Por Prof. Sandra Ferrero
Docente de Apoyo a la Inclusión

Las políticas públicas y las políticas escolares son determinantes a la hora de considerar a las personas con diversidad funcional desde unapresencialidad situada que comenzó con esta pandemia, donde lo sanitario marcó la agenda no solo de nuestro país sino del mundo, a la hora de rediscutir el proyecto   pedagógico a largo plazo.

Nuestro gran desafío es gestionar lo viable, lo esperable, lo posible como políticas públicas donde la trayectoria de los estudiantes con diversidad funcional juega un papel clave, más aún si son personas de riesgo.

Por lo tanto, es oportuno retomar a Javier Romañach, del Foro de Vida Independiente y Agustina Palacios, militante de los derechos de las personas con diversidad funcional al hacer referencia al Modelo de la Diversidad donde se propone abandonar el concepto de capacidad como otra manera de percibir una realidad humana que solo permite la opción limitativa y contemplar un modelo superador donde la diversidad marque el eje de cada toma de decisión.

Desde esta perspectiva, retomar   al objetivo de desarrollo sostenible n°4 de la agenda 2030 de la OEI Organización de Estados Iberoamericanos de UNESCO. Este objetivo nos incentiva a “garantizar una educación Inclusiva de calidad, equitativa y promover oportunidades de aprendizajesdurante toda la vida” donde se afirma que la Inclusión es un compromiso internacional, debiendo ser  estas oportunidades las que se trasladen a todos los espacios de nuestra sociedad.

Que la escuela sea el lugar donde los valores inclusivos interpelen a cada sujeto que transiten, siendo los agentes transmisores para construir un espacio que contemple a cada ciudadano.

Por lo tanto, repensar que acciones llevamos a delante como docentes, para cumplir y sostener este objetivo, teniendo en claro que el Estado también está formado por el Sistema Educativo. Ninguno espacio queda exento de responsabilidades a la hora de cumplir con los derechos.

Cuando hablamos de perspectivas de diversidad, es pertinente tener en claro como educadores, ¿qué entendemos por perspectivas?, si es que consideramos al conjunto de acciones y teorías que tenemos sobre una acción social, es decir desde donde construimos nuestro curriculum para que tenga alcance a todo mi grupo.

La educación inclusiva es entonces, una construcción social, que depende de nuestras perspectivas y de nuestras acciones que decidamos llevar adelante para legitimar ese derecho.

Desde ese punto de vista es una decisión y una elección de vida.

Por lo tanto, si la inclusión es, garantizar ingreso, permanencia, aprendizaje, participación y egreso, que acciones llevamos a cabo como docentes para cumplirlo, pero no solo por respetar un derecho sino por   convicción.

Diversas son las barreras que aún persisten en las escuelas a la hora de recibir a un estudiante con diversidad funcional.

La primera y la más compleja es la ACTITUDINAL, si no hay actitud, no hay ingreso, no hay bienvenida, y difícilmente podamos seguir acompañando a ese estudiante en su trayectoria escolar.

Otra barrera es, considerar que el estudiante con discapacidad debe ser visado por la Docente de apoyo a la Inclusión, desconociendo su verdadero rol o pensar que los estudiantes con diversidad funcional nos desorganizan la clase, que no llevan  el mismo ritmo que los demás, que nos retrasan la clase y lo que es peor aún,  tener bajas expectativas con nuestros estudiantes.

En este contexto de excepcionalidad   por la pandemia, no podemos estar ajenos a determinados indicadores que pueden aún más obstaculizar el proceso de enseñanza:

-Conocer la constitución familiar de cada estudiante, saber si está solo, con adultos o hermanos a la hora de estar frente a la pantalla.

-Saber con qué elementos tecnológicos cuenta.

-Corroborar que impacto puede causar en cada estudiante determinadas actividades, que para algunos puede generar desestabilidad emocional hasta bloquearlos imposibilitando la realización de la actividad.

-Conocer el estado emocional de cada estudiante antes de emitir juicios de valor.

-Asegurarnos que la actividad planteada sea comprendida no solo por el estudiante sino también por la persona que lo acompañe.

Otra barrera muy común en las escuelas de nivel, es estar convencidos de que lo que venimos haciendo está bien, sin permitirnos siquiera dudarlo, y responsabilizando al estudiante que no aprende porque no puede y no porque los recursos o la metodología no es la adecuada.

No tejer redes ni con mis compañeros docentes ni con la escuela de modalidad es otro ejemplo de falta de actitud.

El estudiante que ingresa a la institución es porque con anterioridad, todo el equipo directivo, docentes, preceptores y todo personal que formen parte de la institución asumió este compromiso.

Todas las familias y los compañeros deben estar comprometidos a generar un espacio áulico que sea habitado y habitable para todos.

Un estudiante que ingresa desde el nivel inicial, debe ser acompañado hasta su egreso y es función de cada docente transmitir a través de informes de progreso de un año a otro, al docente que lo recibe.

No debemos como docentes, generar incertidumbre ni angustia en las familias cada vez que un estudiante comienza un nuevo ciclo escolar.

Como maestros, tenemos la responsabilidad de crear culturas inclusivas, creando una comunidad segura, colaboradora, que pretenda desarrollar valores compartidos, plasmarlas en nuestras prácticas y generar políticas inclusivas con el compromiso de crear una escuela para todos garantizando apoyos necesarios.

Finalmente, la barrera de la accesibilidad juega un papel fundamental a la hora de la Inclusión. Las rampas, los asesores, señaléticas en braille, timbres luminosos son elementos necesarios a la hora de preparar un espacio adecuado para todos.

Desde el ingreso a la Institución, hasta el recorrido que ese estudiante realiza para ir de un lugar a otro incluido baños y recreos, son un claro ejemplo de lo que cada institución vislumbra en la consideración de sus estudiantes como sujetos de derecho, visibilizando la manera de hacer política institucional.

Claramente las políticas públicas deben generarse desde el Estado, siendo los garantes de derechos, pero las instituciones no cumplen un rol pasivo. Cada establecimiento, deben comprometerse a gestionar estos cambios generando acciones colectivas para lograr las transformaciones necesarias.

Y como último punto no menor y que como sindicato nos interpela, son las secuelas que pueda dejar el covid en los trabajadores de la educación, ubicándolo en situación de discapacidad considerando las barreras que pueda encontrar en su propio espacio de trabajo.

De esta manera juegan un papel importante los apoyos necesarios que algunos docentes pudieran requerir para mantener su puesto de trabajo, avalados y exigibles como lo marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Ley 26.378

Para concluir, mencionar a Marcelo Gil activista de los derechos de las personas con diversidad funcional que dice “para que haya discapacidad tiene que haber al menos dos personas. La discapacidad está en el “entre”. No hay discapacidad individual. Nadie” tiene” por sí solo discapacidad. Hay privilegios para unos y discapacidad para otros.”

Así como se interpreta e interpela la discapacidad a través de la propia construcción, por quienes creen estar en un lugar de privilegios, colocando a quienes son considerados con esta condición en situación de vulnerabilidad, de desventaja, de debilidad, e indefensos, también se construye la identidad de cada ser humano por aquellos que conceptuamos, miramos y dignificamos a los seres humanos desde el lugar de los derechos, desde el lugar del valor y la dignidad, sin excepción alguna.