Por Mario Román Almirón

Secretario General- SADOP.

En los  últimos  días se  ha vuelto a debatir en nuestro país sobre las diversas formas de protesta callejera, su simbolismo y características.

Las grandes ciudades -nacidas luego de la Revolución Industrial- generaron las calles que hoy conocemos: un espacio de interacción entre lo  público y lo privado. Diversos grupos políticos, gremiales y sociales ejercen en la calle su derecho a la protesta. Desde algunas posiciones se rechaza de modo  absoluto esta metodología, reclamando la total prohibición de estas  expresiones o su represión.

Vale recordar que la calle ha sido objeto de control por parte de todos los militares golpistas en Latinoamérica. En particular, los “toques de queda”   y la apropiación del espacio público por parte de la última dictadura militar  que padeció Argentina.

La disidencia, la crítica, la resistencia a diversas formas de opresión ha sido expresada en las calles y no tenemos dudas sobre su rica historia en la  construcción de poder popular.

La “opinión pública” parece hoy contener una polarización imposible de  resolver: automovilistas versus peatones, manifestantes versus no/manifestantes; cacerolazo versus anti/cacerolazo.

Creemos importante -desde nuestra perspectiva- señalar que ningún  camino (atajo en realidad) que nos conduzca a la represión y al control autoritario supone una solución real al conflicto. Aclarado ello, va nuestra crítica a los últimos “cacerolazos” realizados en nuestro país. Para ser muy claros: el problema no es que se hagan cacerolazos. Estos tienen en nuestro  país una larga historia, a veces olvidada. Se hicieron en plena dictadura  militar, en 1982, en época de la hiperinflación en el Gobierno de Raúl Alfonsín, contra el Ejecutivo de Carlos Menem en 1990 y –quizás su mayor expresión- en contra del Gobierno de la Alianza y su estado de sitio, en 2001.

El tema es qué causas y en qué contexto se convoca a golpear ollas sartenes y latas, mientras la televisión transmite -y amplifica- el suceso. Gracias a la TV es imposible no enterarse de que hay gente indignada porque no puede comprar dólares o porque el Congreso no impone ya la pena de  muerte a los ladrones que -cual fantasmas que vuelven una y otra vez- alimentan el miedo y la necesidad de control.

Dicho de otro modo: qué derechos, libertades y valores están ausentes del reclamo actual y parecieran silenciados por estos manifestantes. Se nos  ocurren algunos que en la incompleta lista el lector podrá ampliar. No hay en su reclamo ninguna referencia a los que son discriminados por su situación de  extrema pobreza o “de calle”. No hay voces claras contra los abusos que las  empresas privadas de servicios públicos concretan contra el Pueblo. No las  hay contra la usura financiera. No hay quejas por los trabajadores aún sin  empleo o con relaciones laborales clandestinizadas. No hay voces por la niñez y la educación en anti/valores que concretan algunos medios masivos de  comunicación (como alguna TV, abierta las 24 horas, más horas que cualquier  escuela y en donde se dicta cátedra de egoísmo, cinismo y mezquindad).

Tampoco entre los “caceroleros” de hoy se escuchan voces que -paradójicamente- señalen la estigmatización que sufre la mujer en las calles y  que ha ejemplificado con gran lucidez Ricardo Melgar Bao[1] al referirse a: “…la  automovilista como conductora ineficiente….” o al: “…prejuicio controlista que  restringía la salida de las mujeres a los espacios privados bajo riesgo de ser  confundidas con “mujeres de la calle”. ¿Cuántos de los que hoy se manifiestan  y reclaman su derecho a estar en las calles han discriminado a mujeres que  las ocupan y han pedido que se los confine a un lugar lejano? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se “erradique” no a la pobreza sino a los pobres? Fuera del espacio público, fuera de la ciudad, algunos quieren no ver estas  realidades, como si no existieran independientemente de nuestras percepciones. Pura hipocresía. Alguien dijo que el interés es la medida de  todas las acciones pequeñas.

Por otro lado es tan entendible el reclamo por mayores niveles de  protección frente al delito como equivocado el remedio de la represión. Sin más y mejor educación para todos (la gran ausente en estas  manifestaciones)  y mejores condiciones de vida y de trabajo no hay soluciones posibles. Si queremos quedarnos como sociedad en la superficie, pensemos en  mecanismos represivos cada vez más “eficientes”. Si  buscamos la  raíz de los  problemas sociales, económicos y de seguridad, es urgente pensar en la cultura -entendida como matriz de vida dotada de sentido- y en la educación popular.

Educación popular, entendida como: “…un movimiento enfrentado a las prácticas educativas tradicionales para promover una sociedad más  democrática y más justa. La educación popular es aquella que acompaña a los  educandos a elaborar su identidad en el proceso de ir convirtiéndose en sujetos de un Proyecto histórico alternativo que garantice la participación y una vida digna a todos”; una concepción “educativa humanizadora”[2] cuyo  centro es la persona y no el mercado, el dinero, el prestigio o el poder”. Es en suma, una educación no sólo “por” el Pueblo, sino “con” y “para” el Pueblo,  asumiendo sus valores y su vocación de constructor de la  historia.