El amplio consenso logrado a partir del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, suscripto entre las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores De Hidrocarburos (OFEPHI) y el gobierno nacional, permitió avanzar en el dictamen de comisiones del Senado favorables a la nueva ley de hidrocarburos que será tratada mañana en el recinto de sesiones.
El nuevo ordenamiento legal actualiza la Ley 17.319 sancionada en 1967 bajo la dictadura de Onganía. Aquella ley mantuvo la pertenencia al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, y estableció un sistema mixto de explotación con áreas específicas reservadas para las empresas estatales. Su texto no resulta adecuado a una realidad productiva que ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo y que hoy exige, con urgencia, una regulación para la explotación de los no convencionales y los proyectos off shore.
Desde un punto de vista técnico, la nueva ley no sólo readecua los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación sino que establece mayores regalías para las provincias, un más alto canon de exploración, un bono de prórroga de las concesiones y aportes para RSE, entre otros cambios financieramente positivos para las provincias. En concreto:
• Los permisos acortarán su extensión de nueve a seis años para las explotaciones convencionales, de nueve a ocho para las no convencionales y de 12 a ocho para las off shore.
• Para prorrogar el permiso, la autoridad de aplicación tendrá la potestad de controlar si se cumplieron en tiempo y forma las inversiones pactadas de acuerdo al plan de negocios. Se agrega un adicional del 3% a las actuales regalías (12%) por período prorrogado, con un máximo de dos instancias.
• Se implementa el pago de un bono para la prórroga de concesiones de explotación del 2%, dependiente de las reservas probadas. El mismo se constituirá en un recurso directo para las provincias.
• Cuando los proyectos se realicen en el marco del régimen de promoción de inversiones, deberá ser aplicado un excedente del 2,5% en iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria.
Sabido es que las inversiones en sectores como el energético, con plazos de maduración prolongados en el tiempo, requieren de un marco de previsibilidad en materia institucional, legal y fiscal. En este último punto, es importante enfatizar la relevancia de la aplicación de las técnicas de recuperación terciaria que buscan maximizar el factor de recuperación de los sitios de explotación, con el propósito de ampliar su vida útil. Argentina actualmente se encuentra carente de este tipo de proyectos, por ello la nueva legislación prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación, fuere provincial o nacional, reduzca las regalías por debajo del 12% en caso de que se genere una iniciativa de recuperación terciaria que resulte inviable para tales niveles de carga fiscal. La crítica de sectores opositores escuchada durante estos días, referidas a un supuesto perjuicio al financiamiento, es una falacia que oculta la falta de conocimiento que tienen sobre economía y tecnología actuales de los hidrocarburos. Omiten que los regímenes fiscales tienen que ser acordes a un esquema de incentivos basados en la abundancia o escasez de inversiones: los proyectos que no se realizan, no dejan ningún puesto de trabajo y generan cero regalías.
Una mención merece la inserción de YPF como emblema nacional y tractor del desarrollo energético. Para dar una medida de magnitud en el consolidado 2013 de la petrolera de bandera nacional que mantiene el 42% del total de producción del mercado, hay que pensar que actualmente factura más de U$S 16 mil millones. Sobre sus ventas, la ganancia fue del 7,11%, esto es U$S 1138 millones, la inversión ascendió a más de U$S 2371 millones, política que hizo posible obtener 240 mil barriles de producción, 43 mil millones de m³ por día de gas y refinar el 50% del producto del crudo extraído en nuestro país.
Semejante escala de producción posiciona a YPF entre las compañías de mayor atractivo a nivel mundial, valor que se traduce en la cotización de sus acciones que crecieron un 70% más que las de las principales petroleras del mundo. Ese recorrido bursátil se inició desde el piso que tocó después de la estatización y fue impulsad por el enorme potencial que tiene en materia de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, todo ese potencial queda trunco sin una suficiente aplicación de recursos. Un buen punto de comparación es lo que pasa en Eagle Ford, una de las principales reservas de no convencional de Norteamérica, explotada en mayor medida por la mexicana PEMEX. Produce 1,5 millones de barriles por día, contra los 31 mil que se extraen en todo Loma Campana. Ahora bien, en Vaca Muerta el proyecto lleva tan sólo un año y el total invertido es de apenas U$S 3100 millones, contra un megaemprendimiento como Eagle Ford que ya tiene casi ocho años de explotación y más de U$S 45 mil millones aplicados. Falta mucho camino por recorrer.
Para concluir, la nueva ley reafirma el rumbo definido por nuestro gobierno, que pasa por un desarrollo estratégico, sustentable y federal, una definición que es un mérito insoslayable de este proyecto político. Ya hace 20 años, siendo convencional constituyente, Cristina Fernández bregó por el reconocimiento provincial sobre el dominio de los recursos. Posteriormente en 2006, Néstor Kirchner impulsó la sanción de la “Ley Corta”, que traspasó a las provincias los permisos y las concesiones hidrocarburíferas. Después, y ya en 2012 con la estatización del 51% de YPF, se transfirió a las provincias el 25% de la participación accionaria, sin contraprestación alguna. A las claras, cuando la oposición saca a relucir un discurso de federalismo demagógico, debemos recordar lo hecho en esta década y lo que queda por hacer, jerarquizando esta nueva ley como condición necesaria para el largo plazo.
Por Sergio Chouza
Economista del GEENaP
Fuente: Tiempo Argentino, Suplemento Trabajo y Economía
