Expropiación de YPF, Recursos Naturales y Federalismo en el Siglo XXI

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Por: Ricardo Goñi[1]

La expropiación del 51% del paquete accionario de YPF en manos de Repsol S.A. insinúa que un nuevo debate se cierne en el país: ¿quién debe ejercer el dominio (o el poder sobre la cosa, o la propiedad, o la soberanía) sobre los hidrocarburos y, más en general, sobre los recursos naturales? La cuestión surge por uno de los párrafos del proyecto enviado al Congreso: “las acciones sujetas a expropiación de la empresa YPF S.A. quedarán distribuidas de la siguiente manera: el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos” (Artículo 8°). Es decir, del 51% de las acciones expropiadas a Repsol, un 51% queda para el estado nacional y el resto (el 49%) se distribuyen entre las diez provincias de la OFEPHI: Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz  y Tierra del Fuego. ¿Y para las otras provincias qué?

El tema es así: a partir de la reforma de 1994, la Constitución Nacional establece taxativamente: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Artículo 124), una cuestión no analizada convenientemente (¿no?) por los ambientalistas y políticos “progresistas” que participaron o hicieron lobby en la redacción del texto constitucional de entonces. En perspectiva histórica, hoy parece irrefutable que ese texto (que de ninguna manera favorece a las provincias ni al “federalismo” como se invoca) guarda una absoluta coherencia con la perversa lógica neoliberal de los ‘90, una lógica de desintegración y entrega sistemática de los recursos naturales que se inicia con la federalización de los hidrocarburos (Ley Nacional Nº 24.145/92) durante la presidencia de Menem. En consecuencia, conforme al artículo antes citado de la Constitución Nacional, el dominio originario de los hidrocarburos corresponde a las provincias que poseen los yacimientos en sus territorios. Las demás, bien gracias. Queda claro, entonces, que esto no es responsabilidad del gobierno nacional, sino que es un asunto que concierne al texto constitucional, sobre la cual debería abrirse un debate

 ¿Por qué resulta inconveniente el actual estatus jurídico de los recursos? En primer lugar, porque generalmente los límites físicos de los ecosistemas exceden largamente las fronteras provinciales. Ello genera una fragmentación de los mismos y, consecuentemente, un desmembramiento en el tratamiento de los problemas y potencialidades que le atañen. Sobran ejemplo al respecto: uno de ellos es el caso de los bosques autóctonos de ñandubay y espinillo (últimos representantes de la denominada “Provincia del Espinal”) que ocupan una extensa franja en forma de “C” a lo ancho del territorio nacional (desde el Sur de Corrientes y el Norte y Centro de la provincia de Entre Ríos, pasando por el Centro de Santa Fe y Córdoba, el Centro y Sur de San Luis, la mitad Este de la provincia de La Pampa, hasta el Sur de la provincia de Buenos Aires), cuya conservación y manejo tropiezan con la gran abundancia y variedad de normas vigentes en las siete jurisdicciones provinciales con competencia sobre el recurso, que en casos llega a ser contrapuesta. Un segundo ejemplo, emblemático, es el del río Paraná, cuyo domino es compartido por siete provincias argentinas, además de que su cuenca incluye territorios de las repúblicas del Paraguay y Brasil. Este último constituye un ejemplo en el que, incluso, es sobrepasada la jurisdicción nacional. Se trata, en efecto, de un recurso de carácter regional (como lo es también el Sistema Acuífero Guaraní, uno de los más grandes reservorios de agua subterránea del planeta), sobre el que se impondría la implementación de normas de alcance regional (América del Sur), sin que ello implique vulnerar los derechos soberanos de cada nación.

Un segundo aspecto para fundamentar la inconveniencia del dominio de las provincias sobre los recursos naturales (o para justificar su nacionalización) es que favorece y profundiza aún más las inequidades entre las provincias argentinas: las ricas (las poseedoras de los recursos) se hacen más ricas; las pobres (las que no poseen los recursos) se hacen más pobres. En consecuencia, atenta contra justicia distributiva de sus pueblos. Vaya como ejemplo el tema objeto de la presente nota: los hidrocarburos.

