En la última sesión del Consejo Federal de Educación, realizada esta semana, se avanzó una vez más en la “obsesión evaluadora” que caracteriza la actual gestión educativa del Gobierno Nacional. En esta ocasión le tocó el turno a los Institutos de Formación Docente de la mano de una votación irregular.

En efecto, se manifestaron en contra de la iniciativa las provincias de Santa Fe, Formosa, Chubut, Santa Cruz, La Rioja y Tucumán. En tanto, no concurrieron a la reunión las provincias de San Luis, La Pampa, Salta y Neuquén. En buen romance, la resolución no tiene consenso de las provincias ni tampoco la han votado una mayoría de jurisdicciones.

En un claro ejercicio de práctica anti-sindical, el Gobierno no convoca a las organizaciones sindicales docentes para dialogar acerca de un eje central de las condiciones de trabajo como lo es la formación profesional de los maestros y profesores e impone una resolución que afectará, de implementarse, a miles de docentes que se desempeñan en los Institutos Superiores de Formación Docente en todo el país.

SADOP, en representación de los docentes privados de todo el país, viene denunciando desde sus inicios esta política instalada en el Palacio Pizzurno sustentada en el falso y equivocado diagnóstico en que los problemas de la educación argentina son responsabilidad absoluta de los docentes y que, sólo la evaluación en sí misma, solucionará esos males.

En una práctica recurrente, las provincias de Jujuy y Mendoza cerraron cursos y carreras y la Ciudad de Buenos Aires aprobó por ley la UNICABA que consiste en llevar la formación docente a una universidad creada a tales fines (obviando que ya existe una institución propia como lo es la UNIPE – Universidad Nacional de Pedagogía -).

Este nuevo proyecto por el cual se crea la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de los Institutos Superiores de Formación Docente ( CONEAFOD)  – como lo fue el aún no aprobado Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa – superpone funciones con otros organismo y aparece como una nueva apuesta marketinera: aparecer ante la sociedad promoviendo la evaluación docente mientras los reales problemas que padece la educación no son enfrentados ni menos aún solucionados.

Volvemos a decir como SADOP que, como docentes que somos, no nos oponemos a la evaluación (sería una contradicción); somos críticos  a su uso con fines espurios. Valoramos los datos que surgen de los procesos de evaluación pero rechazamos su parcialidad e instalación mediática: la escuela y los docentes es el lugar para su tratamiento.

SADOP continuará resistiendo a todo aquello que afecte los derechos laborales de los docentes y, al mismo tiempo, profundizará sus propuestas para un proyecto educativo en clave inclusiva, con calidad integral; en fin, para todos y todas.

María Lazzaro
Secretaria General
SADOP-CDN

Daniel Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP-CDN