Por Martín Granovsky- Publicado en Página 12

Enrolado en la CGT de Antonio Caló, el lunes pasado el secretario general del Sindicato de Docentes Particulares quedó satisfecho tras el acuerdo con el Gobierno. Junto con los otros tres sindicatos de la CGT más próxima al oficialismo (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Confederación de Educadores Argentinos y Unión Docentes Argentinos) logró que el Estado nacional y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina se comprometieran no sólo a un aumento del mínimo para un maestro de grado sino a crear una comisión que desde mayo discutirá un convenio marco.

–Si los docentes avanzan en los convenios, ¿los que trabajan en la enseñanza pública perderán sus estatutos?

–No, para nada. Si uno mira la protección laboral del trabajador en la Argentina, podría distinguir tres niveles. Uno, el de la ley. Es el nivel básico de protección, expresado en las normas estatales, como los estatutos del docente. Luego, un nivel medio de protección, el de los convenios. Parten del piso de la ley y mejoran el nivel de protección y los derechos porque precisan situaciones. Y por encima hay un nivel superior de protección, que es la vigilancia del convenio en cada lugar de trabajo. Es el nivel de cobertura más alto. Los tres planos son complementarios, no contradictorios.

–¿Nadie plantea derogar los estatutos?

–En absoluto. Es compatible la existencia de un estatuto profesional como el de los docentes con la negociación colectiva. Al mismo tiempo, uno advierte que algunas normas no avanzaron como la realidad y no dan cuenta de las nuevas situaciones generadas en el plano de lo cotidiano. Hay leyes referidas a la educación que tienen treinta años. Los convenios duran dos años. Cuando la realidad cambia, la negociación colectiva lo recoge.

–¿Cuál es el cambio más notorio?

–En la ley de educación nacional tenemos una profunda modificación en el nivel primario. Es el que marca como pauta llevar la jornada simple a la completa, que hoy existe en parte y en escuelas de gestiones privada. Involucra cambios en la organización del trabajo docente. Es un buen ejemplo: ese cambio tiene que ir de la mano de un acuerdo paritario.

–También está la secundaria obligatoria.

–Sí, claro. Supone que se incorporen al sistema jóvenes que antes estaban afuera. Estamos absolutamente de acuerdo con la política de inclusión. No hay discusión sobre cuántos chicos debe haber en la escuela. Tienen que estar todos. La discusión es cuántos tiene que atender cada docente.

–¿Cuántos atiende hoy?

–En el caso de las privadas, por ejemplo, se forman grados o divisiones de más de 50 alumnos. Son aulas demasiado numerosas. Se resiente la calidad de la educación porque un docente no puede atender a tantos, y se resiente la salud del docente por el empeño en mantener el clima de trabajo de tantos alumnos y el forzamiento de la voz. Lo subrayo: está muy bien incorporar alumnos. Quizás estén haciendo falta más docentes para desdoblar cursos.

–¿Cuál sería el máximo de alumnos por aula?

–Debería fijarse un número máximo de alumnos según el nivel. Estamos trabajando. Entre 30 y 36 podría ser una cifra límite. Por encima se vuelve insalubre para el docente y se resienten tanto la calidad del aprendizaje como las condiciones en que se desarrolla. Esto plantea, obviamente, un tema de inversión educativa. Por lo pronto, donde hay un docente debería haber dos. Si uno pone este tema en la negociación colectiva –cosa absolutamente natural– podremos discutir no solo los derechos y obligaciones de las partes sino que tendremos la posibilidad de sostener puestos, empleos y lugares de trabajo. La ley es una previsión muy general, con categorías universales a veces cercanas a las abstracciones. Las negociaciones, en cambio, tienen protagonistas: los educadores y los sindicatos que los representan. La realidad entonces se hace más acotada y se refleja de manera más fiel lo que llamamos condiciones y medio ambiente de trabajo.

–¿Qué es?

–Una metodología usada por la Organización Internacional del Trabajo. Habla de los elementos reales que inciden directa o indirectamente en la vida del trabajador en su lugar de empleo. Incluye lo salarial, pero lo trasciende. Tiene que ver con su estabilidad, su participación en las decisiones, la infraestructura y la ergonomía, la carga de trabajo y la discusión de la sobrecarga: cuántos alumnos, cuántas horas, cuántos padres está en condiciones de atender un docente. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo también tienen que ver con la formación profesional. No alcanza una titulación inicial. Hace falta capacitación permanente. ¿Es gratuita? ¿Lo tiene que hacer en el tiempo de trabajo? ¿O mientras está con su familia? Discutamos estos temas desde el punto de vista de la salud entendida como cierto equilibrio físico, psíquico y social.

