamás patrimonio de un Gobierno sino que permanecerá como un activo del Pueblo.
Durante más de una década, estos avances han sido una constante. Se ve en las 1.742 escuelas construidas, las más de 5 millones de netbooks entregadas a docentes y alumnos dentro del programa ‘Conectar Igualdad’, y, principalmente en la Ley de Financiamiento Educativo (26.075), sancionada en diciembre de 2005 y promulgada en enero de 2006, que prevé un avance muy importante en el presupuesto de educación dentro del Producto Bruto Interno (PBI).
También tenemos que destacar la Ley de Educación Nacional (26.206), que estableció la enseñanza media obligatoria, entre otras cosas; el Programa Nacional de Alfabetización; y el Programa Nacional de Inclusión Educativa, con el cual más de 100 mil niños y jóvenes regresaron a la escuela con las becas ‘Todos a Estudiar’.
Sin embargo, la rapidez con la que se mueve el mundo hace que constantemente se esté pensando en nuevas metas para la educación. Y esto, claro, siempre acompañado por un Estado que genere los medios para avanzar en la dirección correcta.
Es por eso que será fundamental que continúe el aumento de la inversión en educación dentro del PBI. Llevarlo del 6,5%, que se impuso hacia 2010, al 8% y modificar la Ley de Financiamiento Educativo para garantizar el efectivo cumplimiento de las pautas fijadas en la norma de Educación Nacional.
De esto dependerá la puesta en marcha de otras materias pendientes, como la necesidad de implementar la doble jornada completa en todo el país. Esto resulta fundamental para ofrecer una educación íntegra y, finalmente, sacar a los niños y adolescentes de las calles y así brindarles contención y apoyo escolar. Para esto, los colegios deberán modificar su infraestructura, sumar aulas, comedores, y refaccionar lo que ya está construido. También significará un avance en materia laboral, ya que esto abrirá nuevos puestos de trabajo y, por consecuencia, se creará una gran fuente de empleo.
Por otro lado, un aumento en el presupuesto educativo servirá para asignar partidas para las universidades, manera tal que también acompañen el crecimiento educacional. Entre 2003 y 2014 se crearon 9 nuevas casa de altos estudios.
En infraestructura universitaria se invirtieron entre 2003 y 2013 alrededor de un billón cuatrocientos mil pesos y la matrícula creció un 28%, con un millón ochocientos mil estudiantes.
Ese es el camino a profundizar, para que quienes salgan del colegio mantengan el acceso a una educación universitaria digna y eficiente.
Entonces, quien sea presidente a partir de 2015 tendrá la necesidad de ahondar lo ya hecho, que, por cierto, ha sido mucho, teniendo en cuenta que la educación es un Derecho Humano básico que debe formar personas libres con conciencia social y capacidad de decisión.
Por último, habrá que seguir avanzando en el Acuerdo Marco paritario para más de un millón de trabajadores de la educación, garantizando mejores condiciones laborales, formación permanente y mejor salario. Los candidatos debieran, así, garantizar el reclamo de los docentes, para cumplir con las metas impuestas y sortear nuevas.
