Por Horacio Ghilini
Secretario de Relaciones Institucionales de SADOP – Consejo Directivo Nacional, y Secretario de Estadísticas, Registros y Defensa al Consumidor de la CGT
En un contexto post devaluatorio, con la inercia inflacionaria del crecimiento económico y con las frustradas maniobras e intentos de desestabilización que se profundizaron a comienzos de 2014, los esfuerzos del Gobierno Nacional por retomar un sendero de credibilidad y confianza en las estadísticas oficiales resultan centrales. No sólo para el movimiento obrero organizado de cara a las paritarias sino para el total de la población cuyo Estado recupera un instrumento fundamental para la planificación y el devenir económico.
Se trata de que, en el marco de una fuerte disputa por la hegemonía política y económica del país, sea nuevamente un organismo público y en representación del total de la población el que se ocupe de la medición de las variables sensibles. Los resultados de las estadísticas no son neutrales. En tal sentido hemos visto cómo los grupos desestabilizadores se han encargado de elaborar y difundir masivamente el índice “opositor” con cifras mentirosas, improvisadas y sin sustento, con valores absolutamente funcionales a elevar las expectativas y llevarnos a una nueva devaluación y a una espiral inflacionaria.
El alto consenso entre los especialistas que ha generado un valor como el 3,7% para el mes de enero, es el primer paso para lograr confianza en las estadísticas públicas y una convergencia entre los distintos actores de la percepción del proceso inflacionario.
En este nuevo escenario, el movimiento obrero tiene tres frentes que atender: 1) colaborar para evitar el incremento desmedido de los precios especialmente por nuestra capacidad de estar informados sobre la cadena de valor; 2) Defender el poder adquisitivo del salario y el mercado interno; 3) fortalecer al Estado para que pueda instrumentar la distribución de las ganancias de los beneficiados con esta “nueva competitividad”.
Para el sector más rezagado salarialmente, cabe la devolución del IVA de una canasta básica, ya que mejoraría el poder adquisitivo sin generar inflación; para los sectores medios, paritarias libres y retomar la reforma impositiva; y para compensar esta transferencia, ir hacia una reforma tributaria sobre rentas extraordinarias y comercio exterior.
El día después
Las circunstancias parecen indicar que lo peor ya pasó. Que el plan conjurado para socavar la democracia llevando el dólar a $12,51, provocar una megadevaluación y disparar una hiperinflación que se llevara puesto al gobierno, ha sido frustrado.
No obstante, no podemos soslayar la magnitud del daño que provocaron los sectores económicos concentrados, en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos. Pérdida de reservas, devaluación, suba de tasas y aumento de precios, constituyen el saldo negativo más visible, pero no el único.
Asestaron el golpe en un momento especial, en el que inmensos contingentes de trabajadores estaban de vacaciones y poco después de que el gobierno lanzara el auspicioso Plan PROGRESAR. Como un rayo en un cielo despejado, y usando como ariete maniobras especulativas sobre las divisas, desencadenaron una batería de recursos para generar el caos.
En ella, además de los cipayos vernáculos, también jugaron sus fichas referentes internacionales del neoliberalismo como el presidente español, Mariano Rajoy, y el premier italiano, Enrico Letta. Un poco tarde, también se sumaron al festín destituyente los senadores norteamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez.
Provocaron una peligrosa crisis política en la que la oposición, de izquierda y de derecha, mantuvo un silencio vergonzante.
Aunque no lograron sus objetivos de máxima, hicieron una demostración de poder con la que, además de erosionar la institucionalidad democrática, se apropiaron en cuestión de días de una parte de la renta nacional a expensas de los trabajadores y de los más humildes en general.
Como en todos los momentos en que el gobierno llamó a defender el Proyecto Nacional y Popular, los trabajadores enrolados en la CGT que conduce el compañero Antonio Caló estuvimos presentes para brindar nuestro apoyo. Porque los trabajadores organizados, como afirmó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, somos el sostén incondicional del modelo, y los más interesados y comprometidos en su profundización.
Por lo expuesto, el resultado de las paritarias no debe generar preocupación en el sentido que desde hace diez años estamos demostrando que, a través de este maravilloso instrumento de negociación, las partes llegamos a concertar acuerdos justos y razonables sin que los mismos generen inflación. Todos sabemos que la incidencia de los salarios sólo representa una pequeña porción en los costos de los bienes y servicios que no justifica traslados significativos a precios.
También sabemos que si fracasa el proyecto del gobierno, más que al ámbito paritario los trabajadores volveremos al fango de la desocupación y la miseria de los años 90.
Los sectores conservadores y sus aliados están jugando a dos desenlaces posibles. El grupo de los desestabilizadores trabaja incansablemente en la estrategia del caos y, en este escenario, buscarán incrementos irracionales de precios y salarios para despertar en las memorias colectivas los fantasmas hiperinflacionarios y, de esta forma, demostrar la inviabilidad de un Proyecto Nacional y Popular en la Argentina.
La alianza entre el poder económico neoliberal y el movimiento devaluacionista le disputa la hegemonía al proyecto –legitimado por el pueblo, recordemos, nuevamente en 2011– a través de golpes de mercado que buscan debilitar al gobierno y fortificar a los grupos concentrados que, por un lado, se capitalizan financieramente a través de sus cuentas en dólares en el exterior, y, por otro, promueven alternativas políticas conservadoras que salvaguarden sus intereses.