–¿Qué cambió en la negociación cerrada el lunes 31 de marzo en comparación con otros años?

–Hay dos aspectos muy relevantes. Lo más importante en comparación con 2012 y 2013 es el esfuerzo de los sindicatos y el Gobierno para alcanzar un acuerdo y romper con el no acuerdo y el cierre unilateral. Le reconocemos al Gobierno el no haber acudido al instrumento del decreto, que no tiene la legitimidad de un acuerdo. Todos teníamos la sensación de que si se repetía el cierre unilateral de la paritaria docente, no sólo reproducíamos un conflicto. También dañábamos la categoría de valor simbólico de la paritaria, que tiene un significado de referencia para la actividad docente de todo el país. La paritaria estaba herida en los últimos años. Parecía herida de muerte. No. La revivimos. Hay un camino de diálogo que permite superar contradicciones y problemas. En estos días, donde pareciera que todo es fuerza, rescatamos el valor del diálogo y la palabra.

–El acuerdo firmado dice que en mayo los sindicatos docentes, el gobierno nacional y el Consejo Federal de Educación debatirán un convenio colectivo.

–Esto cambia la matriz de las relaciones laborales docentes en nuestro país. El estatuto es un nivel de protección mínimo que excluye la participación y a veces tiene grados marcados de generalidad e incluso de arbitrariedad. El convenio profundiza la democratización de las relaciones laborales docentes. Nos saca de la confrontación de puntos de vista encontrados entre sindicatos y gobierno y nos permite llegar al acuerdo. No es simple, porque hay mucha tensión, pero podemos llegar.

–Pero negociará sólo el Estado nacional.

–El convenio es convenio marco. Después habrá convenios que lo completen. Está el Estado nacional negociando, pero también están reconocidos el rol de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto supone que habrá convenios jurisdiccionales en los que se acordarán las condiciones de trabajo de la docencia estatal. También supone una negociación colectiva que adecue ese convenio marco a las escuelas y docentes privados. Desde el 2009 funciona una comisión en la que están los propietarios y el Sadop, y negociamos la adecuación a la realidad tanto fáctica como jurídica de la enseñanza y los docentes privados. Esto consolida la posibilidad de los docentes privados de tener su propio convenio. Es un avance más en una larga lucha por negociar colectivamente las condiciones de trabajo de nuestros representados. Pero no podemos avanzar si no avanzan los compañeros del orden estatal.

–¿Ya llegaron a una coincidencia?

–Pudimos hablar mucho con los compañeros de los sindicatos afiliados a la CGT conducida por el compañero Antonio Caló sobre la importancia del instrumento del convenio colectivo. Hace al modelo sindical que militamos. Por ese modelo queremos participar en las macrodecisiones. Seguramente los cuatro sindicatos generaremos un anteproyecto común. Con Ctera hablamos menos, pero sabemos que también allí los compañeros fueron cambiando. El lunes último firmaron el acuerdo. Y desde el 2007 estuvieron dispuestos a discutir en el marco de un convenio. La Ley de Financiamiento Educativo previó ese punto en su artículo 10. El decreto 457 de 2007 estableció las pautas de cómo llevar a cabo la negociación. Menciona explícitamente la retribución mínima de los docentes, cuestiones previsionales, condiciones de ingreso a la carrera docente, capacitación, calificaciones, régimen de vacantes, reincorporaciones, jornadas de trabajo, capacitación en servicio y actuación sindical. El decreto está en línea con el convenio 154 de la OIT que rige también para los trabajadores del sector público. Lo digo por los docentes estatales. Los cambios, por supuesto, no solo son formales sino culturales. Estas cosas llevan tiempo y generan dudas. Las puede tener un sindicato provincial docente si se aferra a una cultura exclusivamente estatutaria.

–¿Por qué reaparece la posibilidad de discutir el convenio siete años después del decreto?

–A veces la urgencia hace que uno se centre sólo en lo salarial. Así no se avanza en lo estructural. Perdimos algún tiempo en discusiones de coyuntura y faltó voluntad política para avanzar en una cuestión más comprensiva, más ambiciosa, de todas las condiciones de trabajo. En esto también tienen responsabilidad algunas jurisdicciones provinciales. Viven el conflicto como una patología y tratan de erradicarlo como si fuera un virus. No consideran la naturalidad del conflicto, que es el choque de dos lógicas. Entonces, en vez de atacar de raíz los conflictos negociando, buscan paliar las consecuencias. Todos los años queda como tema remanente el calendario escolar, o la discusión sobre los días de clase.

