La República Argentina adoptó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la aprobación de la Ley 26.378, el 21 de mayo de 2008. La Convención, como tratado internacional, asume jerarquía superior a la leyes de acuerdo art.75, inc. 22 de la Constitución Nacional. De este modo se han puesto en vigor los principios y las obligaciones generales establecidos en la Convención. La norma considera que el concepto de personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Luego de muchos años de discusión sobre la concepción y consecuente terminología utilizada, creemos que la actual posición frente a la discapacidad es la acertada.

Esta concepción reconoce en primer lugar a la persona como sujeto de derecho y en segundo lugar a la discapacidad, como una característica de orden dinámico, ya que cualquier circunstancia nos puede convertir en “persona con discapacidad.”

La discapacidad fue históricamente estigmatizada en nuestra sociedad, sin tener en cuenta principios de solidaridad y justicia de oportunidades. Consideramos que estos principios, propician el fortalecimiento de la diversidad para poner en valor a la inclusión como pilar fundamental de nuestra sociedad.

El Modelo social en contraposición al modelo médico que durante mucho tiempo se utilizó para definir a las personas con discapacidad, tiene en cuenta las causas de la diversidad funcional de origen social y considera que todos podemos contribuir a la comunidad, siempre desde la valoración y el respeto por la condición de personas diferentes.

Aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal.

La responsabilidad de cada Estado es proponer y desarrollar políticas públicas, sociales, económicas, educativas, laborales, sanitarias que permitan cumplir efectivamente con estos objetivos.  

Por lo tanto, las leyes y acciones políticas deben buscar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y el Estado, seguir constituyéndose como garante de los derechos de las personas con discapacidad.

Seamos transmisores de la INCLUSIÓN, como valor sustentable de una sociedad que avanza brindando oportunidad y justicia social para todos.

Mario Almirón

Secretario General 

SADOP-CDN

Prof. Sandra Ferrero

Asesora en Educación Especial

SADOP