25 de Noviembre.
La Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
Las consecuencias psicológicas de la violencia contra las mujeres y niñas, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas.
Todas las mujeres, en todas partes del mundo, están expuestas a sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o mujeres extranjeras, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y mujeres con discapacidad.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar equidad en materia de derechos humanos.
Las mujeres con discapacidad disponen en algunos casos, de menos recursos, personales y sociales, para defenderse del agresor y dificultades para identificar, expresar y/o denunciar situaciones de maltrato, lo que no justifica su exclusión, desacreditación, vulneración y pleno goce de sus derechos como mujer.
Esta doble discriminación se refleja también en la violencia sexual, las consecuencias físicas y psicológicas que van a tener, y cuál es la respuesta que las instituciones ofrecen a este tipo de delito. Si hablamos de inclusión, como generador de oportunidades, qué respuestas ofrecen las instituciones encargadas de receptar y contener a mujeres con discapacidad víctimas de violencia?
No se trata solo de agresión física o verbal, sino que la violencia adquiere múltiples manifestaciones como lo son el abuso físico, emocional, sexual, incluso económico sobre la víctima.
La violencia hace referencia además a aquellos actos que, por negación o por omisión, tienen como resultado la generación de un daño físico o psicológico debido a la dependencia o necesidad de asistencia de otras personas, categorizándose en este grupo el abandono físico y el emocional.
La sobreprotección y control de las niñas con “discapacidad”, en muchas ocasiones puede encubrir situaciones de abuso y maltrato en el ámbito privado, familiar o institucional.
Aun cuando puedan percibir el abuso, muchas son conscientes de que se trata de su único modo de vida, y el abuso es el precio que paga por su supervivencia, particularmente en casos de importantes limitaciones en la actividad y que necesitan de la familia o de personas cuidadoras cuando están en instituciones.
Con todo lo plasmado, es que estamos convencidos de la necesidad, de diseñar políticas públicas más efectivas ante estas situaciones y poner en agenda como prioridad la violencia de género en mujeres.
A pesar de que hay indicios de que se trata de una problemática evidente, existe una total invisibilidad y desconocimiento a cerca de la vulnerabilidad de las mujeres con diversidad funcional y todas aquellas en desigualdad de condiciones.
La violencia puede incluir:
– Aislamiento forzado y ocultas en viviendas e Instituciones.
– Administración forzada de psicofármacos.
– La creación de situaciones de pretexto en las que la mujer aparece como violenta o incompetente, a fin de justificar la institucionalización y privación de la capacidad jurídica.
– Etiquetar la ira de las mujeres como una conducta peligrosa especialmente si la mujer ha sido previamente institucionalizada.
– Abuso físico o amenaza del mismo.
-Amenazas de abandono.
– Violaciones de la vida privada.
-Restricciones económicas.
-Violación por parte del personal y otros compañeros/residentes en las instituciones.
-Esterilización forzada.
Algunas formas de violencia contra las mujeres con discapacidad no son visibles de inmediato como violencia, porque en realidad son legales, naturalizadas y aceptadas en la sociedad.
Nuestro objetivo colectivo es entonces, empoderarnos política y socialmente a través de la SORORIDAD, para potenciar nuestro bienestar personal, manteniendo nuestros derechos adquiridos colectivamente y avanzar para que nuestro lugar en la sociedad sea visibilizado, valorado y respetado.
Seamos la voz de las mujeres que no tiene voz, marchemos por las que por su situación no pueden hacerlo, seamos solidarias con las que le hicieron creer que no deben.
Para que no haya una sola mujer más víctima de violencia de género, luchemos hasta erradicar este delito.
Prof. Sandra Ferrero
Docente de apoyo a la inclusión
SADOP delegación Río Cuarto