–¿Está mal?

–Es que el eje es otro: cómo mejoramos las deterioradas condiciones de vida de los docentes y con qué convenio. Mejores condiciones de trabajo generarán mejores niveles de calidad educativa. Y la conflictividad bajará. Cuando se habla de ausentismo uno no puede dejar de vincularlo con el deterioro de algunas escuelas. Suena duro decirlo, pero la gente no quiere ir de antemano a lugares donde abundarán los padecimientos y los problemas.

–En el acta, al final, no quedó el presentismo. El texto habla de inasistencia de docentes y alumnos y se promete discutir sus causas.

–La preocupación que de alguna manera expresó la Presidenta por la continuidad pedagógica es legítima. Representa la preocupación de muchos padres y muchas familias. Creo que lo mejor no era relacionar lo salarial con las inasistencias. Nosotros no estamos ni estuvimos de acuerdo con vincular el presentismo con el salario, pero no nos cerramos a discutir la continuidad pedagógica. Estudiemos qué pasa. Salgamos del simplismo. ¿Qué pasa en el aula? ¿Con qué elementos cuenta el docente y cómo llega el alumno? No es negativo discutir sobre días de clase. Pero no es condición suficiente. Un chico de clase media alta y un chico de una villa llegan de modo diferente a la escuela. La igualdad de oportunidades (una misma cantidad de días de clase) no es suficiente. Debe haber justicia de oportunidades. El Gobierno hizo mucho. Lo último es el plan Progresar. Que sigan esas políticas y discutamos la situación a fondo. Por qué faltan los docentes. Qué hace que alguien no vaya a la escuela. A veces los debates se quedan en la superficie. Podemos aportar alguna encuesta. En general este problema tiene que ver con el impacto en la salud de los docentes, agobiados y fatigados por el trabajo. Hay una expresión muy común: “Me tomo un respiro”. Indica que alguien está sobrecargado. Hay que estudiarlo y solucionarlo. Soy profesor de Derecho. El Derecho es la norma. Pero también están la realidad y los valores y las conductas que intentan cambiarla. En la década del ‘90 me costaba dar clases en el secundario. La división de poderes no estaba muy en la realidad, ¿no? Me acuerdo de un alumno. Decía que existía un solo poder, al que él le había puesto nombre: el “poder expoliativo”. Yo explico que atrás de cada derecho hay una historia de lucha. En general son luchas pacíficas y dignas, pero luchas al fin, y uno trata de que la fría norma no quede sólo como una proposición lógica, sin la explicación de la construcción social previa.

–¿De qué manera llegó a las aulas en la última semana la noticia de los linchamientos?

–Llega a la escuela porque es parte de la realidad y llega porque la escuela tiene una gran competidora que es la televisión. Los docentes y profesores nos comentan que hay inquietud y diálogo, sobre todo en el nivel secundario. La escuela tiene que prestarle atención a toda situación de violencia. En la escuela se privilegia la palabra, o al menos debe ser así. Los docentes debemos ser sembradores de la paz, la tolerancia y el respeto a la vida. No podemos asumir el rol de solucionadores de todos los problemas sociales. A veces uno tiene la sensación de que la sociedad, impotente para resolver la violencia, pretende que la escuela sea omnipotente. Tampoco creo que la escuela deba funcionar como un dispositivo de control de social para procesar problemas como la violencia. La escuela no debe ser un disciplinador social sino un liberador personal y social de las personas. Hay que hacer una crítica muy profunda y dura de los episodios tan instalados de supuesta justicia por mano propia, eufemismo por venganza. Hay que hablar de la venganza y del odio.

–Asesinato con odio y venganza.

–La venganza es un sentimiento muy viejo en la humanidad. Parte del sistema represivo penal surge de eso. Si detrás de la violencia y de la venganza hay un profundo miedo, todo será peor. El miedo es un gran motor de la sociedad, como decía Eduardo Galeano, advirtiendo sobre el peligro del temor. ¿Quién se beneficia con el miedo? El miedo y la protección frente al miedo son un negocio. El miedo y la debilidad en la que se nos pone explican en parte la violencia. ¿Quién generó el pánico? Por ejemplo, la industria de la seguridad privada. Nos venden los fantasmas y al hechicero capaz de ahuyentarlo.