Por Daniel E. Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP-CDN
Año tras año, setiembre es un mes donde las escuelas celebran los “días de”: secretaria (4), maestro (11), profesor (17), preceptor (19), rector (28). En fin, vaya nuestro saludo a todos y todas los que ejercen esos dignos trabajos en nuestras comunidades educativas.
En torno al emblemático 11 de setiembre, fecha en la cual en nuestro país recordamos la figura de Sarmiento como arquetipo del magisterio alcanzando un alto grado de aceptación tradicional, queremos compartir algunas reflexiones sobre el trabajo de los docentes y el espacio educativo que lo contextualiza.
Como lo hemos sostenido en otras ocasiones, aceptamos el 11 de setiembre por su impacto en nuestra sociedad pero somos críticos desde lo histórico de la figura y el pensamiento del sanjuanino al cual asociamos con el proyecto liberal de la generación del 80 que, divulgó la escuela pública y, al mismo tiempo, entronizó la organización nacional sobre la base de la dependencia oligárquica.
Los docentes deberíamos durante el mes de setiembre reflexionar profundamente acerca del contexto político y social en el cual desempeñamos nuestra tarea educativa. Nuestra formación es refractaria a ese intento. El normalismo intentó marcarnos como “profesionales independientes” ajenos a los destinos colectivos. La meritocracia instaló una cultura competitiva entre los pares.
Hoy, en pleno proceso electoral, una manía se ha apropiado del discurso de ciertos candidatos: “la educación funciona mal, la culpa es de los docentes”…”hay que controlarlos, evaluarlos y castigarlos, derogando la antigüedad docente reemplazándola por el merecimiento juzgado por externos”.
Tanques de ideas y usinas de pensamiento de distintos candidatos y grupos políticos y económicos parecen descubrir el valor estratégico de la educación en el desarrollo nacional, en la convivencia democrática y en la realización de las personas.
Los doce millones de alumnos, el millón de docentes y los millones de padres, son testigos de las fórmulas mágicas que proponen de modo apocalíptico quienes se presentan ante la sociedad como adalides de cambios que, en su afán electoralista, no empiezan por explicar que, en educación, ningún cambio es inmediato, que se trata de un proceso a mediano y largo plazo.
Por ello, 2015, año de elecciones presidenciales es un momento oportuno para repasar procesos aunque algunos sostengan slogans y reduzcan la reflexión a 140 caracteres (salvando a la red social twitter en su faz comunicacional).
Inclusión y calidad son los desafíos de esta hora. ¿Quién podría, con seriedad, cuestionar los cambios en el marco legal del sistema educativo argentino a partir del proceso iniciado en 2003? El plexo legal que ordena la educación argentina ha sido modificado en forma sustancial y uno de los principales logros viene de la mano de la obligatoriedad de la escuela secundaria.
Justamente allí, en la controvertida escuela media creada a la sombra del paradigma conservador donde había que formar bachilleres y peritos mercantiles que luego concurrirían a la universidad, es donde residen los mayores cuestionamientos y, al mismo tiempo, donde se han producido los impactos más profundos de una política de justicia social.
Somos, sin temor a equivocarnos, la generación que alumbró una educación obligatoria hasta los 18 años de edad, como los hombres y las mujeres del 80, forjaron aquella ley 1420 con extensión hasta los 12 años de escuela común o primaria.
Estas políticas de inclusión, donde se incorporan la distribución de libros, la construcción de nuevas escuelas, la recuperación de las escuelas técnicas y la formación profesional, la entrega de notebook, han impactado en forma directa en millones de niños y de jóvenes.
Así también ha sucedido con Paka-paka y Canal Encuentro. Miles de docentes utilizan esos insumos como recursos didácticos en el aula. Volveríamos atrás en la producción de contenidos desde una visión nacional, realizada por nuestros propios productores, ensamblada con el arte, la música y la poesía?
Suelo comentar que de la conquista de derechos no se vuelve. ¿Aceptaríamos los docentes, por ejemplo, que nos impidan negociar en forma colectiva nuestros salarios? ¿O que se vuelva atrás en el Programa con mayor impacto universal, gratuito y en servicio como es Nuestra Escuela?
La inclusión, el nombre coyuntural de la Justicia Social, es una marca de este proceso. Lo es también la evaluación. Este proceso educativo se ocupó de difundir una cultura evaluativa y adoptó los mecanismos necesarios para que esto suceda. Se trata de la evaluación institucional, situada y participativa.
No es verdad que la educación argentina y los docentes en particular resisten a la evaluación. No solo no es verdad es una falsa etiqueta con la que se pretende instalar una opinión adversa al colectivo educador.
La calidad educativa, “calidad integral de la educación” sostenemos desde nuestra práctica, constituye uno de los principales desafíos de la profundización en torno al eje de una educación para todos.
Se trata, por supuesto, de políticas educativas que se encuentran articulas a los modelos de país en disputa. En nuestras escuelas y en las familias, en las universidades y en las reuniones informales deberíamos ahondar en estos criterios.
Estamos convencidos que es necesario discernir hacia dónde queremos ir como país y, entonces, que educación sostenemos, que políticas promovemos. En fin, que hombre en que sociedad para que presente y que futuro. Son las preguntas fundamentales de la política educativa.
En setiembre, celebramos y recordamos a varios actores de la escuela real. Con ellos, con nuestros jóvenes, con los padres, avancemos hacia un debate profundo y significativo acerca de los fines de la educación para todos.
Una manera diferente de celebrar EL DÍA DEL MAESTRO DEL 2015.
