Los profesores Rubén Morales y Florencia Naudy fueron despedidos de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social (FCECS) de la Universidad del Salvador (USAL) en 2011 pocos días después de haber presentado su ficha de afiliación al gremio que los representa, SADOP. Los docentes llevaron adelante una lucha jurídica y gremial por la recuperación de sus puestos de trabajo, al considerar su desvinculación injusta, arbitraria y discriminatoria por violar sus derechos constitucionales y rechazaron la indemnización por despido mediante un Amparo que se presentó en el Juzgado 37 de la Justicia Laboral. Simultáneamente realizaron una denuncia ante el INADI. Dicho organismo, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de analizar el caso señala que “las medidas adoptadas por la empresa poseen una fuerte presunción de ilegitimidad, que no ha podido ser desvirtuada, especialmente cuando las conductas que se imputan como discriminatorias encontraron su motivación en la afiliación”, añade que “resulta por demás útil” recordar que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo “resolvió hacer lugar a la medida cautelar planteada por la Sra. Naudy y el Sr. Morales, intimando a la USAL a su reinstalación inmediata en sus puestos de trabajo”. En efecto, en febrero de 2012 los jueces de cámara doctores Graciela L. Craig y Juan Carlos Fernández Madrid, argumentaron que la USAL vulneró los derechos a trabajar, a la estabilidad en el cargo, a la propiedad, a enseñar y a la tutela sindical efectiva, estableciendo asimismo una clara vinculación entre los despidos y la afiliación al SADOP.
Ahora el documento del INADI considera en sus fundamentos que la casa de altos estudios habría tomado “la decisión intempestiva de despedir a los denunciantes” y menciona como “pilar fundamental sobre el cual se erige la presente denuncia” la “contemporaneidad existente entre la afiliación de los denunciantes al SADOP y su posterior despido sin causa”. El dictamen concluye que “existen indicios suficientes” para sostener que la USAL desvinculó de sus puestos de trabajo a los profesores Morales y Naudy por su “afiliación al SADOP, deviniendo los mismos en despidos discriminatorios, en los términos de la Ley 23.592 que penaliza dichos actos”.
Finalmente, el INADI “recomienda a la USAL que garantice” a los trabajadores docentes “el libre ejercicio de su libertad sindical en tanto derecho humano protegido” por diversas normas nacionales e internacionales. El texto de 23 páginas lleva las firmas de los funcionarios del INADI Gabriela Dragún (Asesora Legal), del Dr. Julián Díaz Bardelli (Director de Asistencia a la Víctima), fue notificado por José Matías Grimoldi (Asistente de Dirección de Asistencia y Asesoramiento) y rubricado por Pedro Mouratian, Interventor del INADI.
