Daniel E. Di Bártolo

Secretario de Educación

SADOP – CDN

La formación docente continua ha sido, desde un punto de vista histórico, el esfuerzo individual de maestros y profesores por mejorar su preparación, actualizarse ante los nuevos desafíos provenientes de un mundo en cambio y adquirir otros abordajes y estrategias para la tarea docente. Sin embargo, en su gran mayoría, se trató de iniciativas personales que, vaya paradoja, son financiadas por cada docente en particular. Hay pocos casos de iniciativas institucionales.

A partir de 2013 se produjo un giro sustancial en el proceso de formación docente continua mediante el Acuerdo Paritario del 29/10/2013 que dio nacimiento al Plan Nacional de Formación Permanente (PNFP)  “Nuestra Escuela”. 

Por primera vez, luego de décadas de reclamos gremiales, se reconoció a los docentes el derecho a la capacitación universal (es decir a todos y todas los trabajadores de la educación pública tanto estatal como privada), gratuita y en servicio (es decir, en el desempeño del puesto de trabajo).

El PNFP constituyó un hito en las políticas públicas de formación docente. A tal punto que ha sido conservado en su membresía por la actual gestión de Gobierno aunque con profundos cambios en su implementación.

La clave del PNFP fue el denominado “Componente 1” (ahora formación situada) que transformó las jornadas institucionales en un programa de formación continua centrado en los grupos de maestros y profesores con temática acordada en el ámbito paritario y la posibilidad de desarrollar cursos conexos (“Componente 2 – hoy formación especializada”) de carácter gratuito., dictados por los mismos capacitadores de las organizaciones sindicales, las universidades nacionales y los institutos superiores.

Las jornadas institucionales fueron una práctica del sistema educativo que tuvo altibajos por décadas de acuerdo a la impronta de las gestiones,  aunque nunca tomó el fondo y la forma del PNFP al reconocer explícitamente un tiempo de trabajo docente dedicado a la capacitación basado en el criterio que EL TRABAJO DOCENTE ES PRODUCTOR SE SABER PEDAGÓGICO.

La totalidad de los docentes argentinos tuvieron la oportunidad de acceder a este derecho conquistado por la lucha gremial y extendida al colectivo de trabajadores de la educación a través del acuerdo paritario.

En el contexto del PNFP, los sindicatos docentes junto con los representantes estatales – tanto del gobierno nacional como de las jurisdicciones – acordaron criterios en torno a la evaluación: la definieron como AUTO – EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA.

De este modo, la cuestión de la evaluación – hoy puesta en el centro de la política educativa – fue asumida por los equipos docentes, directivos y supervisores como una línea de trabajo colectivo destinada a lograr más y mejor educación para todos y todas.

La actual iniciativa gubernamental estaría desconociendo en forma unilateral lo acordado por la paritaria docente. Justamente, cuando los sindicatos reclamamos el cumplimiento de la Ley y la convocatoria a la PARITARIA FEDERAL DOCENTE estamos diciendo, entre otros temas, que se  retome el PNFP que, tanto es así, el mismo actual Gobierno reconoce como virtuoso. Pues bien, esto se logró en la Paritaria.

No solamente caería en una abierta ilegalidad. La propuesta de “premiar por capacitación docente” estaría también colocando al millón de docentes argentinos ante una suerte de competencia individual por cursos, seminarios y carreras que, desde ya, está en las antípodas de la construcción de saberes desde la misma práctica docente en el aula. Es una iniciativa de neto corte individualista y mercantilista, es decir, neoliberal.

En orden a mejorar la calidad integral de la educación (no solo los rendimientos puntuales en algunas pruebas de áreas específicas) la iniciativa de “premiar por capacitación” atenta  en forma directa contra las condiciones de trabajo de los docentes ya que los expone a una desenfrenada carrera por lograr algo para poder cobrar ese premio y, además, viola los sistemas de conformación salarial que, por tratarse de materias de índole laboral, deben ser discutidos en los ámbitos legales: la negociación colectiva del sector.

La práctica docente produce saberes y desde allí debería construirse una propuesta de capacitación. La escuela constituye la centralidad en el trabajo docente y su elaboración colectiva de experiencias e ideas. Estas iniciativas se desarrollaron en la realidad educativa.

Esta propuesta que sobre vuela el ambiente de premiar con dinero la capacitación – que además esconde la cuestión de anular las escalas por antigüedad docente – está en las antípodas de nuestros valores y principios.

Sin dudas, el proyecto de ley de crear un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, que ya tiene dictamen favorable en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es funcional a la idea del premio por capacitación docente y los publicitados resultados del Operativo Aprender.

Porque consideramos la capacitación docente como parte constitutiva de nuestra jornada laboral y a la práctica docente como productora de saber pedagógico, nos oponemos a la violación de la normativa vigente de crear un sistema de premio por capacitarse.