El anuncio grandilocuente del Presidente Macri de enviar al Congreso un proyecto de ley denominado “Maestro” donde se enumeran, según se dice, 108 (ciento ocho) medidas” objetivas y evaluables” , constituye una nueva demostración de la falta de pulso social del actual gobierno y, por otro lado, de la lamentable actitud de pretender construir política en base a slogans publicitarios.

El gobierno eligió para presentar en sociedad los resultados de su operativo Aprender (pruebas estandarizadas de evaluación aplicadas en octubre de 2016) una jornada donde miles y miles de trabajadores de la educación comienzan a movilizarse desde los cuatro puntos cardinales del país para confluir en la Plaza de Mayo en la Marcha Federal Educativa.

La crónica del anuncio la venimos desarrollando desde los primeros años de la actual década donde observamos con preocupación que los tanques de ideas del liberalismo vernáculo argumentaban que el dato objetivo del crecimiento de la inversión educativa que fue llevada en cuatros años del 2% al 6% del PBI – cumpliendo con lo que establece la Ley de Educación Nacional  -, no tenía – según ellos – su correspondencia en la calidad y, con enorme ligereza, instalaron de la mano de los grandes medios de comunicación que inclusión y calidad no se llevaban bien y, entonces, nuestros niños y jóvenes tenían gravísimas fallas en las áreas básicas del aprendizaje.

La campaña electoral del 2015 avanzó en esta visión sesgada de la educación argentina. Hubo una gigantesca operación mediática destinada a ubicar a los docentes como los responsables de todos los males que – sostienen – se dan en la escuela: el ausentismo y la falta de formación adecuada encabezan sus acusaciones predilectas.

La única iniciativa política del Ministerio que conduce el analista de sistemas Esteban Bullrich fue lo que denominamos “la obsesión evaluadora”. A las globales pruebas PISA (recordemos que ya en el anterior gobierno habíamos exigido que “es hora de salir de PISA”) se le sumó una versión acomodada a sus objetivos de los operativos nacionales de evaluación, llamado “Aprender 2016”.

Como sucedió con los datos del INDEC cuando el Presidente Macri dijo muy suelto que solo a partir de esa información aceptada ser evaluado, ahora, como si la realidad fuese una foto carente de argumento, presenta los resultados del Aprender como la matriz a partir de la cual se concretará la tan mentada “revolución educativa”.

La arritmia presidencial y de su ministro “ausente” son notables. Las clases que debían comenzar el 6 de marzo en todo el país no han sido normalizadas aún en su continuidad en virtud del conflicto que atraviesa la totalidad del sistema educativo, desde el jardín hasta las universidades, con diversas modalidades y alcances.

En una paradoja sin precedentes el gobierno que levanta la bandera del diálogo se niega a producir la convocatoria que podría destrabar el mismo conflicto y, al contrario del primer año de su gestión, no llama a la Paritaria Federal Docente.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, el Presidente, al referirse al tema educativo, solo mencionó su interés en que se apruebe el proyecto de creación del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa. Lo volvió a mencionar en la presentación de los resultados de Aprender.

Dicha iniciativa legislativa tuvo un escandaloso trámite en la Cámara de Diputados de la Nación, que fue denunciado por los cinco sindicatos docentes nacionales. Sin consultas de ninguna índole, el proyecto de ley ingresó en la orden del día de la Comisión de Educación  para ser tratado sobre tablas. Enterados los sindicatos se presentaron en la sesión y exigieron ser escuchados y que el proyecto sea tratado en forma seria y responsable. De nada valió. Varios diputados oficialistas llegaron sobre el final de la reunión para garantizar el dictamen favorable.

La Ley de Educación Nacional 26.606, sancionada en diciembre de 2006 por amplísima mayoría de todas las fuerzas políticas,  es el último gran consenso de la sociedad argentina acerca de que educación queremos para que proyecto de país.  La misma ley – por tratarse de una ley programática – contiene objetivos, metas y criterios de evaluación como así también pautas para construir la educación de calidad.

Desde SADOP hemos sido críticos con las pruebas estandarizadas: tanto de PISA como Aprender. También hemos construido una propuesta propia y la hemos escrito y publicado: la AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA.  Como docentes sostenemos la necesaria instancia de evaluar pero rechazamos la utilización de la misma como política de disciplinamiento tanto de los trabajadores como de los estudiantes.

Un daño irreparable le hace el Presidente a la educación argentina al tratar de enfrentar a la educación privada con la educación pública refiriéndose como un mal a quienes “tiene que caer” en ella. Tendría que conocer el Presidente que el sistema educativo es uno y que, desde el origen mismo de la Patria, conviven las escuelas públicas con aquellas cuyos propietarios son las iglesias, sobre todo las parroquiales y congregacionales, y a partir de la década del 80, las fundaciones y la iniciativa privada. Es la realidad de nuestra educación.

Peor aún si piensa que de este modo, los docentes privados se volcarán a apoyar estas medidas. Nuestros compañeros – y sabemos porque lo decimos – sufren esta distorsión de la realidad que viven todos los días. Padecen presiones de algunos empleadores que se parecen al perfil patronal del gobierno. Lloraron de bronca cuando la gobernadora Vidal los extorsiona con un plus por presentismo porque aunque algunos no hicieron los paros se sienten solidarios con la lucha docente. Es la misma realidad que se vive en Mendoza hace un año con el ítem aula.

Mientras el Presidente y su ministro continúan con los anuncios para los medios, un amplio abanico de organizaciones sociales dedicadas a la educación, padres de familia, cooperadoras escolares, centros de estudiantes de colegios secundarios y terciarios, académicos y pedagogos hemos constituido el COLECTIVO MAS Y MEJOR EDUCACIÓN PARA TODOS Y TODAS. Una demostración que los sindicatos docentes caminan con el conjunto de la comunidad educativa.

Rechazamos el operativo Aprender 2016 y, por lo tanto, denunciamos la validez de sus resultados. Exigiremos en el Congreso de la Nación, el debate democrático de todos los proyectos relacionados con la política educativa. Reiteramos  que debe cumplirse con el artículo 10° de la ley de financiamiento educativo y convocarse a la PARITARIA FEDERAL DOCENTE. Allí, además de discutir salarios, es el ámbito para debatir condiciones y medio ambiente de trabajo, políticas educativas  y formación docente.

No hay educación de calidad sin docentes dignificados en su trabajo.

Daniel E. Di Bártolo
Secretario de Educación
SADOP – CDN