Sin duda que esto refleja lo que pretende este gobierno, de ajuste, de exclusión, de violación de derechos constitucionales y de privación de beneficios sociales.
Lo que hagamos o dejemos de hacer, marca la diferencia en el tipo de persona que vamos a desarrollar y la sociedad que vamos a construir, que valores nos van a travesar.
Y día a día seguimos percibiendo el ajuste innecesario por parte del Estado, pero que aún escuchamos como el único camino. El gobierno gasta $6 millones de pesos para auditar pensiones por discapacidad, será a través de una empresa de consultoría llamada KPMG contratada para realizar el análisis de las pensiones no contributivas suspendidas a pedido del FMI, sin duda negocio que privilegia a un sector cercano al gobierno.
Según la información del Ministerio de desarrollo Social, la empresa se dedicará a estudiar 100.000 legajos con el objetivo de recortar un 10% de las pensiones.
Así, el estado pretende ahorrar, ajustar en realidad unos $8 mil millones tal como pide el FMI, que implicaría un duro golpe a los más vulnerables que además, en su gran mayoría depende de esos ingresos para sobrevivir ya que en algunos casos, su discapacidad les imposibilita trabajar.
Para dar de baja toman un decreto, el 432, del año 1997, etapa neoliberal, donde las políticas públicas se asemejaban a las actuales, en lugar de tomar la normativa vigente, el de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 28, donde explicita el nivel de vida adecuado y la protección social del Estado a todas las personas con discapacidad, que incluye entre otras cosas, vivienda adecuada, vestimenta, entre otras.
Relacionar a las personas en situación de discapacidad con haraganería, muestra una clara postura de este gobierno ante los más vulnerables , discriminados y potenciada esta condición, por la falta de trabajo por motivos ya conocidos en nuestro país, desligándose de toda responsabilidad, como estado garante de mejorar la calidad de vida y dignificándolos como sujetos de derecho. Estamos ante un hecho de inconstitucionalidad y cabe mencionar el art.14.bis de la Constitución donde dice “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, redistribución justa”.
¿No será que el Estado no brinda la oportunidad a este colectivo, de poder demostrar sus potencialidades?
¿No será que el Estado es insensible ante los que más lo necesitan, privándolos de todos sus derechos?
¿Recortar en los sectores más desprotegidos hasta invisibilizarlos como colectivo parte de esta sociedad, no es un acto perverso?
¿Ésta es la sociedad que este gobierno intenta construir?
Sin dudas que estos son mecanismos que discapacitan a las personas y no son más que el reflejo de una política neoliberal, destructiva, logrando dejar aún más, en situación indefensa a los más desprotegidos.
Es un hecho político el de excluir, entendiendo hecho político como toma de postura ante determinadas situaciones o colectivo humano.
Los problemas sociales, están lejos de revertirse en una sociedad que sigue siendo desigual.
El mundo del trabajo aunque se ha deteriorado, sigue siendo la ruta principal para la inclusión social, pero cuando no todos acceden a este derecho, el Estado debe estar presente, con acciones concretas dignificando la vida de su comunidad toda.
Prof. Sandra Ferrero
Asesora en educación inclusiva
