Por Dra. Mónica Figueroa, Prosecretaria Gremiales – SADOP

En esta oportunidad, voy a dejar de lado “el comentario a fallo” para asumir la reflexión acerca de los significados subyacentes a una lucha por la defensa de los derechos sindicales, en un ámbito en el que asumir compromisos de este tipo se considera, frecuentemente, una  conducta “políticamente incorrecta”.

            La decisión judicial coronó una lucha que emprendieron los docentes despedidos reclamando justicia. En la misma, encontraron el apoyo de los compañeros docentes de todo el país, encabezados por SADOP, a través de acciones gremiales, callejeras y en todo lugar propicio para denunciar la arbitrariedad cometida y reconocida, y fueron acompañados también por los propios alumnos, a riesgo de sufrir sanciones por participar en las protestas. Las manifestaciones públicas de apoyo provinieron de diversos sectores que supieron comprender la dimensión de la injusticia cometida por la Universidad.

            Resaltar la actitud comprometida de los docentes universitarios despedidos impone una reflexión acerca de su real significado. Esta vez, los compañeros sufrieron la imposición de la “disciplina” del establishment, que al no tolerar la desafiante decisión de los trabajadores docentes de contradecir el mandato de “sindicato no”, decidieron efectivizar su amenaza desvinculante, y, finalmente, tuvieron que enfrentar las “consecuencias”. Sin embargo, fueron los propios compañeros, convencidos de que su derecho a sindicalizarse era legítimo, los que movilizaron toda una conciencia de que esa “disciplina” poco tiene que ver con el ejercicio democrático de los derechos de los ciudadanos, en este caso, de los docentes trabajadores del sector universitario privado.

            Entendemos, al decir de Ernesto Laclau, que una demanda es democrática en cuanto: “…a) son formuladas al sistema por alguien que ha sido excluido del mismo

–es decir, que hay una dimensión igualitaria implícita en ellas–; b) su propia emergencia presupone cierto tipo de exclusión o privación…” (Ernesto Laclau, La razón populista, Fondo de Cultura Económica, 2010, pág. 158). Sobre la base de estos conceptos, encuadramos los reclamos “democráticos” de este grupo de docentes como el ejercicio legítimo de los derechos que han visto cercenados, y que no sólo se enmarcan en el derecho a la sindicalización, sino lisa y llanamente, en una prerrogativa más amplia, como es el derecho a elegir. Elegir la defensa de sus derechos. Elegir el reclamo por mejores condiciones de trabajo. Elegir la acción en lugar de la resignación.

            Por eso, destacamos esta actitud comprometida de los docentes como una defensa de los derechos que un sistema democrático debe preservar, y entonces, decimos que en el mantenimiento de ese sistema democrático están comprometidas todas las instituciones sociales, incluidas las instituciones educativas.

            La continuidad del ejercicio de tales derechos por parte de todos los ciudadanos de nuestro país ha posibilitado la concientización de las posibilidades que éstos nos acuerdan, la visibilidad de las situaciones injustas y de la injusticia intolerable que lleva implícita la conducta arbitraria de algunos actores sociales, en el caso que nos ocupa, la del empleador de la educación. Valoramos la lucha comprometida de todos los que apoyaron la acción reivindicativa en la calle, porque la participación de docentes y alumnos cobró significado en la medida en que movilizó arcaicas estructuras antidemocráticas de la casa de estudios, y comenzó a construir caminos de apertura a nuevas prácticas más inclusivas. El diálogo y la participación se erigen ahora y siempre en herramientas fundamentales para construir instituciones educativas más democráticas, y por ello debemos defenderlos a ultranza.

La participación del colectivo en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos gremiales y sindicales –entre otros– históricamente ha posibilitado incrementar la fuerza de los reclamos. El caso que analizamos es un ejemplo. Destacamos además que la participación de los actores educativos apoyando el reclamo de tres de sus miembros no se dio de manera aislada, sino en una unidad de acción que permitió darle mayor efectividad y vigencia al conflicto, sensibilizando a la opinión pública por una parte, y, por la otra, llamando la atención de la parte empleadora.

            Frente a la desigualdad a la que es sometido en el trato cierto grupo de personas en una sociedad, el Estado debe intervenir brindado la protección y la asistencia que compensen la injusticia y la arbitrariedad en que se incurre al desbalancear la atribución de derechos. Este rol del Estado también es propio de un sistema democrático, por lo que resulta natural que los ciudadanos afectados –en este caso los docentes– acudan a él cuando sus derechos se vulneran. Celebramos entonces que, habiendo recurrido al Estado, los docentes que implicaron su vida, sus valores y su lucha, hayan encontrado razón de justicia en la sentencia que ordena su reincorporación inmediata a los claustros universitarios. Celebramos que el Estado cumpla con su rol protectorio del más débil porque reivindica el sistema democrático.

El conflicto social del grupo como instancia superadora

En este caso, la actitud arbitraria de la empleadora fue disparadora de la movilización y el conflicto social del grupo, comprometiendo en la acción reivindicativa a un mayor número de compañeros consustanciados con la justicia del reclamo. Creemos que la dimensión de lo ocurrido, en la injusticia del despido, en la movilización del colectivo implicado, en la sensibilización de los hechos, en la solidaridad de los iguales, ya ha recogido por sí misma sus frutos más allá del fallo ejemplificador.

            Estamos frente a una gran oportunidad; empezamos a trazar un camino, el horizonte de una institución educativa democrática que respete los derechos de todos no estará tan lejano si sabemos, si queremos, sostener la lucha con la participación, el compromiso, la unidad y la solidaridad de todos los docentes privados.