Por Milena Lamonega
Prosecretaria de Universidades
Secretaría Gremial de SADOP
La tarea de los docentes de universidades de gestión privada se desarrolla en un contexto de inestabilidad y precarización de la relación laboral. Esta situación se sostiene por la aplicación inadecuada de contratos a plazo fijo, conforme los períodos de dictado de clases de las cátedras; los fraudes a la ley a través de la utilización de figuras no laborales, como la exigencia de que los docentes facturen su tarea en calidad de monotributistas; el pago por producción o a destajo y otras modalidades de contrataciones también contrarias a la normativa laboral que rige al sector.
La precarización de las condiciones de trabajo de los docentes universitarios privados se visualiza, además, en el pago de salarios paupérrimos, que en muchos casos están muy lejos de cumplir la exigencia de pago del Mínimo Vital y Móvil (base mínima salarial para los trabajadores), en la imposibilidad de acceder a licencias y vacaciones pagas, por la reiterada denegación del acceso al régimen de asignaciones familiares, y en la naturalización del trato desigual entre profesores de la misma o distintas casas de estudios que se desempeñan en iguales tarea en igual condiciones personales y profesionales; en todos los casos se trata de derechos conculcados en el sector.
En esta situación, en la carga global de trabajo (física, mental y psicosocial) la incertidumbre por la continuidad de las horas precariamente asignadas y sus consecuencias respecto a la protección integral de la salud y la cobertura de la previsión social, como así también la generalizada carencia de pautas objetivas y explícitas respecto a la carrera docente que brinden un piso de igualdad de acceso a puestos de mayor jerarquía, facilitan un escenario de trabajo que daña la integridad psicofísica del trabajador.
Si bien existen muchas universidades en las que algunas de las situaciones descriptas no se producen, el común denominador es la falta de escala salarial de referencia establecida conforme a pauta escalafonaria y de antigüedad que merite, además, la dedicación del docente, así como también el reconocimiento de licencias y condiciones de labor específicas que otorguen respuestas a las particularidades de este nivel educativo; pautas que deben ser comunes a todos los docentes de universidades privadas del país como medio para establecer los pisos de reconocimiento de derechos mínimos en pos de la concreción del trabajo digno.
La fragmentación que expresa hoy el sector en relación a las condiciones de labor de los docentes no sólo afecta a éstos últimos; genera condiciones inequitativas entre las casas de estudios además de una creciente conflictividad. Y todo ello impacta en la calidad educativa buscada.
Sin embargo las patronales del sector son constantes en el intento de desconocer la representatividad gremial de SADOP, rémora contra la participación sindical de los docentes como medio para mantener el estado actual de las cosas, su status quo. La negativa a la Negociación Colectiva expresada en la judicialización de la decisión de la Autoridad de Aplicación del Trabajo, que ratificó a SADOP para dicha negociación, y el intento de evitar la elección de delegados en algunas universidades, entre otras acciones antijurídicas, muestran flagrantemente la práctica antisindical que afecta los derechos colectivos de nuestros compañeros.
Tales prácticas contrarían el carácter democrático exigible que debe impregnar la conducta de todos en todo ámbito, en nuestro caso, en el mundo del trabajo, la educación y la universidad. La realidad debe construirse con la inclusión de todas las voces, de todos los actores y de todos los intereses produciendo la síntesis mediante acuerdos o convenciones, pero siempre sobre la base de equilibrar las relaciones protegiendo a los más débiles, única forma de consolidar la Justicia.
Convencidos de que la práctica educativa conlleva una práctica ética que nos desafía a asumir un gran compromiso con la comunidad, los docentes damos testimonio de la democracia social a la que aspiramos, organizándonos en cada una de las universidades privadas, eligiendo representantes, generando las instancias de debate, exigiendo el cumplimiento de las leyes laborales y buscando el reconocimiento de derechos que mejore nuestra vida y la tarea que llevamos adelante.