Es de hacer notar que para alcanzar la misma meta que Menem –la entrega de los recursos al capital extranjero-, Bernardino Rivadavia, siendo presidente de la Nación, en 1826, recurrió a una medida opuesta: la nacionalización de la mina de Famatina, hasta entonces perteneciente a la provincia de La Rioja. De ese modo permitió que la firma londinense “Hullet & Company” lanzara a la bolsa las acciones de la riqueza minera-metalífera argentina, hecho que derivó en un conflicto por la soberanía del cerro donde se emplazaba la mina y que, a la postre, condujo a la primera guerra entre unitarios y federales. ¿Cómo explicar que Rivadavia y Menem, dos personajes claramente “reaccionarios”, por así decirlo (aunque suene anacrónico), hayan tomado caminos opuestos para alcanzar la misma meta? ¿Se trata acaso de una paradoja de la Historia? En opinión del autor, no, aunque a primera vista insinúe un contrasentido. Ocurre que una acción “reaccionaria”, como lo fue la nacionalización de la mina en 1826, puede no serla en la actualidad. O, en un sentido contrario, una acción “progresista” (siguiendo con los anacronismos) de la primera mitad del Siglo XIX (como fue la defensa de la mina de Famatina por parte de Facundo Quiroga, uno de los referentes de la causa federal), difícilmente pueda ser parangonada con una medida similar en los albores Siglo XXI. Más aún, es muy probable que, hoy por hoy, una acción de ese tipo sea caracterizada como “reaccionaria” (se insiste con los anacronismos porque permiten que todo el mundo comprenda, sin eufemismo, lo que se quiere señalar). En tiéndase bien: no se trata de una crítica a la organización federal de la república, ni al tema de las autonomías de las provincias, ni al de la preservación de las propias identidades provinciales. Nada de eso está puesto bajo tela de juicio. Tampoco se trata de dilucidar aquí un tema tan complejo. Sin embargo, no dude el lector que la federalización de los hidrocarburos de Menem fue una medida reaccionaria, tal como lo fue la nacionalización de la mina metalífera por parte de Rivadavia. Y en ello no hay ninguna paradoja.

La expropiación de YPF ha puesto en el tapete el tema del dominio del petróleo y sus derivados, hecho que podría dar lugar a un debate más amplio sobre la necesidad, o no, de retomar el camino de la nacionalización de los recursos. Claro que para ello habría que discutir el texto del Artículo 124 de la Constitución Nacional, cosa nada sencilla. De paso podría abrir un espacio para debatir sobre una cuestión poco examinada en los ámbitos académicos y políticos argentinos: el significado y el alcance del Federalismo por estas épocas. Al respecto, tampoco dude el lector de que Quiroga, Artigas y Dorrego, en su afán de llevar justicia y equidad a los habitantes de los lugares más recónditos y más postergados de la Argentina tierra adentro, hoy hubieran estado de acuerdo con la nacionalización del dominio de los recursos naturales. De ese modo, entrerrianos, riojanos, santafesinos, chaqueños y todos los argentinos, podrían acceder a la copropiedad de YPF, más allá de que cuenten, o no, con reservas de hidrocarburos en sus territorios provinciales.

Por último, tratándose de temas tan sensibles, este debate debe ser asumido sin frivolidades ni pasiones bizantinas, ya que probablemente genere controversias dentro del mismo “campo popular” (por decirlo con otro término en desuso), históricamente identificado con la causa federal. De lo contrario, abrirá las puertas a los que se oponen a este modelo de país, a los que no quieren la distribución de las riquezas, a los operadores de las corporaciones, a los que añoran el país de las vacas y el trigo. En definitiva -permítase una vez más el anacronismo- a los reaccionarios. Que están siempre al acecho.

 


[1] Profesor de “Medio Ambiente y Salud”, Facultad de Ciencia y Tecnología, UADER