A mediados de enero de 2014, en medio del golpe de mercado "a dos bandas" –corrida cambiaria y venta masiva de las acciones de empresas públicas– el gobierno tomó la determinación de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal con la doble estrategia de, por un lado, dejar depreciar el tipo de cambio oficial y, por otro, permitir que las demandas de atesoramiento de divisas de personas físicas, que antes se cursaban por el mercado ilegal y promovían su alza, hoy pasen a canalizarse en el mercado oficial. Esta flexibilización es positiva porque desconecta el micro-atesoramiento de las clases medias del andamiaje especulativo que está detrás del dólar ilegal. Recordemos que en estos meses la sociedad, al igual que los pequeños chacareros con la 125, fue víctima de los grandes grupos concentrados.
Los riesgos de esta medida son los de toda devaluación: que los grandes monopolios la trasladen a precios y que los costos los termine pagando el sector trabajador con pérdida de su poder adquisitivo. En este sentido, es importante destacar que en los momentos en los cuales se firmaron los acuerdos de precios para alimentos el dólar cotizaba alrededor de $ 6,5 y que, por lo tanto, el nuevo precio del dólar implica una devaluación de casi un 25% en menos de un mes. Esta medida era reclamada como bandera por un grupo importante de capitales concentrados. La incógnita a partir de ahora es saber si van a hacer lo que vienen pregonando mediáticamente, invertir en mejorar la competitividad, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, o si, por el contrario, volverán al viejo comportamiento de aumentar los precios en el mercado interno, quitarle poder adquisitivo al trabajador, concentrar el ingreso en sus manos y fogonear el proceso inflacionario hasta la desestabilización. En el caso de que opten por este segundo camino, a diferencia de otros momentos históricos, hoy los trabajadores contamos con las herramientas institucionales y legales necesarias para defender nuestra participación (control de precios, paritarias, etc.). Es imprescindible recordar que la recuperación del poder adquisitivo del trabajador no es sólo una cuestión de derecho y Justicia Social, sino que es el motor del crecimiento económico de este modelo.
Las devaluaciones no se trasladan a precios de forma automática sino que dependen de la relación de fuerzas de cada momento. La lucha por la distribución del ingreso es permanente y se juega en los mercados todos los días. Si bien es cierto que en esta puja el movimiento obrero corre con la desventaja de que tiene que negociar sus salarios –mientras que el capital concentrado fija los precios unilateralmente– una correcta regulación estatal de los mercados de bienes de consumo masivo, conjuntamente con el control nacional de la producción de insumos básicos, es una combinación que puede ser exitosa en contener la ambición alcista de muchos y encaminar las expectativas hacia un escenario de estabilidad política. En definitiva, el goteo de dólares se aceleró en el último período, y el Banco Central decidió utilizar una medida de shock para cortar esta tendencia y mejorar la capacidad competitiva de las economías regionales y de las PyMES exportadoras. Sin embargo, la pulseada final es política y nuestro éxito va a depender de fortalecer la densidad de un Proyecto Nacional que nos contenga a todos.
Por otro lado, hay que decir que la facción de los especuladores financieros internacionales está ejerciendo presión para someter a un país solvente como el nuestro a un problema de liquidez que lo obligue a olvidar las políticas redistributivas a cambio de la estabilidad monetaria. Este último caso sería el de la estabilidad condicionada a volver a las recetas neoliberales.
Ante estas presiones corporativas el proyecto político actual necesita el acompañamiento de las fuerzas políticas, sindicales y sociales a las que el golpismo pretende escarmentar por haber hecho posible con su voto conquistas tales como la renegociación en 2005 de la deuda externa con quita del más del 60% del pasivo heredado del neoliberalismo; la nacionalización de los fondos jubilatorios, terminando con el manejo fraudulento que hacían las AFJP con la plata de los jubilados; la ampliación sin precedentes de jubilaciones y la cobertura social a la maternidad, la infancia y la adolescencia; y tantos otros logros como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la nacionalización del 51% del paquete accionario de YPF. El escarmiento que el golpismo prepara sobre el pueblo es proporcional a los avances que logró en la década ganada.
En la situación actual, una de las jugadas especulativas que maneja el golpismo de mercado tiene por protagonistas a cerealeras y grandes acopiadores de granos, que utilizan el poder de mercado que tienen sobre la oferta de dólares para forzar al gobierno a tomar medidas que beneficien sus intereses.
Pero el Movimiento Obrero Organizado no es una Secretaría de Estado ni una fuerza de choque. Desde su autonomía debe defender el poder adquisitivo del salario y el mercado interno, motor principal de este modelo. Esto lo podemos hacer colaborando en el control de precios, monitoreando los costos en las cadenas productivas, pero fundamentalmente, empoderando al frente nacional para neutralizar los embates de los poderes concentrados antinacionales.
De la misma manera, unidos y organizados, acompañaremos toda medida que el gobierno asuma para profundizar el modelo.
Porque en esta pugna por la redistribución de la riqueza nacional no admitimos ni un paso atrás.