SADOP está movilizado detrás de estos objetivos, realizando encuentros en todo el país con delegados, afiliados y referentes de las universidades, relevando las diferentes realidades y articulando los esfuerzos para potenciar nuestra acción.
Sin pausa avanzamos en la representación como así también en la inserción de nuestra problemática en la agenda política, expresión de ello es el Proyecto de incorporación del Artículo 68 bis en la Ley de Educación Superior N° 24.521, sobre igualdad de derechos laborales para los docente de universidades privadas de todo el país.
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados por la Diputada Adriana Puiggrós y el Diputado Héctor Recalde, el 29 de Mayo del corriente año, recoge con exactitud la situación que he descripto en el presente artículo y plantea la equiparación de derechos como justa solución a la desigualdad que nos afecta respecto de los trabajadores docentes de universidades nacionales, incluidos los derechos previsionales, además de promover la negociación colectiva del sector.
Esta iniciativa cuenta con el total apoyo de nuestra organización, atento a que el legislador hace un reconocimiento explícito de la realidad sistemáticamente denunciada por SADOP, avanzando en pos de la solución que a todas luces pone racionalidad, justicia y garantiza los presupuestos mínimos y éticos desde donde se aborda la noble tarea de la educación en este nivel académico, tanto para el Estado Argentino como para la actividad privada. Dando cuenta de una profunda sensibilidad social, los compañeros diputados materializan la consigna “la patria es el otro”, creando la norma donde está la necesidad.[i]
Somos artífices de nuestro destino. Por eso seguimos convocándonos a modificar las condiciones materiales que nos sujetan como trabajadores a un estado de precariedad que no condice con la dignidad de nuestra labor.
El trabajo digno es un derecho humano esencial que debe contemplar el desarrollo.
Artículo 1º.– Incorporase el artículo 68 bis en el Título IV, Capítulo 5 de la Ley 24.521, de Educación Superior, que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 68 bis.- Los docentes de las Universidades Privadas tendrán los mismos derechos laborales y previsionales, y deberán observar los mismos derechos y obligaciones que los que corresponden a los docentes de Universidades Estatales, tal como lo establecen los artículos 11° y 12° de la presente Ley.
A partir de la sanción de la presente Ley, deberá entrar en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente y la convocatoria a las negociaciones colectivas.
Art. 2°.– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario Oporto: “Si la Educación es pública, con dos gestiones diferentes, estas tienen que estar equilibradas”
Durante la charla con Mario Oporto, publicada en este mismo número de La Tiza, consultamos al Diputado Nacional sobre el proyecto de Ley presentado por Adriana Puiggrós y Héctor Recalde para que los docentes de universidades privadas tengan los mismos derechos laborales y previsionales que sus pares estatales. Esto es lo que nos respondió:
“Acompañamos el proyecto porque sabemos que la educación pública tiene dos tipos de gestión: una del Estado y otra privada. Además, existe el imaginario de que los docentes de establecimiento privados son privilegiados que ganan sobresueldos en escuelas de elite, y eso es una minoría muy grande. La mayoría trabaja en escuelas parroquiales, de barrios populares o de pequeña empresa de clase media, algunas de ellas con muchas dificultades, con atrasos en los aportes, inclusive con los pagos de sueldos. Entonces, toda ley que tiende a la igualdad es correcta.
Las universidades privadas muchas veces ofrecen cátedras muy mal pagas, con condiciones laborales muy estrictas, y casi lo único que hacen es darle al profesor un cargo universitario, no un trabajo. Este proyecto va acompañado de otra iniciativa de Puiggrós, de establecer que los estudios de grado universitarios también sean gratuitos para la educación estatal. La Ley dice que la educación es un derecho social, y por lo tanto, no es una actividad mercantil y tener pautas vinculadas a las comerciales. Si la educación es pública, con dos gestiones diferentes, estas tienen que estar equilibradas.”
