La historia nos enseña que cuando los romanos conquistaron Italia, no eran numerosos, por ello les convenía no pelear con todos a la vez. Corrían el riesgo de ser derrotados. No imitaron a Esparta, que sometía a los vencidos siempre. Si Roma hubiese actuado igual, con idéntico rigor, los sojuzgados habrían considerado a éstos como enemigos permanentes y sus rebeliones hubieran sido continuas. Así que para impedirles un frente común,  negociaron y firmaron con cada ciudad en particular y no con el pueblo en conjunto, ya que los latinos, el pueblo en cuestión, eran muy numerosos. Los acuerdos individuales imponían distintas condiciones: unos adquirían todos los derechos civiles romanos y otros, sólo algunos; a unas se les concedía autonomía municipal completa, a otras parcial, y a otras ninguna. De esta manera los romanos despertaban entre las ciudades sometidas una especie de envidia mutua, muy ventajosa para sus fines, ya que lidiaban entre ellos. Por esto los romanos aplicaban su principio “Divide et impera”, divide y vencerás. La frase, atribuida por muchos al emperador Julio César, fue reivindicada por Nicolás Maquiavelo en sus consejos contenidos en “El Príncipe”.

Nunca más actuales las máximas romanas y los consejos maquiavélicos, puesto que los docentes hoy nos vemos sometidos a un intento disuasivo que pretende, desconocer la ley y aplicar políticas mezquinas de espaldas al pueblo, fragmentando el salario docente para dividirnos. Dividir nuestro reclamo supone generar condiciones para reinar. Se pretende  – desconociendo la ley –   que el Gobierno Nacional deje de fijar en paritaria el salario mínimo de los docentes y transfiera, delegue (abandone sería la palabra más exacta) esa importante función en manos de las Provincias.

La paritaria nacional docente es una herramienta, sobre todo, de democratización de las relaciones laborales de la actividad. Su fragmentación abre la puerta al autoritarismo.

La lucha docente, no sólo en defensa del  salario y condiciones de trabajo, sino por la Educación de nuestro país tiene una historia que merece ser respetada. Y es que la pelea por el salario docente fue impulsada por todos los gremios de la Educación tras la fenomenal brecha que se fue produciendo entre los salarios docentes en las distintas provincias por aplicación de la entonces Ley Federal de Educación (1995) y la Ley de transferencia de servicios educativos (hija de las políticas del FMI y del Banco Mundial) que provocó grandes desigualdades y la dispersión del salario docente. No olvidamos que la aplicación de las políticas neoliberales de los noventa implicó el desguace del Estado en el que  la educación corrió esa misma suerte. Se generaron enormes desigualdades sin ningún tipo de justificación.

¿Por qué un docente de Jujuy, Formosa, Chaco o Corrientes  debe percibir un salario  distinto al que perciben sus pares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires? La tarea es la misma, el título es análogo, la responsabilidad de la tarea no tiene diferencias. Ninguna razón hay  para que los salarios no tengan un piso común, un mínimo garantizado por el Estado Nacional.

No es ocioso recordar que la fijación del salario mínimo profesional de los docentes es una obligación del Estado Nacional y las Organizaciones Gremiales docentes con representación nacional. Una obligación que surge de la ley 26075 (llamada de “financiamiento educativo”) que en su artículo 10 dice textualmente:  “ El MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.”. Dando más precisiones, el Decreto reglamentario 457/2007 estableció el ámbito geográfico de aplicación  de esta directriz: para todo el territorio de la Nación, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art.1).

De concretarse el anunciado abandono estaríamos ante un torpe apartamiento de las autoridades educativas nacionales de la norma legal que ha venido enmarcando las negociaciones paritarias del sector docente.

Ello es particularmente llamativo en un Gobierno que llegó al poder enarbolando al diálogo como eje central de su discurso y propuesta.

En suma, vaciar la paritaria federal docente, quitándole la materia salarial da cuenta de que “el orden público laboral¨, fue cooptado  por los intereses financieros y de las entidades patronales, en directo perjuicio de los trabajadores.

Esta postura pretende archivar el reclamo por la plena vigencia  de los derechos laborales consagrados en la Constitución nacional y las leyes que la complementan (el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la ley 23551 y la Ley 26206, entre otras).

Este Estado pretende abandonar su rol. Abandona la discusión sobre la mejora en la distribución del ingreso para el conjunto de los trabajadores. ¿Qué es esto? Que el conjunto de los trabajadores no sólo mantengan la participación en la distribución nacional (funcional) de los ingresos sino que puedan discutir su ampliación, extensión e incremento. No se trata sólo del salario individual sino de la suma de todas las remuneraciones con forma salarial. De este tipo de discusiones y análisis surge si el conjunto de los salarios pagados siguen teniendo el mismo peso sobre lo total producido o si han variado hacia arriba o hacia abajo, si se ha mantenido el empleo, su composición, etc.

Cuando hablamos de distribución del ingreso, básicamente hablamos de una primera ronda o instancia que tiene por destinatarios a los trabajadores (salario), a los empresarios (ganancia) y al Estado (impuestos y otros gravámenes). Así puede concluirse que sostener la participación de los trabajadores, pelear por ampliarla, es una tarea que debe ser combinada con la relevante lucha por la obtención de un salario mínimo que cubra, una a una, el conjunto de las necesidades reconocidas como Derechos Humanos en la Constitución Nacional. Para esto el Estado no debe ni puede delegar su rol de garante de los derechos en juego y debe acordar en Paritaria Nacional, un piso salarial y debe asistir a las provincias que no puedan llegar a ese mínimo acordado.

Desconocer ese rol, desmembra la matriz socio-laboral, ya que cada trabajador queda librado a la coyuntura económico- poltica de su provincia, no teniendo garantizado de esta manera, un salario y condiciones laborales, que emanen de un acuerdo más amplio,  democrático, socialmente justo y equitativo.

Sostener la paritaria federal docente en materia salarial, es una forma de aportar a la justa distribución de la riqueza. Es también, una forma de democratizar nuestra sociedad, para que todos podamos participar de formar de gobierno y regulación, pero nadie pueda reinar.

Mario Román Almirón
Secretario General
SADOP – CDN