El Estatuto del Docente Particular (Ley 13.047) necesita ser actualizado y adecuado a la Ley de Educación Nacional. De esa manera, se podrán contemplar nuestros derechos y obligaciones, además de garantizar las Paritarias del sector de forma sostenida. De no ser así, seguirán existiendo situaciones de desigualdad e injusticia en el conjunto de trabajadores del sector privado argentino.

Es que los dueños de colegios privados, nucleados en Cámara Patronales como CONSUDEC, COORDIEP y CAIEP, se niegan sistemáticamente, año tras año, a acordar un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, relegándonos a los docentes de condiciones laborales dignas, naturalizando nuestros malestares psíquicos y físicos, y rescindiendo la calidad educativa en favor de su mercantilización.

Los 240 mil docentes privados argentinos no podemos seguir siendo marginados de un derecho que poseen más de 2 millones de compañeros trabajadores, y que desde hace varios años se viene celebrando a través de las Paritarias, con las que junto a sus patrones establecen condiciones de trabajo, medio ambiente y salario.

Los Docentes Privados estamos siendo discriminados y afectados por no poder sentarnos a discutir nuestro Convenio Colectivo. Somos un conjunto de trabajadores constituido por un 80% de mujeres (192 mil maestras y profesoras de todos los niveles y especialidades), y donde la mayoría tiene la responsabilidad de ser sostén de familia o co-partícipes en la economía familiar.

Además, tanto las particularidades de nuestra labor como los contextos –muchas veces indignos– de nuestro ambiente de trabajo, nos hacen propensos a malestares que afectan nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los establecimientos educativos. Durante el último año, un 73% de los docentes padeció fatiga, cansancio y desánimo sin causa que lo justifique; un 65% tuvo dolores de cabeza; un 72% tuvo dolores musculares, de huesos y articulaciones; y casi un 60% padecieron nerviosismo o mal humor, y dificultades para conciliar o mantener el sueño.

En 67 años, el sector privado de la educación ha crecido y continúa creciendo. Necesitamos de un Estado que regule nuestra actividad, y que adecue a las normas vigentes tanto a los colegios como a nosotros, los docentes. Solo así habrá igualdad y justicia entre los trabajadores argentinos.