La renta agraria puede ser volcada al desarrollo productivo, gastada en consumo suntuario o bien fugada por las grandes corporaciones trasnacionales que operan en el sector.

El producto agrario tiende a repartirse en mayores proporciones entre los dueños de la tierra y las distintas fracciones del capital, el capital productivo primario e industrial y el comercial-financiero, existiendo un fuerte proceso de  integración entre estos últimos.

En relación  a la producción primaria, gran parte de la renta fue absorbida por los propietarios de la tierra.  Así, el margen bruto de producción en una hectárea de soja en la zona núcleo, la más productiva del país, según datos de la Revista especializada Márgenes Agropecuarios,   paso de U$S 100 en el 2001-2002 a cerca de U$S 300 en el año 2002-2003, llegando a alcanzar un máximo en el año 2007-2008 de U$S 600 por hectárea. Mientras que,  según los valores de la Compañía Argentina de Tierras, el arrendamiento de una hectárea para la producción de soja  paso de U$S 150 dólares en la campaña 2001-2002 a U$S 460 en el período 2013-2014,  valor que llega a representar entre un 70% y 80% del margen de explotación de la actividad.

La introducción de la soja transgénica y el esquema de producción en base a gran escala y  tercerización de servicios, ha generado que a la gran mayoría de los pequeños propietarios productores les sea más rentable arrendar que producir, esquema que dio lugar a dos nuevos actores: por un lado los pequeños rentistas y por el otro,  los pools de siembra y  grandes corporaciones dedicados, ambos,  a arrendar tierra, contratar  servicios y producir a gran escala. El caso paradigmático de ese esquema de producción es el grupo Grobocopatel, el principal productor de soja del país que  llegó a sembrar más de 130 mil hectáreas, siendo las tierras propias menos del 20% del total explotado. Se trata de un grupo  económico cuya facturación para el año 2012 superó los $ 5120 millones.

Luego encontramos un sector altamente concentrado y extranjerizado que es el comercial, integrado en gran parte con el sector industrial. Es en esta fase donde el negocio es dominado por siete u ocho empresas (ver cuadro), que concentran el 80% de las exportaciones y a su vez,  participan de la actividad industrial, logística (tienen puertos propios) y financiera. Esas firmas son las extranjeras Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina y de capital nacional,  Aceitera General Deheza.

Si bien en los últimos años ha habido un proceso de desconcentración en la exportación de granos, el poder de las líderes sigue siendo muy alto, tienen el tamaño y la infraestructura suficiente para manejar divisas a través de las decisiones de liquidación de exportaciones, realizar operaciones evasivas, o fugar capitales a sus casas matrices.  A  fin del año pasado, cuando las exportadoras se negaron a liquidar sus stocks presionando por una devaluación del peso,  quedó muy expuesto el poder que tienen lo que hizo que nuevamente surgiera la idea de nacionalizar el comercio exterior, o bien que el Estado participe en el negocio.

Las principales empresas que intervienen en la comercialización tienen un capital valuado en 2012 en torno a los $ 7000 millones de pesos:  para ese año, el patrimonio de Cargill estaba valuado en $ 6900, el de Bunge Argentina en $ 6126 y AGD $ 5200.   La recuperación parcial de la soberanía comercial y de la renta que se fuga, requeriría de inversiones que comienzan con esos valores.

Por Pilar Palmieri

Fuente: Tiempo Argentino