El pasado lunes 21 de abril salió a la luz el documento del Foro de Convergencia Empresarial, llamado Bases para formulación de políticas de Estado.
Se trata de un conjunto de sectores del capital concentrado, liderado por AEA (Asociación Empresaria Argentina), IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), la Mesa de Enlace Agropecuaria (Federación Agraria, Confederaciones Rurales, CONINAGRO y Sociedad Rural), ABA (Asociación de Bancos de Argentina) y ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas), entre otros.
Detrás de esas siglas están las grandes empresas que dirigen buena parte del proceso económico, tales como FIAT, Mercedes-Benz, Peugeot, Arcor, Aceitera General Deheza, Techint, Bagó, Clarín, La Nación, Los Grobo, Mastellone, los Bancos Santander, HSBC, JP Morgan, BBVA Francés e Itaú y otras más.
El documento resulta valioso ya que expone la visión de conjunto que asume el capital concentrado respecto de lo que considera su rol en la realidad nacional y las propuestas de política necesarias para dinamizarlo.
¿Cuál es el rol que tienen estas empresas dentro de su propia visión? En los primeros párrafos de la declaración se señala el objetivo de “crear valor, organizando ideas, trabajo y capital, de una manera eficiente. Riqueza que se traduce en puestos de trabajo, en actividad económica y progreso.” Luego agrega: “Las empresas que producen en Argentina son motor del desarrollo sostenible de nuestro país.” En pocas palabras, estas firmas serían la garantía del desarrollo y el progreso nacional.
A principios del siglo pasado, el politólogo italiano Antonio Gramsci trazó un lúcido análisis del concepto de hegemonía argumentando que siempre existe un bloque dominante que conduce una etapa específica del proceso económico-político. Ese bloque se conforma con un conjunto de clases sociales y fracciones de clase que logran consolidar políticas sectoriales y estatales que los favorezcan en sus intereses particulares.
Ahora bien, ese bloque dominante es liderado a su vez por un grupo que logra “universalizar” sus propios intereses, es decir, consigue que los otros grupos de la sociedad civil consideren que los intereses de ese sector representen a los de toda la sociedad.A partir de esta concepción se entiende la maniobra del Foro de Convergencia Empresaria cuando intenta que se identifiquen sus posiciones con lo que debe ser el desarrollo y el progreso del país. Se trata de una instrumentación destinada a liderar un bloque dominante que alcance la hegemonía en una etapa futura.
No es nada nuevo: la consigna “Achicar el Estado es agrandar la Nación” surgió de las usinas ideológicas de la dictadura cívico-militar y se mantuvo hasta los 90. En esa década, el eslogan fue puesto en práctica hasta sus últimas consecuencias logrando el bloque hegemónico que el despojo de activos estatales vendidos por monedas fuera aceptado socialmente.
Tiempo después, cuando en 2002 se ejecutó la más profunda devaluación monetaria de nuestra historia, el bloque de empresas agropecuarias e industriales, autodenominado “bloque productivo”, que se benefició por esa medida a través de la caída de salarios medidos en dólares, logró que los sectores populares acompañaran sus propuestas bajo las banderas del empleo y la producción.
Esta búsqueda de consolidar un bloque dominante que lidere una nueva etapa del proceso económico, se hace nítida al observar las propuestas de política económica que apuntan a condicionar las plataformas de los partidos políticos para subordinarlos a los intereses sectoriales de los grupos concentrados.
VIEJAS RECETAS EN NUEVOS MOLDES
El pretendido consenso que busca el Foro del gran capital concentrado, se apoya en la implementación de un programa económico que logre “institucionalidad, previsibilidad y certidumbre política y económica”, lo que redundaría en “mayor inversión y generación de fuentes de trabajo”, pero ¿cómo lograrlo?
En el plano institucional, se propone, entre otras, respetar la propiedad privada (léase: no estatizar ni expropiar empresas estratégicas como Repsol-YPF) y la libertad de prensa (es decir, no avanzar en políticas de democratización de medios de comunicación).
En la dimensión estrictamente económica, el documento llama a reducir la inflación, no intervenir en la formación de precios, reducir impuestos sobre las empresas, promover las inversiones (vía deducciones y eximiciones impositivas), insertarse al mundo (abandonando la construcción regional), reducir los costos del combustible y eliminar los factores que desalientan las exportaciones (es decir, terminar con las retenciones).
Buscando cierto apoyo social a este programa liberal en lo económico, el Foro menciona la necesidad de mejorar la educación y la salud, así como combatir la inseguridad. La pregunta de cualquier lector atento es cómo se financiarían esas mejoras si todos los cañones apuntan a reducir impuestos y retenciones a las empresas.
En este sentido, no es casual que la prioridad en el plano económico pase por reducir la inflación, para lo cual la solución propuesta es a medida de ese bloque empresario. El tratamiento es conocido: disminuir el gasto público, es decir bajar salarios, jubilaciones, obras públicas, protección social, un programa de ajuste que no tiene nada de nuevo y que no es otra cosa que una redistribución regresiva del ingreso, contradictoria con la supuesta preocupación por las problemáticas sociales.
Por último, el decálogo neoliberal expuesto insiste en la necesidad de generar consensos, un discurso de moda en la derecha internacional. Esta idea se basa en la negación de las contradicciones de intereses entre clases sociales, lo que resulta inconsistente para cualquier análisis en clave de sectores populares.
Definitivamente no puede haber un consenso respecto de una política anti-inflacionaria entre el grupo Techint, monopolio de la producción de insumos en toda una serie de sectores productivos, y el movimiento obrero organizado. Por eso, detrás de la bandera de la lucha contra la inflación, fenómeno que responde en buena medida a las estrategias del capital concentrado, los sectores dominantes llevan el programa del ajuste: bajar el gasto y aumentar la desocupación para disciplinar a los sindicatos.
Atentos a este movimiento de piezas del gran capital, los sectores populares, en alianza con los círculos productivos vinculados al mercado interno, deben ofrecer alternativas propias para no volver al esquema neoliberal y mejorar la distribución del ingreso.
